San Salvador/Prensa Latina
La investigación sobre el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador se encuentra detenida hace un año, según denunció hoy uno de los abogados querellantes.
El letrado Alejandro Díaz, miembro de Tutela Legal «Dra. María Julia Hernández», dijo que existe falta de diligencias judiciales en el caso penal donde se investiga a los responsables del crimen ocurrido hoy hace 44 años y que los presuntos autores viven en la impunidad.
El caso fue abierto en marzo del 2017, y actualmente está en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador contra el capitán Álvaro Saravia, acusado de ser el autor del asesinato pero las últimas gestiones se remontan a 2023 y no se ve avance, según el jurista.
No hay avances sustanciales por parte del tribunal ni de la Fiscalía para poder llegar a hacer justicia y reparar como dice una resolución de la Comisión Interamericana sobre el caso, sostuvo el querellante.
Apuntó que el expediente permanece intacto, sin movimientos judiciales, ni por oficio del juzgado, ni por la Fiscalía General de la República.
“Monseñor Romero, subrayó, ya es un santo a nivel universal y su caso, lamentablemente, mancha a nuestro país con una impunidad total”.
Según los hechos, un disparo al corazón acabó con la vida del arzobispo de San Salvador, monseñor Romero y Galdámez, un 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa alrededor de las 18:30, en la capilla del hospital la Divina Providencia.
El domingo anterior a su asesinato el prelado hizo un dramático llamado “a los hombres del Ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, para que cesar la violencia».
“En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión!”, subrayó.
La conmemoración del magnicidio coincidió con un llamado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Estado salvadoreño para la elaboración de un ley de justicia transicional, en el marco del «Día internacional de derechos a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas».
La apelación de la ONU hizo énfasis en que los procesos judiciales en curso garanticen una justicia pronta y efectiva, entre estos el de Romero, el de los cuatro periodistas neerlandeses y el caso de la masacre de El Mozote.
