Abogada y ex comisionada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, María Silvia Guillén, manifestó su inconformidad por el procedimiento empleado por el presidente Nayib Bukele, en cuanto al despido masivo de las secretarías de Inclusión Social y de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Gobernabilidad y Secretaría Técnica.
“Me siento muy preocupada porque se violentan normas establecidas en el sector público, son de decisiones arrebatadas, arbitrarias parecidas como las de hace años, cuando no habían leyes, procedimientos jurídicos para respetar el derechos de los trabajadores”, opinó.
Sobre las competencias del Presidente de la República, manifestó que si bien tiene el pleno derecho de modificar la estructura de funcionamiento del Estado, a conveniencia del cumplimiento de los objetivos de su gestión, pero respetando las leyes.
El mandatario tiene el derecho a evaluar al personal de las instituciones, para buscar su fortalecimiento, pero debe cumplir los procedimientos legales establecidos, para tomar la decisión de dar por terminada una relación laboral, por causas justificadas.
“Se están violentando derechos laborales, con un grave atropello a la dignidad de las personas, de concretarse estas medidas atropelladas, sin tener en cuenta procedimientos legales establecidos y garantías del debido proceso administrativo, se evidenciaría un mal comienzo en la gestión gubernamental, que diría muy mal de un gobierno que se anunció y se promocionó como respetuoso de los derechos de los trabajadores”, dijo.
María Silvia Guillén
Sobre esta situación, agregó que cada trabajador sabe que derecho le corresponde y con estas decisiones, de irrespeto a los derechos laborales, pero sobre todo, la dignidad de las personas, pues detrás de cada empleado despedido hay una familia que depende de su salario.
“Es un mal comienzo para este gobierno por las expectativas que la población tiene, debe recordar sus promesas de campaña; el llamado que hizo es que el presidente revise, rectifique y tome decisiones que no afecten a los trabajadores y su familia”, pidió.
Así también, hizo un llamado a la cordura en la toma de decisiones a los derechos laborales ganados en los últimos años, a la estabilidad laboral que garantiza la constitución, que se ha construido con seriedad.
“Un llamado a la solidaridad de la clase trabajadora con las casi cuatrocientas personas del sector público, que está en la incertidumbre de su estabilidad laboral. Y un llamado vehemente a la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y a las organizaciones de la sociedad civil, a activarse en defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores”, concluyó.
María Silvia Guillén
