La realidad política y social de El Salvador se complejiza a medida que las condiciones materiales de vida del pueblo se precarizan aceleradamente; la organización popular adquiere una nueva dinámica, mientras la lucha de calles, superando traiciones y divisiones, se va imponiendo.
Mientras resonaban aún los efectos de la Marcha Blanca del 19 de octubre en San Salvador, expresados en despidos, protestas, denuncias, amenazas a los trabajadores, ocultamiento de información acerca de negociaciones entre el Ejecutivo y una dirigencia sindical corrupta, plegada por miedo o por conveniencia a las políticas oficiales, la dictadura buscó un recurso de distracción que aliviara la presión que se acumula en su contra.
El gobierno de facto recurrió a la seguridad como propaganda, porque hasta poco eso le resultaba de máximo impacto para desviar atención y apaciguar ánimos. Un cerco militar -tan cinematográfico como inútil- con dos mil soldados y más de 500 policías, tanquetas y armas de grueso calibre, se impuso en torno a la Comunidad 10 de octubre, en el municipio de San Marcos, al sur de la capital.
Pero las cosas no son como antes. El dispositivo policial-militar capturó un futbolista local y a su hermano; de inmediato la colonia reclamó su libertad, en tanto se trata de jóvenes vecinos que han vivido allí toda su vida y son conocidos por sus actividades, alejadas de cualquier ilegalidad. Una vez más, las comunidades pobres resultan estigmatizadas mientras se criminaliza la protesta social, pero ya el autoritarismo y la arbitrariedad encuentran respuesta.
Continúan los despidos de empleados públicos y dirigentes sindicales como represalia . El gobierno busca cumplir dos objetivos: eliminar el movimiento de protesta en su cuna, expulsando a cada dirigente, líder o lideresa que pueda identificar, mientras prepara las condiciones para cumplir con el mandato del FMI, de eliminar en el corto plazo unas 11mil plazas del servicio público.
Lo cierto es que, ante los nubarrones en el horizonte de un pueblo amenazado con más hambre, más despidos, más migración forzada y más represión, la lucha se perfila como el único camino posible.
Por eso la protesta continuará. Se adelantan convocatorias para el 23 de noviembre, y hubo expresiones el Día del Sindicalista, con marchas y homenajes a las víctimas de aquel atentado salvaje del 31 de octubre de 1989 contra el local de FENASTRAS. Aquellos hechos culminaron en la ofensiva militar del FMLN, iniciada el 11 de noviembre de ese año, que abre el camino a los Acuerdos de Paz de enero de 1992.
Todas esas fechas, que en estos días se conmemoran, y que el gobierno usurpador pretende ignorar con falsas narrativas y discursos populistas, son advertencia histórica de la capacidad de un pueblo a resistir y a rebelarse cuando las condiciones de injusticia institucionalizada resultan insoportables.
Negar la historia no la vuelve inexistente, ni las dificultades de una realidad social compleja, que puede arrastrar a muchos a la inmovilidad causada por el racional “pesimismo de la inteligencia”, debe llevar a nadie a subestimar la capacidad de lucha del pueblo, ni su decidida habilidad para interpretar adecuadamente esos desafíos y superarlos, abrazado siempre al “optimismo de la voluntad”.
Un censo que siembra dudas
Mientras el régimen ofrece un espectáculo mediático en San Marcos, monta otro show para presentar un censo de población que, afirma, ha sido posible gracias a su política de seguridad. Olvidan en su discurso el secretismo que rodea a la administración, la falta de transparencia acerca de las respuestas, el método y los datos que, por ahora, solo ofrecen de manera parcial y a cuentagotas.
Analistas serios, así como profesionales y académicos acostumbrados al análisis de datos, no han dejado de subrayar estos elementos, que empañan lo que pretendía ser un gran show de auto-elogios a la gestión: la puesta en escena del censo de población y vivienda de El Salvador 2024[1], presentado por el Banco Central de Reserva (BCR), organismo que asumió esas tareas una vez que la DIGESTYC, la antigua Dirección General de Estadísticas y Censos, fuera desmantelada por la administración Bukele, hace ya varios años.
La cantidad de habitantes en el territorio es de 6,029,976 personas; 308,905 menos que las proyecciones poblacionales de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2023, que estimó una población de más de 6.3 millones en el territorio. En relación a los datos del censo de 2007 (último estudio similar realizado previamente), la población creció solo un 5% (285,863 personas).
Resulta evidente que hace falta conocer la metodología del censo y más datos con los que se pueda comparar los cambios sociales y económicos del país en los últimos años. Es en ese sentido que desde la academia señalan que no hay suficientes estadísticas oficiales públicas para poder cruzarlas con el censo.
No se sabe, por ejemplo, si se consideró el fenómeno de la migración, en especial su importancia en algunos departamentos del interior del país, que ha incidido en la modificación de la estructura poblacional en el área rural.
Los datos revelan una reducción importante de nacimientos, pero no se da conocer la metodología para estimaciones de reducción, ni cómo se determinaron los lineamientos para la recolección de datos. A esto se suma el hecho que instituciones estatales, como el ministerio de Salud, no divulgan estadísticas de fallecimientos en hospitales, muertes violentas o por otras causas.
Hasta el momento no se cuenta con cifras poblaciones desagregadas por los nuevos municipios y distritos; tampoco por área urbana y rural. Toda esta ausencia informativa abre espacio a varias dudas.
Las cifras podrían revelar, por ejemplo, que la reducción poblacional refleja que murieron muchas más personas durante la pandemia del covid-19; si ese es el caso, saldría a la luz la existencia de un subregistro, tal como sospechaban muchos críticos de la política oficial durante la pandemia.
Otra razón posible para esa reducción puede encontrarse en que la inseguridad en el país haya cobrado la vida de muchos más salvadoreños de lo que el gobierno ha reconocido.
En cuanto a las variables económicas, se teme que pueda ocurrir algo similar a lo sucedido en el censo de 2007, cuando se manipuló la cantidad de población a la baja para favorecer la medición del país en indicadores económicos y de Producto Interno Bruto.
Esto último lo expresaba Laura Andrade, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), «[…] una de nuestras preocupaciones está vinculada a ese antecedente con el gobierno de (Antonio) Saca, en el que claramente hubo una manipulación de información para tener una clasificación especial en cuanto a las distintas agencias financieras que se estaban buscando».
Hay indicadores pendientes en materia de educación, tasa de ocupación real de la población y mayores detalles de la composición de los hogares. Algunos datos divulgados por el BCR, destacan que en materia de población, el 52.8% (3,181,443) son mujeres y 47.2% (2,848,533) son hombres. La mayor concentración de población se encuentra en el grupo de 25 a 29 años de edad.
Hay 2,272,959 viviendas en el país, de un total de 3.7 millones de estructuras. El tipo de vivienda más común es la casa independiente. Hay 1,920,668 hogares, casi 500,000 más que en 2007, clasificados en hogares extensos, monoparentales, nucleares, parejas y unipersonales. El 45% de los hogares son liderados por mujeres.
En cuanto al estado familiar, el 33.5% de la población es soltera, el 28.7% es casada, el 22.2% acompañada, el 8.3% separada, el 5.7% viuda y el 1.5% divorciada. En relación a los bienes y servicios que tienen los hogares, 1,766,105 dispone de teléfonos celulares, 1,506,107 tiene televisor, 786,216 tiene Internet, 745,398 tiene computadora, 530,147 tiene automóvil y 330,929 motocicleta.
Para cualquier gobierno que tenga como objetivo mejorar las condiciones materiales de vida del pueblo, su educación, su acceso a servicios de salud, a garantizar una vida saludable, trabajo y retiros dignos, espacio para la cultura, el esparcimiento y el crecimiento espiritual de la sociedad, los datos de un censo nacional de población constituyen un importante insumo para la planificación y proyección de políticas públicas.
Este no es el caso en El Salvador. Ya hemos subrayado que el objetivo del clan en el poder es consolidar su capacidad de concentración de capital y riquezas en manos de la élite gobernante. El pueblo no cuenta en esa ecuación, y el presupuesto 2025 constituye el más gráfico ejemplo de sus intenciones.
Basta acceder a las páginas estadísticas del BCR para comprender el rumbo de la economía del país. Las exportaciones a septiembre de 2024 totalizan 4,860.2 millones de US$, con una tasa negativa acumulada de -3.8%. También en importaciones la tasa acumulada es negativa -0.3%, a septiembre era de 11,713 millones de US$; la tasa de crecimiento acumulado de remesas es de 1.3%, con 6,134.6 millones de US$, elemento que sigue sosteniendo el consumo.
Mientras tanto, el gobierno sigue extrayendo dinero del fondo de pensiones, superando ya los 10mil millones. En el mes de septiembre tomó $86,88 millones del fondo de pensiones que administran las AFP, con lo que lleva en este año US$824 millones. El crecimiento económico sigue estando entre los más bajos de Continente y el más bajo de la región (PIB trimestral, T2 2024: 125.64; Tasa de crecimiento anual 1.4%).
El panorama general del país se encamina a una agudización de la crisis, tanto en lo económico como en lo social. La corrupción oficial empieza a ser cada vez mas difícil de ocultar, y periodistas y sus familiares son amenazados por su labor de investigación y denuncia; lo mismo sucede con las familias de dirigentes y activistas sociales.
Ante la imposibilidad material del grupo burgués en el poder de obtener créditos en el exterior a tasas razonables debe seguir cediendo a las presiones y exigencias del FMI.
Todo esto configura un cuadro de severas amenazas para la clase trabajadora que, con inteligencia, ya prepara sus planes de lucha y los empieza a ensayar en las calles del país. Los plazos se acortan; la lucha de clases se agudiza.