La cifra de asesinatos de este fin de semana, supuestamente atribuidos a grupos criminales de pandilleros, representa un trágico record histórico para El Salvador. Si creemos las cifras de un gobierno que oculta, manipula y utiliza datos duros en prácticamente todos los órdenes de la vida institucional, desde casos de enfermos y muertos por COVID hasta secuestros, desapariciones, detenidos, con o sin causa, etc., comprobamos que los 62 muertos en 24 horas representan un desgraciado hito jamás antes alcanzado.
Son 62 familias en luto y dolor, pero también es una sociedad que con espanto empieza a resguardarse en sus casas, a abandonar las calles por precaución, por miedo. Esto lo hace una sociedad que, por cierto, es de las más experimentadas para lidiar con el terror, con el dolor y la frustración de la violencia criminal, que ha mantenido a El Salvador en lo alto de las encuestas de países más peligrosos del mundo.
El presidente, que resulta ser el único gobierno existente en el país, porque manda y decide sobre la Asamblea Legislativa, sobre la Fiscalía, sobre la Corte de Justicia, sobre los organismos “independientes o autónomos” como la procuraduría de DDHH o el tribunal electoral y, naturalmente, sobre la Fuerza Armada y la policía, ha decidido que la mejor reacción será suspender por 30 días (sin duda prorrogables, de acuerdo a experiencias previas de esta misma administración), derechos constitucionales al conjunto de la sociedad salvadoreña como método de combate a la delincuencia.
El presidente decide considerar que la sociedad en su conjunto es la parte criminal o sospechosa de esta historia y que lo mejor es tratarla como tal, restringir su capacidad y derechos de movilizarse, de expresarse, intervenir sus comunicaciones, detener a quien sea, por lo que sea y que pueda ser mantenido en custodia administrativa, sin acceso a apoyo legal durante el tiempo que dure el estado de excepción.
La pregunta resulta natural, ¿contribuirán estas medidas a obligar a los delincuentes a cesar sus matanzas? ¿Afecta en algo a las estructuras criminales, organizadas específicamente para contrarrestar medidas mucho más complejas diseñadas para combatirlas, como por ejemplo las operaciones anti narcóticos y anti secuestros internacionales? Parece claro que no. Pero, en cambio, parecen medidas adecuadas para que un gobierno autocrático y autoritario avance sobre las libertades civiles consagradas constitucionalmente y que fueron, no debe olvidarse, conquistadas por las luchas del pueblo a lo largo de generaciones.
La excepción de medidas tan extravagantes y extralimitadas parecen en realidad una regla para este gobierno que desde sus inicios se ha empeñado en recortar, limitar, condicionar las libertades de las y los salvadoreños, imponiendo el castigo del escarnio público (hoy utilizando las redes sociales, y los medios masivos de comunicación a su servicio) a la oposición, la persecución y la cárcel. Los antecedentes van desde el golpe militar-policial a la Asamblea Legislativa, cuando aún el mandatario no la controlaba, hasta la toma de la Corte, el relevo arbitrario de jueces, magistrados y fiscales, o el llamado público al maltrato de delincuentes en violación de estándares internacionales de DDHH. Por supuesto, cualquiera que alza su voz en defensa del derecho se sabe expuesto a ser considerado un delincuente más.
La medida no resulta, pues, una novedad. Pero, si sabemos que no es esperable ver resultados apreciables a partir de las mismas, en el tema específico de la reducción de homicidios, ¿cuál puede ser el sentido y por qué recurrir a las medidas más extremas?
A pesar del dolor que causa la pérdida de tantas vidas, del dolor de las familias y de la sociedad en su conjunto, del asombro del mundo que, por un momento, dejará de mirar a Ucrania para preguntarse qué está pasando en El Salvador, debemos concluir que se trata de una nueva maniobra de distracción.
Para nadie en El Salvador es un secreto que el gobierno ha negociado con los criminales, que a cambio de fondos del Estado, ellos “contribuyen” a mejorar la imagen del gobierno reduciendo homicidios; de allí el aumento de desapariciones pero la baja de asesinatos durante un largo periodo. Pero cuando los acuerdos financieros del gobierno con los criminales no se cumplen, consecuencias como las que vemos en estos días son la trágica resultante.
Por otra parte, la incapacidad oficial ha quedado de manifiesto; su plan de control territorial se mostró desde un inicio como un fracaso y una excusa para desviar fondos públicos, pero hoy la evidencia resulta abrumadora e incontestable. Esto es solo uno de un cúmulo creciente de problemas, cada vez más incontrolables para un gobierno sin planes, que solo sabe reaccionar a base de propaganda y que, si no encuentra culpables a quienes responsabilizar de cualquier crisis, cae en la histeria y la desesperación, en la amenaza y la violencia.
Hoy no puede culpar a la guerra en Ucrania de los crímenes en El Salvador, tampoco a la oposición, o a los 30 años de gobiernos que le antecedieron (aunque lo intenta a cada instante, y anoche los repugnantes discursos de los miserables diputados oficialistas para justificar las medidas que el presidente les había ordenado aprobar, resultaron un magnífico ejemplo de lo que decimos). Pero necesita dar la sensación de un gobierno activo, en acción, “duro”, por eso no duda en emitir twits anticipando las medidas, y amenazando a “sus” jueces, advirtiéndoles que estarán vigilándolos para que no vayan a dictar sentencias contrarias a las que el “super-monarca-presidente” espera.
Lo hace porque desde su gobierno lleva demasiados meses siendo incapaz de enfrentar satisfactoriamente el cúmulo de problemas que se supone debe resolver. Siguen tratando de tapar los seis agujeros del bote con cinco dedos. El agua sigue inundando la embarcación y, si se hunde, esperan no solo salvarse ellos sino culpar a los ahogados de su suerte.
Esos “agujeros que no logran tapar” se llaman endeudamiento incontrolable, costo de la vida, canasta básica, combustibles e inflación imparables. Pero a esto se suman otros problemas sociales y políticos, como las amenazas de eliminar la sacrosanta autonomía universitaria de la UES, a través de una nueva ley, cocinada en las madrigueras celestes, posiblemente como resultado de un error de cálculo. Esta nueva burguesía oligárquica se creyó más fuerte de lo que en realidad es; sigue subestimando a una (aún debilitada oposición popular) y creyó que se podía arrasar con aquello que ni siquiera la fuerza armada en pie de guerra y un gobierno de dictadura militar y escuadronero pudo conseguir. La pusilánime y cobarde actitud de algunas autoridades universitarias, empezando por su rector, pudo haber llevado a estos sátrapas celestes a creer que “la cosa estaba hecha”.
El error puede ser tan grande que puede convertirse en detonante para importantes movilizaciones por temas que van mucho más allá que la propia defensa de la autonomía de la U. Pensamos en la defensa de las pensiones, en peligro inminente ante un gobierno quebrado, inescrupuloso y ávido de fondos (y si son recursos de las y los trabajadores, mejor). La experiencia de la confiscación del FODES puede haberlos llevado a creer que son invencibles e inimputables ante los ojos del pueblo. Esta es otra grave e incorrecta lectura de la realidad, posiblemente por algo que resulta evidente: se trata de un gobierno colectivamente ignorante, y de ignorantes, que desconocen los mínimos aspectos de la historia de lucha y resistencia del pueblo salvadoreño.
Si a lo anterior le sumamos la falta absoluta de inversiones, que con medidas como las de excepción sin duda no atraerá, por más que se empeñe el clan de gobierno en traer millonarios, lavadores y tahúres, a costa del erario público, a pasear por el país a todo lujo con la única tarea de ponderar el fiasco del Bitcoin, y hacer creer a los incautos que estos oscuros visitantes son, en realidad, futuros inversionistas.
Lo cierto es que el país se va a la ruina, y ya las apuestas entre los economistas se centran en si será este o el próximo año, el de la quiebra del sistema. El punto será que, si quiebra, las más afectadas seguirán siendo las mayorías empobrecidas y miserables, hambreadas y engañadas una y mil veces.
Para el clan de gobierno, el peligro de lo anterior es aquello que se espera y se empieza a vislumbrar: la movilización popular que, si se une a una fuerte resistencia estudiantil en defensa de lo que las autoridades universitarias parecen incapaces de defender, entonces la unidad del pueblo pobre y movilizado, sumado a la juventud en las calles, da como resultado una explosiva mezcla que la oligarquía busca a toda costa evitar.
No es casual que los 30 días de excepción aprobados el domingo 27 se cumplan a las puertas del 1 de mayo; no es pues, descartable que el régimen recurra a la ampliación del plazo para evitar las movilizaciones y protestas. Si lo hace habrá quedado en evidencia la razón última de las medidas de excepción.
Las tareas del momento
Resistir la desmovilización forzada, denunciar las medidas que no van contra los delincuentes sino contra el pueblo, llamar a la comunidad internacional a estar atenta, pero sobre todo impulsar la movilización popular en defensa de los derechos, en defensa de las condiciones materiales de vida del pueblo, que siguen deteriorándose, impulsar la movilización de resistencia y defensa de la U, unir esas luchas con la defensa de las pensiones, los derechos de mujeres y jóvenes a un futuro mejor, y las reivindicaciones de veteranos del conflicto; es decir, sumar todas y cada una de las reivindicaciones postergadas del pueblo, transformarlas en lucha y organización, eso es trabajo de las y los revolucionarios, de su partido y de su dirigencia.
Se acerca la hora del pueblo, y esa hora ha de encontrarnos en las calles, caminando y luchando junto a la gente. Cualquier otra actividad, aunque se tiña con los más atractivos colores y consignas electoreras, sería hoy un camino en el sentido contrario a las necesidades del pueblo y solo contribuiría a los planes de sus enemigos en el gobierno, porque ellos si, apuestan todo al fraude y la reelección en 2024, y por eso mandan diputados a USA cada semana a asegurar incautos en el exterior, que reemplacen con sus votos, los que sin duda han perdido en el país a fuerza de desgobierno. Movilizar, organizar, acompañar al pueblo en sus luchas cotidianas y en las calles, parecen ser las consignas naturales de la izquierda revolucionaria en el momento actual en El Salvador.
