Por Jorge Capelán
En estos momentos una nueva campaña antinicaragüense de desprestigio urdida por los servicios de inteligencia imperiales parece estar cobrando forma en América Latina. En pocos días nos hemos enterado de dos situaciones, en dos países distintos, en los que visitantes con vínculos con los movimientos sociales del Abya Yala* han sido rechazados en la frontera por las autoridades nicaragüenses. (* Abya Yala es el nombre más antiguo hasta ahora conocido referido a un territorio americano …Bajo un consenso histórico hecho en la actualidad entre naciones originarias dicho nombre ha sido reiterado hoy ampliamente por la mayoría de las mismas como el nombre oficial del continente ancestral en oposición al italianismo o nombre extranjero «América») Fuente: Wikipedia -Nota de la redacción-
En este sentido, hay que aclarar que la entrada al país para fines lícitos es totalmente irrestricta. En estos momentos, el turismo en Nicaragua está experimentando un repunte tras el derrotado intento de golpe del 2018 y la pandemia. Muchos de los turistas extranjeros son del Abya Yala y se los puede ver en todas nuestras ciudades.
Demás está decir que la Nicaragua que experimentan esos turistas difiere diametralmente de la imagen totalmente distorsionada que presentan los medios dominados por las potencias atlantistas en todo el mundo.
Sucede que en Nicaragua los movimientos sociales están en el poder. Por eso hay autonomía en la Costa Atlántica. Por eso somos uno de los países más avanzados en materia de empoderamiento político de las mujeres en el mundo y por eso se han otorgado cientos de miles de títulos de propiedad agrícolas y urbanos en todo el país. Y esas son solo algunas de las razones.
Hablemos a calzón quitado. Aquí en el Abya Yala solo hay tres países que han logrado resolver el problema más fundamental del poder, que es el de quién tiene las armas y hacia dónde estas apuntan en una sociedad. Esos países son Cuba, Nicaragua y Venezuela. En todos los demás países del Abya Yala, los movimientos sociopolíticos progresistas y revolucionarios, incluso desde el Gobierno, luchan tratando de impedir que las armas apunten contra el pueblo.
En el caso de Nicaragua, no podemos ilustrar esto de manera más gráfica que con el hecho de que en ciudades estratégicas como León y Masaya la Guardia Nacional del dictador Anastasio Somoza, fundada, entrenada y financiada por los Estados Unidos tenía fortalezas con piezas de artillería, no apuntando hacia el extranjero, sino a la población del propio país. Entonces llamaban a eso eufemísticamente “Doctrina de la Seguridad Nacional”.
Para librarse de esa oprobiosa tiranía el pueblo nicaragüense ofrendó miles de vidas, y luego tuvo que ofrendar otros tantos miles más para defender el poder revolucionario conquistado en los años 80: Unas fuerzas armadas patrióticas y populares; la constitución más democrática que el Abya Yala había conocido hasta la fecha; una de las reformas agrarias más profundas de nuestro continente; un Estado plurinacional con vasta autonomía en la Costa Atlántica y un largo número de etcéteras.
A pesar de la derrota electoral de 1990, hija de una sangrienta guerra de mal llamada “baja intensidad” de los EE. UU. y un bloqueo y unas sanciones criminales, Nicaragua retuvo, sin dejarle las calles al enemigo, lo fundamental: Unas fuerzas armadas patrióticas que jamás dispararán contra el pueblo y un marco institucional nacido de una revolución muy profunda.
Por eso, y a pesar de una perenne campaña de odio financiada y dirigida por los Estados Unidos y por países de la Unión Europea, tras 16 años de resistencia en las calles y en todos los espacios de poder conquistados, los movimientos sociales y su instrumento político, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, lograron regresar al gobierno en el año 2007 y desde entonces retomaron lo que había quedado inconcluso en 1990.
Hoy en Nicaragua manda El Pueblo Presidente. El país no es el mismo, los niños ya no tienen que prostituirse, la juventud puede acceder a todos los niveles educativos de manera totalmente gratuita y gozan de un sistema de educación técnica que es la envidia de Centroamérica y de muchos otros países del Abya Yala. El derecho a la salud gratuita y de calidad para el pueblo ha sido restituido. Los remanentes de la vieja oligarquía liberoconservadora han sido relegados a espacios muy secundarios de una sociedad que cada vez los reconoce menos como actores legítimos de la vida nacional.
En toda su historia, el pueblo nicaragüense ha experimentado la perenne injerencia de los Estados Unidos. Aquí a inicios del siglo XX los marines contaban los votos y decidían al vencedor. Cuando no pudieron derrotar al ejército de indígenas y campesinos de Sandino, dejaron a Somoza, su fiel “hijo de perra”. Durante la dictadura, censuraban las noticias de torturas a sandinistas al tiempo que “aconsejaban” a la oposición conservadora. Su objetivo era mantener en el país un “somocismo sin Somoza”, un plan que como se sabe fue derrotado por el sandinismo.
En los años 80 enviaron a un verdadero ejército de “antropólogos” (y otros “ólogos”) con el supuesto fin de “investigar” a los pueblos de la Costa Atlántica, pero que en la realidad estaban recabando inteligencia y organizando las estructuras de fuerzas afines al proyecto de la CIA. Por cierto, los Estados Unidos jamás hicieron otra cosa que boicotear la autonomía de los pueblos de la Costa Atlántica que solo pudo haber sido realidad gracias al compromiso y liderazgo del Frente Sandinista.
Solamente para las elecciones de 1990, a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), canalizaron 12 millones de dólares de la época (unos 27 millones de hoy en día en un país que entonces tenía la mitad de habitantes) para la alianza opositora UNO, compuesta por todo el espectro de la política corrupta del antiguo régimen, desde supuestos comunistas hasta todo tipo de somocistas pasando por conservadores, liberales y socialcristianos. En esa suma no se cuenta la plata enviada por la Central de Inteligencia Americana ni por la USAID.
Durante toda la denominada “larga noche neoliberal” entre 1990 y 2007, a los fondos de los Estados Unidos se unieron los de muchos países de la Unión Europea a través de sus mal llamadas “Agencias para el Desarrollo”. Los objetivos de esta modalidad de injerencia eran: Desmoralizar y dividir al sandinismo cortando sus lazos con el pueblo y las Fuerzas Armadas, y hacer que la población aceptara las políticas neoliberales.
La mal llamada “ayuda para el desarrollo” se convirtió en un elemento esencial de la “gobernanza neoliberal” por medio del cual se desnacionalizó al Estado y se chantajeó a los activistas de los sectores populares que habían conquistado espacios en el sector de las ONG bajo la amenaza de cortarles las ayudas si apoyaban al Frente Sandinista.
Documentos internos de la USAID de mediados de los años 90 describen un cambio de estrategia, de apoyar a los movimientos tradicionales de la derecha a tratar de conquistar bases dentro del sandinismo con el fin de dividirlo creando ONG de fachada progresista. Por aquel entonces surge una minoritaria escisión socialdemócrata del sandinismo, el mal llamado “Movimiento Renovador Sandinista”, compuesto principalmente por antiguos funcionarios de la década de los 80 y por diputados que traicionaron el voto popular y se pasaron al bando de la derecha en el parlamento.
Esta escisión tuvo un apoyo totalmente minoritario a lo interno del partido y se autoexcluyó del mismo, pero utilizó sus antiguas credenciales sandinistas como medio para legitimizar las políticas injerencistas de los EE. UU. y la UE en el país. Al mismo tiempo, algunos de sus personeros gozaron de financiamientos, premios, becas, publicaciones de libros, giras al exterior y en general una muy calurosa acogida en los medios y la academia de Occidente.
Es así como surgen ONG de mucho renombre hasta hoy en día en el extranjero, como el CENIDH, Ética y Transparencia, el Grupo CINCO/Confidencial (del exsandinista Carlos Fernando Chamorro, miembro de la familia más rancia de la oligarquía nicaragüense), etcétera. Desde su impoluto púlpito de probidad avalada por los Gobiernos imperiales, pontificaban sobre las virtudes de la ética y el respeto a los derechos humanos, pero hacían la vista gorda cuando los más groseros actos de corrupción, inmoralidad y autoritarismo eran cometidos por gobernantes aprobados por “las Embajadas”.
Impulsaron una campaña de odio antisandinista, basada en calumnias y fabricaciones, que fue integral y buscó destruir la imagen del Comandante Daniel Ortega Saavedra, el más incansable dirigente del grupo de comandantes que no arriaron las banderas después de las elecciones de 1990. Sin embargo, esa campaña se vino abajo, no solo porque el pueblo siguió resistiendo y protestando en las calles, sino también porque el modelo neoliberal impuesto era profundamente delincuencial e ineficiente: La pobreza campeaba, los servicios públicos casi totalmente privatizados no servían, la economía no funcionaba…
La crisis del neoliberalismo hizo que los movimientos populares regresaran al Gobierno en 2007 y a partir de ese entonces, metódica y tenazmente, han ido acumulando fuerzas y retomando la tarea interrumpida en 1990 al punto tal de que la Nicaragua de hoy es irreconocible y la hegemonía política del sandinismo, total. Nadie quiere salir a la calle a defender a los criminales y delincuentes de cuello más o menos blanco que están presos por atentar contra la soberanía del país porque le tenga miedo a la Policía Nacional, que por cierto es la más pequeña del istmo, sino porque saben que esos sujetos son indefendibles, no importa lo que digan Human Rights Watch o Amnesty International.
Pero el camino recorrido desde 2007 hasta la fecha ha sido uno de permanente enfrentamiento a la injerencia Occidental. Desde el año 2008 cuando el FSLN ganó limpia y contundentemente las elecciones municipales, la actitud permanente de Estados Unidos y la Unión Europea ha sido poner en tela de juicio todo el sistema electoral, contando para esa tarea con el apoyo de su quinta columna en el país, que es la red de ONG tóxicas que habían venido construyendo a lo largo de los años.
En el año 2010, la USAID impulsó en Nicaragua el programa CamTransparencia, con el supuesto fin de “promover la transparencia en las instituciones públicas”, un fin que en sí es una clara injerencia y una violación del derecho internacional. Este programa funcionaba en el marco de la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI), es decir, una descarada estructura para el cambio de régimen en países seleccionados para tal fin por el imperio. A su vez, el programa CamTransparencia era manejado por una sucursal de la multinacional paramilitar DynCorp, uno de los principales subcontratistas de las guerras privatizadas del imperio, desde la lucha contrainsurgente en El Salvador y el escándalo Irán-Contras hasta Kosovo, Irak y Afganistán, pasando por el Plan Colombia.
Al mismo tiempo, los Estados Unidos, las mal llamadas agencias de cooperación europeas y las grandes corporaciones occidentales cuasi-gubernamentales de mal llamada defensa de derechos humanos y de otro tipo, así como fundaciones como la Rockefeller y las Fundaciones para una Sociedad Abierta de Soros, se dedicaron a la tarea de crear todo un enjambre tóxico de grupos “juveniles”, “ambientalistas”, “de género”, de “indígenas” y de toda una parafernalia de causas como mampara para un plan desestabilizador que nada tiene que ver con lo que esos grupos decían defender.
El proyecto político del imperio en Nicaragua, para el que habían creado toda esta estructura de apariencia civil, todo el tiempo ha sido impedir que el país se desarrolle independientemente. Nicaragua está en el centro de América Central, es el país con más territorio y todas las mercancías (tanto entre el norte y el sur, como entre el este y el oeste) deben pasar por ella. Por eso Nicaragua debe ser pobre y estar en guerra todo el tiempo. Si Nicaragua levantara cabeza, sería mucho más fácil que los pueblos centroamericanos se unieran y pusieran fin a la doctrina Monroe y al dominio estadounidense sobre el Caribe. La clave para impedir ese desarrollo es destruir al sandinismo, la expresión política de los movimientos sociales en la tierra de Sandino.
El derrotado intento de golpe del año 2018 en Nicaragua fue solamente eso: un golpe. Fue una “revolución de colores” fallida basada en una maraña de mentiras y manipulaciones que se desinfló tan pronto el pueblo se dio cuenta de que lo querían engañar y arrebatarle su futuro. No vamos a entrar aquí en detalles sobre lo que sucedió en ese año (se han escrito varios libros al respecto), pero sí debemos constatar que hoy en 2022, a cuatro años de distancia, la agenda golpista y destituyente ha muerto por falta de apoyo popular aunque el dinero Occidental siga fluyendo de manera creciente para alimentarla.
No se sabe la suma total invertida por los países occidentales para desestabilizar y derrocar al Gobierno sandinista, pero algunos datos aislados dan una vaga idea, por ejemplo, la USAID, que en 2018 decía haber apostado $24.547.645 dólares en el país en total, al año siguiente aprobó $34.205.234 dólares (un 40% más) en “capacitar a los jóvenes líderes democráticos emergentes” para que puedan “participar mejor en la gobernabilidad democrática” con el objetivo de “aumentar el apoyo de los ciudadanos al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información pública”. La NED, por su parte, aportó 1,3 millones de dólares para 17 proyectos en Nicaragua en 2018 y casi un millón de dólares para 16 proyectos “de jóvenes” en 2019. Todo esto es solo la punta del iceberg, porque no se cuenta el dinero canalizado a través de los Rockefeller, Soros, las fundaciones de Per Omidyar (“filántropo” fundador de Ebay), los países europeos, etcétera.
Después del fracaso de 2018, los EE. UU. siguieron con su injerencia, tal y como lo muestra “RAIN”, el (fracasado) proyecto filtrado de la USAID en 2020 en el que se planteaba la meta de poner en marcha una “transición gubernamental” durante los próximos dos años, y la aprobación por el Congreso en 2021, con la posterior firma del presidente Joe Biden, de la nefasta “Ley de Refuerzo de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021” (Ley RENACER), que aumentó las sanciones económicas y amenazó a los votantes nicaragüenses para que en las elecciones de noviembre de ese año siguieran la línea abstencionista promovida por el Departamento de Estado si no querían sufrir graves privaciones en los próximos años.
La ley RENACER en el fondo no estaba dirigida al “entorno de Ortega”, sino a cualquiera que pudiera ser señalado como funcionario del Gobierno, exponiendo a millones de sandinistas a ser sancionados en cualquier momento, no por verdaderamente trabajar para el Estado, sino por el mero hecho de ser sandinistas o, más bien, “nicaragüenses de la clase equivocada”. Huelga decir que en las elecciones del pasado 5 de noviembre la línea abstencionista promovida por las embajadas occidentales fue ampliamente derrotada, y una mayoría del electorado de la derecha prefirió participar en los comicios y hoy está representada en la Asamblea Nacional.
Toda esta ola de injerencia, que no ha cesado, sino más bien aumentado hasta hoy, ha sido enfrentada por el Gobierno y el pueblo fortaleciendo el marco jurídico del país de modo de hacer cada vez más difícil materializar este tipo de actividades desestabilizadores de los países occidentales. La derrocada intentona golpista de 2018 fue una inmensa escuela política, no solo para el pueblo sandinista, sino para toda la sociedad nicaragüense porque mostró blanco sobre negro cuáles eran los proyectos de unos y de otros y cuál era la verdad detrás de sus respectivos discursos.
Después de los hechos de 2018 la Asamblea Nacional aprobó una amplísima amnistía para todos los implicados en los graves delitos cometidos durante el golpe a condición de no reincidir en los mismos. La gran mayoría decidió acogerse a la amnistía, pero los operadores políticos financiados por los Estados Unidos siguieron llevando adelante actividades de desconocimiento del orden institucional del país e incluso llegaron a hacer ostentación de la exigencia de sanciones contra su propio país en repetidas visitas a Norteamérica y Europa. Además, continuaron con su manejo fraudulento de los fondos occidentales, que por su propia naturaleza los llevaban a cometer delitos de lavado de activos, etcétera.
El marco legal reforzado a raíz de la derrota del golpe de 2018 contempla leyes como las siguientes:
- Ley 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro, que establece los mecanismos y procedimientos para que una organización obtenga su personería jurídica de modo que pueda desarrollar una serie de actividades económicas y de otro tipo, además de contratar personal. En Nicaragua, desde hace varias décadas, la personería jurídica de una organización debe ser aprobada por la Asamblea Nacional.
- Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción masiva, que busca proteger la economía nacional y la integridad del sistema financiero de los riesgos asociados a ese tipo de actividades. Es importante decir que en el derrotado intento de golpe quedó evidenciada la relación entre el terrorismo y la delincuencia económica, porque es imposible canalizar fondos legalmente (como pretenden la USAID, la NED y las agencias europeas) para cometer la clase de crímenes y delitos que se cometen en nombre de la “promoción de a democracia”. Por otro lado, existen ONG que, más allá de su participación o no en intentos golpistas, en la práctica han desempeñado actividades con fines de lucro, por ejemplo, como microfinancieras o como empresas prestadoras de servicios comerciales.
- Ley 1040, Ley de regulación de Agentes Extranjeros, en realidad una versión muy similar de la ley estadounidense y que los Estados Unidos aplican rutinariamente. Consiste en establecer un registro de todas las personas que trabajen para un Gobierno extranjero, especificando los objetivos de la actividad que realiza.
- Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro, que establece el marco jurídico aplicable a las ONG nacionales y extranjeras que desarrollen su actividad en el territorio nacional. Es cierto, esta ley establece una serie de mecanismos muy estrictos de información de las actividades de las ONG a las autoridades, pero se aplica de manera pareja a todas estas organizaciones independientemente de su signo político. Recordemos que en Nicaragua hay 7.000 ONG de diverso tipo, y las que han perdido su personería jurídica hasta el momento han sido menos de 500.
A lo largo de su historia, Nicaragua es un país que ha pasado, de ser objeto de incontables intervenciones militares e imposiciones imperiales, a ser uno que ha logrado alcanzar su autonomía como nación soberana. El pueblo nicaragüense ha pasado por todas las formas de injerencia imperial y ha aprendido a desarrollar mecanismos propios para neutralizarlas. Violar las leyes antes enumeradas, incluso sin fines expresamente políticos, es amenazar el poder de los movimientos sociales de este pueblo.
Para nadie debe ser un secreto que hoy en día el mundo está en guerra. No lo dice solo el comandante Daniel Ortega. Desde hace meses el papa Francisco viene hablando de una “tercera guerra mundial a pedacitos” y el magnate George Soros ha dicho que “la mejor y quizás la única forma de preservar nuestra civilización es derrotar a Putin lo antes posible”.
Como país independiente y soberano, que tiene relaciones muy fuertes con Rusia, Irán, Venezuela y Cuba, y que recientemente ha reanudado sus relaciones con China, los EE. UU. nos tienen en la mira. La semana pasada nos cortaron la cuota de azúcar (no importa, se pueden encontrar alternativas a eso). Hace unas semanas el embajador yanqui daba una serie de declaraciones totalmente injerencistas en vídeos publicados en las redes sociales y en las vísperas del 19 de julio, una serie de grupos supuestamente progresistas organizaban una caravana hacia la frontera con Nicaragua exigiendo entrar al país “para pedir la libertad de los presos políticos”. Y por último, en estos días surgen personas supuestamente de izquierda que vienen al país por motivos distintos del turismo para que sean rechazadas en la frontera y así desprestigiarnos.
Estas personas pueden hacer esos viajes por diversos motivos; puede ser por mala fe o también porque no han sido bien informadas, o han sido engañadas, etcétera. Lo importante es que los movimientos sociales genuinamente populares y antiimperialistas del Abya Yala deben tener claro que si alguien viaja en nombre de ellos lo haga a través de los canales establecidos, en caso contrario, se estarán prestando a la campaña hostil contra los movimientos sociales nicaragüenses. ¿Por qué no consultar con la Embajada de Nicaragua de sus países, o con los movimientos sociales de este país antes de realizar un viaje?
Desde hace mucho tiempo, el imperialismo occidental anglosajón ha militarizado todos los aspectos de la realidad, entre ellos la sociedad civil y la academia, incluso la que se reclama “alternativa”. Si los movimientos sociales quieren ser un verdadero factor de poder, no deben prestarse al juego de la agresión imperial contra los pueblos que han conquistado la soberanía y la independencia. Si lo hicieran, indefectiblemente se estarían disparando en el pie,
Fuente: https://managuaconamor.blogspot.com/
