El lawfare como arma imperial: el caso del avión venezolano
Por Atilio Boron
El tema anunciado en el título se complica cada vez más. La “justicia” argentina, a través del accionar del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y la fiscal Cecilia Incardona, está empecinada en retener el avión de EMTRASUR y a sus tripulantes en la Argentina aún al precio de violar los fundamentos del derecho moderno (por ejemplo, la presunción de inocencia) para dar cumplimiento a la orden de incautación emitida por las autoridades norteamericanas. Ante esta situación el gobierno nacional es muy poco lo que ahora –insisto en lo de ahora- puede hacer; si hubiera actuado con más celeridad ni bien el avión llegó a este país tal vez se podría haber evitado el montaje de esta infame operación. Pero no lo hizo, sea porque no supo, no quiso o no pudo. Pero más allá de ello a nadie se le puede escapar que esta maniobra debe inscribirse como un episodio más del bloqueo estadounidense a la República Bolivariana de Venezuela y del acoso que Washington y Tel Aviv ejercen desde hace décadas en contra de la República Islámica de Irán. Esta ofensiva cuenta con el entusiasta apoyo de poderosos aliados vernáculos ávidos por demostrar su absoluta lealtad a los dictados del imperio e impacientes por liquidar al gobierno del Frente de Todos lo antes posible, o al menos impedir que sea una opción competitiva en las elecciones presidenciales del próximo año. Sobresalen en ese enjambre las caóticas fuerzas de la derecha política, la canalla mediática, el poder judicial y, por supuesto, los grupos y organizaciones dizque de la sociedad civil que mantienen sólidos vínculos con diversas agencias y ONGs de Estados Unidos.
Este inestable conglomerado se unifica en la común vocación por convertir a Argentina en una colonia norteamericana. Además, hay suficientes razones para conjeturar que esta maquinación en torno al avión venezolano pueda también ser, al menos en parte, una represalia por el discurso del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles cuando, hablando como presidente pro témpore de la CELAC, le dijo a Joe Biden lo que ningún líder latinoamericano jamás le dijo a un presidente estadounidense en su propia casa. Y eso Washington no lo perdona, y hará todo lo posible para que el gobierno del Frente de Todos sea derrotado en el próximo turno electoral.
El incidente que estamos comentando es parte de esa estrategia. No es un dato menor que los actores iniciales de este entuerto fueron funcionarios de bajo rango administrativo: (a) una llamada telefónica de no se sabe quién desde Paraguay alertando sobre supuestas irregularidades en la matriculación del avión y los antecedentes de los tripulantes iraníes; (b) algunos funcionarios de módica jerarquía en Ezeiza –civiles tanto como policiales- que sospechosamente se extralimitaron en sus funciones y erigieron toda suerte de obstáculos para impedir el reabastecimiento y retorno del avión; (c) las autoridades aeroportuarias de Montevideo que impidieron que el avión, ya en pleno vuelo hacia esa ciudad, repostara en el aeropuerto de Carrasco poniendo en riesgo la seguridad de la aeronave y sus tripulantes, para no mencionar sino los más significativos. La posterior irrupción en escena del juzgado de Lomas de Zamora -con el juez Villena y la fiscal Incardona a la cabeza- convirtió lo que era un chismerío barato, mal intencionado y carente de sustancia jurídica en una monstruosa violación de todas las leyes nacionales e internacionales, lo que deja a nuestro país -y en especial al gobierno nacional- muy mal parados. No existía una orden de detención del avión de EMTRASUR ni de ninguno de los tripulantes. El avión estaba “limpio” y no era requerido por ninguna agencia internacional de control de la aeronavegación comercial. Había sido propiedad de Air France antes de ser legalmente vendido a una empresa iraní y lo que transportaba eran insumos para una fábrica de automóviles radicada en la Argentina. Pese a ello se lo retuvo y días después, en un acto de imperdonable sumisión a los mandatos estadounidenses, se permitió que fuese inspeccionado por el FBI, tarea que ya había sido realizada repetidamente por las autoridades nacionales sin arrojar ningún resultado sospechoso. Al mismo tiempo el juez ordenó que se retuvieran los pasaportes de los tripulantes a fin de que no pudieran abandonar nuestro país. Este atropello lleva ya más de dos meses y es una grave violación del principio de inocencia toda vez que no existe imputación de delito alguno, debidamente comprobado, que pudiera afectar a alguno de sus integrantes. Finalmente llegó el tiro de gracia: Estados Unidos ahora arguye que la venta del Boeing 747 que la empresa iraní Mahan Air le hizo al gobierno venezolano no estuvo debidamente registrada ante las autoridades norteamericanas, por lo que le solicita a la Argentina que proceda a incautar el avión. El imperio actúa con su habitual prepotencia y pretende imponer la extraterritorialidad de sus leyes y reglamentos. En realidad, es un pretexto para aplicar su política de sometimiento, huérfana de toda legitimidad. Si la “justicia” argentina (sí, entrecomillada) hace lugar a tamaño abuso se propinaría un golpe si no mortal al menos gravísimo a nuestro régimen democrático toda vez que ya no tendría sentido malgastar tiempo y dineros del estado en elegir diputados y senadores para que elaboren nuestras leyes puesto que bastaría con aplicar las que produce el Congreso de Estados Unidos o las resoluciones administrativas de la Casa Blanca. ¿Para qué votar, pues, si las leyes se hacen “allá” y se aplican acá? No sólo eso: al acatar la exigencia estadounidense nuestro país, y su gobierno, se convertirían en cómplices de otro robo en contra de Venezuela. Hay antecedentes de esto: Washington se apoderó de un manotón de la enorme empresa CITGO creada por PDVSA (tres refinerías y cinco mil estaciones de servicio en Estados Unidos); su sirviente británico hizo lo propio con el oro depositado en el Banco de Inglaterra (¡31 toneladas!) y ahora pretende re- editar su pillaje apropiándose del avión de EMTRASUR. Resumen: el imperio saquea y roba, eso está en su ADN, y nada ni nadie lo hará cambiar. Todo este embrollo deja muy mal parado al gobierno argentino, que preside pro témpore la CELAC, y a su titular, Alberto Fernández, que en reiteradas ocasiones condenó a los bloqueos y además invitó, en el marco institucional de la CELAC, a una reunión de jefes de estado de las Américas en Buenos Aires hacia fines de año, incluyendo a Biden. Si por causa del escandaloso proceder de su Poder Judicial la Argentina se somete a las órdenes de un tribunal estadounidense la credibilidad del presidente Fernández se vería menoscabada pues convalidaría en los hechos una práctica que denunciara en la Cumbre de las Américas, haciéndolo aparecer malgré lui como partícipe necesario de un robo al único medio de transporte internacional con que cuenta un país que ha sido muy generoso con la Argentina. El presidente pagará las consecuencias a pesar de que la “dictadura judicial” reinante en nuestro país le imposibilite revertir la vergonzosa conducta del juez y la fiscal involucrados en la causa. Pero hay algo más que le agrega un componente dramático a esta desgraciada situación: la International Diabetes Federation consignó en un informe del año 2018 que había en Venezuela 130.000 pacientes con Diabetes tipo 1, lo que los convierte en “insulino-dependientes”. Esto inclusive le fue comunicado al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sin que éste tomara medida alguna o emitiera algún tipo de comunicado al respecto. El avión de EMTRASUR tenía, entre varias otras misiones, llevar y traer distintos tipos de insumos necesarios para un país cruelmente bloqueado como Venezuela, entre ellos la Insulina (que no se produce en ese país), medicamentos varios para pacientes oncológicos, repuestos para la industria petrolera y muchas otras mercancías más. Además cumplía valiosas tareas humanitarias, como las que asumiera durante la devastadora tormenta tropical que azotara Surinam pocos meses atrás. Así las cosas al gobierno argentino le resta sólo una opción, porque aun cuando el proceso judicial concluya desestimando todas las falsas acusaciones que pesan sobre la aeronave y su tripulación el trámite procesal insumirá mucho tiempo. La única alternativa concreta para reparar, al menos en parte, el daño que se le está haciendo a Venezuela es que el gobierno argentino ceda en préstamo temporal un avión de carga -de nuestras fuerzas armadas o de cualquier agencia del estado nacional- para que pueda ser utilizado por el gobierno bolivariano mientras transcurra el juicio en sus diversas instancias. De ese modo se podrá garantizar el acceso a bienes esenciales, como es el caso de la Insulina y otros medicamentos oncológicos, requeridos para salvaguardar la vida de la población afectada por la diabetes y diversos tipos de cáncer. Préstamo que deberá concluir una vez que el avión venezolano de la empresa EMTRASUR sea devuelto a sus legítimos propietarios. De no hacerlo el gobierno argentino -y tal vez el propio presidente- podrían inclusive llegar a ser acusados en tribunales internacionales de no haber hecho lo necesario para impedir la muerte de muchos pacientes que no pudieron recibir los medicamentos que les hubieran salvado la vida porque el avión que los transportada quedó inmovilizado en este país. Se trataría de un usufructo acotado hasta que se resuelva el tema judicial con arreglo a la legislación argentina.
A nuestro parecer es la única alternativa que nos queda. Obvio que la derecha y los agentes del imperialismo criticarán con saña al gobierno en caso de que tome esa decisión. Pero, ¿más de lo que lo critican a diario con sus fakenews, blindajes mediáticos, “posverdades” y toda clase de operaciones políticas? Por otro lado habrá muchísima más gente en este país que vería un gesto de este tipo como una apropiada reafirmación de la soberanía nacional que se resiste a adoptar como propias las leyes de Estados Unidos; como un noble acto de ayuda humanitaria y solidaria y, por último, de coherencia con el proclamado rechazo a las políticas del bloqueo. Argentina no tiene por qué inmiscuirse –o ser forzada a entrometerse- en asuntos que no son de nuestra incumbencia, en este caso el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, y que tiene como resultado que esa guerra diplomática, política y comercial se traslade a nuestro país al igual que el conflicto entre EEUU/OTAN con Rusia se desenvuelve en territorio europeo. Washington siempre fue muy hábil en hacer que sus peleas y enfrentamientos se libren lejos de su casa, que no produzcan un estropicio “at home” sino lo más lejos posible, antes en Ucrania, ahora en la Argentina. Habrá que aprender esta lección. Y junto con el préstamo del avión argentino sería de estricta justicia que el juez dispusiera la inmediata liberación de la tripulación por falta de mérito. Deben ser puestos en libertad ya mismo porque no se ha comprobado que hayan cometido delito alguno. Otra monstruosidad jurídica de la “justicia” argentina, que necesita más que nunca ser sometida a una profunda reforma que la purgue definitivamente de tantos malandrines que se anidan en sus juzgados y tantas prácticas reñidas con el Estado de Derecho.
Atilio Alberto Borón : sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard (Cambridge, Massachusetts). Es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador adscripto al IEALC (Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe) de dicha facultad.
