Cincuenta años del golpe de Estado y la política del “Nunca Más” como discursonegacionista de las esferas académicas y comunicacionales de la democracia chilena parida en dictadura

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Por María Soledad Núñez Contreras y José Luis Riquelme Salazar *

A escasos días de que se cumpla medio siglo, desde que la historia de estos territorios designados  como Chile por las elites, diera curso a uno de los acontecimientos más desastrosos del pasado  reciente y a la serie de sucesos nefastos para la clase trabajadora, que le han sucedido sin  detenciones hasta el presente, tanto el espectro político institucional en su conjunto, como la  academia mercantilizada han evacuado profusamente un discurso segado, a través de sus medios  de comunicación serviles, que intencionadamente encubre a la clase dominante de este país,  disimulando su lugar de causante, ejecutora y culpable en el hecho, y el proceso de abuso y  expropiación del que hemos sido objeto como pueblo en estos últimos cincuenta años.  

En estas últimas semanas, hemos sido objeto de un bombardeo mediático cuyo principal relato es el mismo de los últimos 33 años. En primer lugar, sitúa los asesinatos, la prisión política y los  sistemáticos ultrajes a los Derechos Humanos acometidos por el Estado, exclusivamente en el  transcurso de los 17 años de la Dictadura Cívico Militar. Luego, exime de toda responsabilidad a las  elites económicas de este país, como las principales fustigadoras del golpe de Estado, proyectando  toda esa carga a entidades jerárquicamente inferiores como las Fuerzas Armadas y de Orden que,  si bien están bestialmente comprometidas en los crímenes de Estado que se han sucedido en los  últimos 50 años, no han hecho otra cosa que responder al mandato de sus patrones de la clase  dominante. También, preponderantemente, se ha resaltado la labor de la CIA como actor  protagónico en el desenlace de la Unidad Popular, sin embargo, toda intrusión del imperialismo  estadounidense se efectuó con el colaboracionismo de las elites locales que, históricamente han  mantenido su hegemonía mediante su servilismo al capitalismo que ha colonizado nuestros  territorios.  

Proponemos que el resultado de toda esta comparsa discursiva es, por un lado, ocultar el hecho de  que esta “democracia” que sucedió al Régimen de Pinochet es timoneada por esa misma elite.  Luego, aseveramos que es, justamente esa misma elite, el principal estamento involucrado en el  Golpe de Estado. Así, ratificamos que el objetivo final de este entramado discursivo hegemónico es  disimular bajo el hábito de la democracia recuperada, el hecho irrefutable de que es, precisamente  la misma elite que propició el golpe del 11 de septiembre de 1973, la que señorea el modelo  democrático fundado a partir de la dictadura militar. Finalmente, para soterrar esta verdad  histórica, se sirve del régimen discursivo del “nunca más”, como relato hipócrita acicalado con la  túnica de la moral de una democracia parida por la dictadura, que mediante acelerada frecuencia y  repetición, pretende imponer la idea de que las barbaridades del Régimen Militar son asunto del  pasado, cuando en realidad los cientos de luchadores sociales asesinados y los centenares de presos  políticos, invisibilizados con la complicidad de la prensa burguesa, el silencio de los análisis obtusos  

*Investigadores en Historia, militantes del Colectivo Octubre Combativo

de una academia de mercado y la responsabilidad de todos los políticos institucionales de este país,  dicen otra cosa.  

Todos estos estamentos (Prensa, Academia, Políticos Institucionales), conforman una triada servil a  las elites dominantes de estos territorios. De este modo, toda alocución tachada de “oficial” ya sea  por su respaldo científico, en el caso de los académicos con tribuna en la prensa mediática o en las  mercantilizadas revistas académicas, o por ser patrocinada por políticos institucionales en el caso  de la verborrea precipitada a millones de receptores, por los medios de comunicación del Estado y  empresariado, con la actitud secuaz del periodismo que ahí se ejerce, encubre el hecho irrefutable,  de que es justamente esa misma elite instigadora, saboteadora y servil a los intereses del gran  capital extranjero, la que comanda esta democracia, defendida transversalmente por la Academia,  los políticos institucionales mediante su entramado partidista y los medios de comunicación de alta  capacidad mediática.  

Procuraremos, a lo largo de esta columna, exponer mediante hechos históricos incontrovertibles, el  lugar de la clase dominante como percutora del Golpe de Estado, precursora y responsable de la  existencia del modelo “democrático” vigente en Chile. De modo consecuente quedará al desnudo  que, la defensa de los intereses de la elite está detrás de todos los crímenes de Estado cometidos  en contra de quienes se han opuesto a este modelo de miseria durante los últimos cincuenta años.  Así también, demostraremos que el encubrimiento de esta política sistemática de exterminio y  encarcelamiento, de las resistencias a la a la instalación y desarrollo de la consolidación del proyecto  de la clase dominante fraguado a partir del Golpe de Estado y consolidado en los 33 años de  “democracia”, sitúan, a los políticos institucionales, a la prensa de clase (burguesa) y a la Academia  como cómplices de estas fechorías de Estado.  

Muchas organizaciones e individualidades de carácter revolucionario, nos hemos quejado  enérgicamente por el carácter reformista y extremadamente respetuoso del orden constitucional  de la democracia burguesa que poseía Salvador Allende. Pensando, que fueron precisamente esas  características, las que, a lo menos, agudizaron la indefensión con la que los sectores revolucionarios y partidarios de la Unidad Popular(UP), enfrentaron el Golpe de Estado. Sin embargo, no es nuestro  propósito enfocarnos en este aspecto más que para impugnar aquellos discursos que culpan al  Gobierno de la Unidad Popular de precipitar hacia un marxismo radical sin retorno el contexto  sociopolítico, como una de las causas del golpe de Estado.

Es necesario desmantelar ciertos discursos embusteros levantados por amplios sectores de la  política institucional. Mucho se ha hablado de la visita de 23 días efectuada por Fidel Castro en Chile  en 1971. Sin embargo, poco énfasisse le ha otorgado al hecho ampliamente documentado, de que  Allende se opuso firmemente a las recomendaciones del comandante cubano de preparar al pueblo  para poder consolidar una revolución de verdad. Así, Salvador Allende, lejos de impugnar la  democracia, fue demasiado respetuoso de ésta. Entonces, fue la clase dominante el estamento que, bajo pretexto de defender el orden democrático arremetió contra éste, para sepultarlo finalmente,  el 11 de septiembre de 1973. 

Otra falsedad arrojada a través de la prensa por políticos y la mayor parte de los académicos con  tribuna en los monopolios mediáticos de la dominación, es la desastrosa gestión económica y el  atentado que el gobierno de la UP habría efectuado en contra de la empresa privada. Sin embargo, por mencionar un ejemplo relevante, el producto interno bruto (PIB) de la construcción en Chile el  año 1971, fue de un 14% según el Banco Central, el más alto de nuestra historia, similar al de Brasil,  en aquel año y por encima de China (3.2%) e India (3.1%). Además, la empresa privada tenía una  participación relevante en el sector. Curiosamente, la clase dominante en el año 1972 propició el  sabotaje económico y el desabastecimiento mediante los paros de camioneros. Entonces, fue  nuevamente la elite la que, asustada por los avances innegables llevados a cabo por el Gobierno de  la UP, instituyó el clima de inestabilidad social que requería para desbancar al gobierno de Allende 

luego de las elecciones de marzo de 1973. El traspié sufrido en esos comicios obligaría a la clase  dominante a patrocinar el golpe de Estado. 

Durante los 17 años de dictadura militar la elite golpista sentaría las bases del modelo económico  que los gobiernos de estos 33 últimos años se han encargado de consagrar. Es por esta razón, que  la política del “Nunca Más” se despliega como dispositivo discursivo funcional a los intereses de la  elite y los políticos institucionales de todo espectro,sin excepción, en los gobiernos de postdictadura militar. Les resulta, transversalmente conveniente diferenciar los miles de asesinatos, torturas y desapariciones, la prisión política y el régimen de terror instaurado por la dictadura, para establecer el modelo económico en curso, de los 33 años que le han sucedido.  

Sucesivamente, los gobiernos de estos 33 años han pedido perdón y gritado a los cuatro vientos  “Nunca Más” cada 11 de septiembre. El mismísimo Patricio Aylwin, fans club del Golpe de Estado,  lloró cuando entregaba un incompleto informe de Derechos Humanos (Informe Rettig), mientras  montaba la oficina y los agentes del Estado se encargaban de “pacificar la democracia”, sumando  nuevos crímenes de Estado para consolidar el modelo.

En la actualidad, el gobierno de Gabriel Boric procura efectuar un nuevo acuerdo transversal dentro  de la institucionalidad que según sus propias palabras asegure que en Chile “Nunca Más” ocurran  los crímenes de Estado cometidos por la dictadura de Pinochet. Transversalmente también, todas  estas declaraciones de Estado que buscan fechas rimbombantes para ser clamadas son  negacionistas. En estos 33 años, solo antes de la Revuelta de Octubre del 19, se contaron cientos de  crímenes de Estado con resultado de muerte de luchadores sociales, la prisión política ha sido una  constante de los gobiernos “democráticos”. Así, la política del “Nunca Más”, lejos de ser una  intención de Estado, es más bien un dispositivo de silenciamiento y ocultamiento de algo que ha  seguido ocurriendo hasta la actualidad, con el fin de proteger los intereses y el modelo instalado  por esa misma elite golpista de 1973.

Otra falsedad arrojada a través de la prensa por políticos y la mayor parte de los académicos con  tribuna en los monopolios mediáticos de la dominación, es la desastrosa gestión económica y el  atentado que el gobierno de la UP habría efectuado en contra de la empresa privada. Sin embargo, por mencionar un ejemplo relevante, el producto interno bruto (PIB) de la construcción en Chile el  año 1971, fue de un 14% según el Banco Central, el más alto de nuestra historia, similar al de Brasil,  en aquel año y por encima de China (3.2%) e India (3.1%). Además, la empresa privada tenía una  participación relevante en el sector. Curiosamente, la clase dominante en el año 1972 propició el  sabotaje económico y el desabastecimiento mediante los paros de camioneros. Entonces, fue  nuevamente la elite la que, asustada por los avances innegables llevados a cabo por el Gobierno de  la UP, instituyó el clima de inestabilidad social que requería para desbancar al gobierno de Allende 

luego de las elecciones de marzo de 1973. El traspié sufrido en esos comicios obligaría a la clase  dominante a patrocinar el golpe de Estado. 

Durante los 17 años de dictadura militar la elite golpista sentaría las bases del modelo económico  que los gobiernos de estos 33 últimos años se han encargado de consagrar. Es por esta razón, que  la política del “Nunca Más” se despliega como dispositivo discursivo funcional a los intereses de la  elite y los políticos institucionales de todo espectro,sin excepción, en los gobiernos de postdictadura militar. Les resulta, transversalmente conveniente diferenciar los miles de asesinatos, torturas y desapariciones, la prisión política y el régimen de terror instaurado por la dictadura, para establecer el modelo económico en curso, de los 33 años que le han sucedido.  

Sucesivamente, los gobiernos de estos 33 años han pedido perdón y gritado a los cuatro vientos “Nunca Más” cada 11 de septiembre. El mismísimo Patricio Aylwin, fans club del Golpe de Estado,  lloró cuando entregaba un incompleto informe de Derechos Humanos (Informe Rettig), mientras  montaba la oficina y los agentes del Estado se encargaban de “pacificar la democracia”, sumando  nuevos crímenes de Estado para consolidar el modelo.

En la actualidad, el gobierno de GabrielBoric procura efectuar un nuevo acuerdo transversal dentro  de la institucionalidad que según sus propias palabras asegure que en Chile “Nunca Más” ocurran  los crímenes de Estado cometidos por la dictadura de Pinochet. Transversalmente también, todas  estas declaraciones de Estado que buscan fechas rimbombantes para ser clamadas son  negacionistas. En estos 33 años, solo antes de la Revuelta de Octubre del 19, se contaron cientos de  crímenes de Estado con resultado de muerte de luchadores sociales, la prisión política ha sido una  constante de los gobiernos “democráticos”. Así, la política del “Nunca Más”, lejos de ser una  intención de Estado, es más bien un dispositivo de silenciamiento y ocultamiento de algo que ha  seguido ocurriendo hasta la actualidad, con el fin de proteger los intereses y el modelo instalado  por esa misma elite golpista de 1973. 

El Gobierno actual mantiene cientos de presos políticos, tanto de la Revuelta, Mapuche,  subversivos, anarquistas y de larga condena. El negacionismo de Boric colinda con el descaro cuando  condena la prisión política de otros pueblos hermanos que no han abrazado el capitalismo extremo  que hoy él defiende. Cuando Boric, dice “Nunca Más” se burla de los más de 55 asesinados y  asesinadas poragentes de Estado en la Revuelta. Por supuesto, para seguir mintiendo y engañando  a las masas utilizan los medios de comunicación que pertenecen a grandes conglomerados  internacionales o a las mismas elites que propiciaron el golpe de Estado. Son las clases dominantes,  precisamente, las que están felices con estos cincuenta años de ultrajes a la clase trabajadora.  

Definitivamente, la política discursiva institucional del “nunca más”, pretende por un lado distinguir los crímenes de Estado cometidos en la dictadura militar, con fechorías de carácter similar ejecutados por todos los gobiernos de postdictadura hasta la actualidad, ocultando los de estos  últimos 33 años bajo la moral oscura de la defensa de una democracia instrumentalizada por el  modelo parido por la dictadura de Pinochet. Así, cada vez que un político, un académico o un 

periodista apela a esta discursividad en nombre de la defensa de esta democracia, está sepultando intencionadamente en un pasado de más de tres décadas crímenes que han seguido sucediendo en  la denominada democracia. Todo, en nombre de mantenerlos privilegios otorgados por el modelo  de saqueo instalado a partir del golpe de Estado de 1973 por la clase dominante. Así, podemos  comprender por qué nadie menciona el quiebre institucional como un problema de clase, pues esto  dejaría al desnudo que la elite golpista y fundadora de este modelo es la misma clase dominante  que hoy fomenta la criminalización de la protesta social en nombre de la “democracia”. Democracia,  que derribó en 1973 y defiende resueltamente hoy, por la que garantiza sus saqueos y privilegios.  

Para los sectores políticos revolucionarios que anhelan una transformación radical de este modelo  de miseria, la historia de estos últimos cincuenta años deja advertencias que deben ser traducidas en principios intransables con el objetivo de no repetir tropiezos anteriores. Confiar en los circuitos  electorales de esta democracia fundada por la dictadura es un error cometido en numerosas  ocasiones desde aquel marzo de 1973 en el que la Unidad Popular aumentaba significativamente el porcentaje de sufragios a su favor.  

Recientemente, hemos sido testigos del modo en que los políticos institucionales transversalmente  sepultaban el ímpetu revolucionario de la Revuelta, entibiándola a partir del Acuerdo de Paz del 15  de noviembre de 2019 y durmiéndola en una disputa electoral que llevó a un callejón sin salida los  anhelos del pueblo rebelado. Así, lo que nos queda por delante es seguir apostando a una mayor  articulación de las organizaciones e individualidades revolucionarias con la seguridad de que cada paso que damos como pueblo no es inocuo para el sistema dominante. Por esa razón, evacuaron  con rapidez desde todo el espectro político institucional leyes represivas y solo así se entiende la  militarización del Wallmapu, la prisión política y la recientemente implementada ley gatillo fácil que  otorga rienda suelta a los agentes del Estado. 

Finalmente, para que realmente no se repitan Nunca Más los crímenes de Estado sucedidos  interminablemente en estos últimos cincuenta años es necesario deponer el modelo fundado a  partir del 11 de septiembre de 1973, destituyendo del poder a la clase dominante y al vasallaje que 

constituyen hoy todos los partidos políticos serviles al modelo. Sólo en ese momento, el pueblo sentenciará enérgicamente ¡NUNCA MÁS!

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