El Gobierno debe informar sobre la ejecución del préstamo de US$170 millones para salud

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PROES Profesionales por la Transformación de El Salvador

Durante estos meses de la pandemia, cuya gestión gubernamental ha sido muy  deficiente, los gastos en salud y en el sistema sanitario han sido muy grandes,  con indicios de corrupción, despilfarro, ineficacia y falta de transparencia. 

En este contexto, surge la preocupación de profesionales de la salud y otros  sectores sociales sobre el destino del préstamo de US$170 millones financiado  por el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual fue aprobado por la Asamblea  Legislativa el 7 de junio de 2018, para el “Programa Integrado de Salud II”. La  mayor parte de los recursos se invertirían en la construcción de un nuevo  Hospital Rosales. 

El objetivo del programa a financiar con el préstamo es mejorar los servicios de  salud a la ciudadanía, ampliar la cobertura de atención y descongestionar  hospitales. Se estimaba que las inversiones beneficiarían a 5 millones de  habitantes del país. 

Del total del préstamo, US$119.5 millones se destinarían a la red hospitalaria, de  los cuales US$80 millones irían para un nuevo Hospital Rosales y el resto para  construir un Hospital en Nejapa. El nuevo Rosales es un complejo de tres  edificios (torres hospitalarias) que estarán ubicados en el antiguo hospital de  Maternidad, el Laboratorio Max Bloch y el Área de Especialidades del actual hospital, destinados a hospitalización, emergencias y consulta externa  respectivamente. 

Otros US$35.8 millones se destinarían a la atención ambulatoria, mediante la  construcción y fortalecimiento de 50 establecimientos de salud (Unidades  Comunitarias de Salud Familiar (UCSF), Centros de Referencia de Atención  Especializada, creación de 33 nuevos Equipos Comunitarios de Salud Familiar  (ECOSF), mejora del sistema de manejo de aguas residuales y residuos  bioinfecciosos de 350 UCSF. Otros US$10.9 millones serían para mejorar la  gestión de la red pública de salud y US$3.8 millones para mejorar la gestión  administrativa en salud y la auditoría y contraloría.  

Este préstamo consideraba el fortalecimiento en equipo y recursos humanos del  Hospital Rosales y del Hospital de la Zona Norte, atención gineco – obstétrica en  8 maternidades de la red pública de salud, manejo de aguas residuales en el  Hospital Saldaña y del Hospital de Ciudad Barrios, la construcción y  equipamiento de casas de salud en todos los departamentos del país, creación de una clínica de atención de insuficiencia renal en la zona sur de Ahuachapán  y clínicas de pediatría en algunos departamentos, entre otros beneficios de salud. 

El fondo fue desembolsado en agosto de 2019. La entonces ministra de salud,  Ana del Carmen Orellana Bendek, propuso iniciar la ejecución antes de que se  cumplieran los 100 días de gestión del actual Gobierno, pues “la atención de  calidad de nuestros pacientes no puede esperar”. 

El 18 septiembre de 2019, el Ministerio de Salud afirmó que “comienza una nueva  historia en el tema de salud con infraestructura inclusiva, dignas del pueblo  salvadoreños”. Sin embargo, ese mismo día, el presidente Bukele dijo que “el  diseño anterior era de un hospital público típico por lo que pedí invertir más dinero  para el mejor Hospital de Centroamérica”. La reasignación solicitada por el  presidente fue de US$120 millones. Desde entonces, no se sabe prácticamente  nada sobre la ejecución del préstamo y el avance de las obras, que debieron iniciar el año pasado. 

Cuando un préstamo se aprueba, cualquier modificación en los rubros a financiar debe tener el visto bueno de la institución acreedora y tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Por eso, diputadas y profesionales de la medicina  del FMLN solicitaron en el Ministerio de Salud información sobre el préstamo, sin  que hasta la fecha hayan recibido respuesta. 

Ante los indicios de corrupción que ha mostrado el Gobierno, y especialmente  los presuntos casos de corrupción denunciados en el MINSAL, como PROES  nos preocupa que los US$170 millones del préstamo de salud se hayan utilizado  discrecionalmente para objetivos diferentes a los que están en el convenio. 

Demandamos de las autoridades competentes un informe detallado del uso del  préstamo, cuyos fondos deberían invertirse sin retrasos y en los rubros  aprobados en el convenio, pues son fondos de un préstamo pagadero en 25 años  con un período de gracia de 5.5 años en los que solo se pagarían intereses. Es  decir, que durante los próximos 25 años el pueblo pagará con sus impuestos este  préstamo, por lo que es urgente conocer su destino y avance efectivo. 

Exhortamos a las organizaciones de la sociedad civil a pronunciarse contra esta  vulneración del derecho humano a la salud y a demandar la inmediata  construcción de estas obras, el equipamiento de los establecimientos y el  fortalecimiento de los servicios de salud contemplados en este préstamo. 

San Salvador, 16 de septiembre de 2020

Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES)
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