Durante estos meses de la pandemia, cuya gestión gubernamental ha sido muy deficiente, los gastos en salud y en el sistema sanitario han sido muy grandes, con indicios de corrupción, despilfarro, ineficacia y falta de transparencia.
En este contexto, surge la preocupación de profesionales de la salud y otros sectores sociales sobre el destino del préstamo de US$170 millones financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 7 de junio de 2018, para el “Programa Integrado de Salud II”. La mayor parte de los recursos se invertirían en la construcción de un nuevo Hospital Rosales.
El objetivo del programa a financiar con el préstamo es mejorar los servicios de salud a la ciudadanía, ampliar la cobertura de atención y descongestionar hospitales. Se estimaba que las inversiones beneficiarían a 5 millones de habitantes del país.
Del total del préstamo, US$119.5 millones se destinarían a la red hospitalaria, de los cuales US$80 millones irían para un nuevo Hospital Rosales y el resto para construir un Hospital en Nejapa. El nuevo Rosales es un complejo de tres edificios (torres hospitalarias) que estarán ubicados en el antiguo hospital de Maternidad, el Laboratorio Max Bloch y el Área de Especialidades del actual hospital, destinados a hospitalización, emergencias y consulta externa respectivamente.
Otros US$35.8 millones se destinarían a la atención ambulatoria, mediante la construcción y fortalecimiento de 50 establecimientos de salud (Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF), Centros de Referencia de Atención Especializada, creación de 33 nuevos Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF), mejora del sistema de manejo de aguas residuales y residuos bioinfecciosos de 350 UCSF. Otros US$10.9 millones serían para mejorar la gestión de la red pública de salud y US$3.8 millones para mejorar la gestión administrativa en salud y la auditoría y contraloría.
Este préstamo consideraba el fortalecimiento en equipo y recursos humanos del Hospital Rosales y del Hospital de la Zona Norte, atención gineco – obstétrica en 8 maternidades de la red pública de salud, manejo de aguas residuales en el Hospital Saldaña y del Hospital de Ciudad Barrios, la construcción y equipamiento de casas de salud en todos los departamentos del país, creación de una clínica de atención de insuficiencia renal en la zona sur de Ahuachapán y clínicas de pediatría en algunos departamentos, entre otros beneficios de salud.
El fondo fue desembolsado en agosto de 2019. La entonces ministra de salud, Ana del Carmen Orellana Bendek, propuso iniciar la ejecución antes de que se cumplieran los 100 días de gestión del actual Gobierno, pues “la atención de calidad de nuestros pacientes no puede esperar”.
El 18 septiembre de 2019, el Ministerio de Salud afirmó que “comienza una nueva historia en el tema de salud con infraestructura inclusiva, dignas del pueblo salvadoreños”. Sin embargo, ese mismo día, el presidente Bukele dijo que “el diseño anterior era de un hospital público típico por lo que pedí invertir más dinero para el mejor Hospital de Centroamérica”. La reasignación solicitada por el presidente fue de US$120 millones. Desde entonces, no se sabe prácticamente nada sobre la ejecución del préstamo y el avance de las obras, que debieron iniciar el año pasado.
Cuando un préstamo se aprueba, cualquier modificación en los rubros a financiar debe tener el visto bueno de la institución acreedora y tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Por eso, diputadas y profesionales de la medicina del FMLN solicitaron en el Ministerio de Salud información sobre el préstamo, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta.
Ante los indicios de corrupción que ha mostrado el Gobierno, y especialmente los presuntos casos de corrupción denunciados en el MINSAL, como PROES nos preocupa que los US$170 millones del préstamo de salud se hayan utilizado discrecionalmente para objetivos diferentes a los que están en el convenio.
Demandamos de las autoridades competentes un informe detallado del uso del préstamo, cuyos fondos deberían invertirse sin retrasos y en los rubros aprobados en el convenio, pues son fondos de un préstamo pagadero en 25 años con un período de gracia de 5.5 años en los que solo se pagarían intereses. Es decir, que durante los próximos 25 años el pueblo pagará con sus impuestos este préstamo, por lo que es urgente conocer su destino y avance efectivo.
Exhortamos a las organizaciones de la sociedad civil a pronunciarse contra esta vulneración del derecho humano a la salud y a demandar la inmediata construcción de estas obras, el equipamiento de los establecimientos y el fortalecimiento de los servicios de salud contemplados en este préstamo.
San Salvador, 16 de septiembre de 2020
