El Salvador nuevamente está en la opinión pública internacional, principalmente en la farándula alrededor de los espectáculos de belleza por encontrarse en vísperas de celebrar el mayor show a escala mundial de esta índole. Y precisamente no porque El Salvador sea el anfitrión de este evento, sino por la inversión de 100 millones de dólares que ha hecho el gobierno de este pequeño y empobrecido país para producirlo.
Hace unos meses, las autoridades de la Universidad de El Salvador reconocieron públicamente que el gobierno les adeuda más de 42 millones de dólares del presupuesto asignado a la única universidad pública del país, que también reclama la devolución de sus instalaciones luego de finalizados los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe hace ya 6 meses, motivo por el cual la UES no puede ofrecer la cobertura total a sus estudiantes matriculados.
A principios de septiembre pasado, el Ministerio de Salud informaba de la muerte de 213 personas por desnutrición severa y moderada en lo que va del gobierno actual, entiéndase murieron de hambre. La inflación alcanzó en 2022 un histórico 7.3% y en 2021, fue de 6.1%; sin embargo, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas en esos mismos años habían alcanzado un 12.2% y 8.0%, respectivamente.
El alto costo de la vida sigue siendo uno de los principales problemas de la familia salvadoreña, que día a día se esfuerza por llevar el pan a la mesa. En los últimos dos años, el pueblo salvadoreño ha sido víctima del aumento de la canasta básica, tanto en la zona urbana como rural. El aumento en cada una de estas ha sido de $47 y $42 en lo que va de 2021 a 2023, la Universidad Francisco Gavidia estimó en agosto de este año el costo de la canasta básica urbana en $250.77 y la del área rural, $188.89.
Y esto no se debe a la falsa afirmación que el encarecimiento de los alimentos en el país se debe única y exclusivamente por el conflicto bélico en Ucrania, sino por el abandono de la producción agropecuaria, los productores y el campesinado, quienes sufren la ausencia de políticas públicas destinadas a la estimulación de la producción de frijol, maíz, arroz y otros productos, que hoy toca comprarlos a los vecinos países por el desabastecido mercado nacional.
Sirva un botón como ejemplo: como efecto de los cierres de carreteras durante las manifestaciones en Guatemala, en El Salvador padecimos el desabastecimiento de alimentos procedentes del vecino país, a tal grado que algunas verduras y frutas se encarecieron desenfrenadamente, como las papas, que alcanzaron el precio de $1.70 por 2 libras. Tal es la endeble situación agrícola nacional.
Desde hace meses los empleados del sistema público de salud vienen denunciando silenciosamente, por miedo a las represalias del gobierno, que el cuadro básico de medicamentos ha sido recortado a niveles alarmantes. Los empleados de las farmacias de hospitales y unidades de salud, tanto del MINSAL como del ISSS, tienen prohibido decirles la verdad a los pacientes: no hay medicina, so pena de ser despedidos o sancionados impunemente. La situación de salud es tan grave que son los mismos empleados quienes deben de verse en aprietos para abastecer de combustible o mantenimiento a las ambulancias a través de rifas o de su bolsillo propio.
A este breve recuento de la realidad nacional súmese la precaria situación laboral y sindical. Según cifras estimadas por economistas, 1 de cada 4 salvadoreños está en condiciones laborales de formalidad, es decir, tienen empleo con alguna estabilidad laboral. En otras palabras, el 75% de la población laboralmente activa se encuentra en el desempleo, subempleo o por cuenta propia; estos últimos como vendedores informales, recientemente desalojados del centro de San Salvador sin recibir una solución efectiva a su vulnerable condición laboral y económica. En cuanto al desempleo, en este gobierno se contabilizan ya más de 20 mil empleados despedidos en 45 instancias del gobierno y alcaldías municipales. 20 mil familias que se quedaron posiblemente sin la principal fuente de ingresos.
Y la tendencia no parece cambiar, principalmente porque se agudiza más ante la amenaza de despido que denuncian los trabajadores municipales con la reorganización territorial aprobada por la Asamblea Legislativa a iniciativa del gobierno para reducir el número de municipios a 44.
A partir de esta crítica realidad de los sectores más empobrecidos del país es absurdo que el gobierno invierta tanto dinero (que no tiene) para un espectáculo que se desarrolla en el país, pero declarado en bancarrota. Es absurdo para quienes sufrimos, analizamos y denunciamos esta grave realidad de nuestro pueblo, pero para quien gobierna con el espectáculo en la mano cualquier justificación engañosa es válida.
Mientras el pueblo sufre todas estas calamidades, el gobierno únicamente le ofrece show y fantasías de un país cool que no existe, como si fuera 1975, cuando pretendían presentarnos como el país de la sonrisa y tras de cámaras masacraba al pueblo que exigía fin al autoritarismo y la represión. Nuevamente se repite la historia, pero esta vez como farsa.
Sin embargo, poco a poco la manipulación cede a la verdad y nuestro pueblo va tomando conciencia, y silenciosamente irá corrigiendo el rumbo del país. Por el momento, al final de esta semana asistimos no a la reelección inconstitucional del presidente, sino a su coronación, como gobernante del espectáculo.
