La Asociación Americana de Juristas (AAJ), condena enérgicamente las acciones realizadas por el Presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, otros actores estatales como la FGR, y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que socavan la institucionalidad democrática en El Salvador. Lamentablemente, algunas instituciones del sistema judicial han sido instrumentalizadas para implementar diversas modalidades de persecución política en contra de ciudadanos, servidores públicos, políticos de la oposición y periodistas de El Salvador.
Sigfrido Reyes, un importante líder político de la izquierda, se encuentra en México en calidad de asilado político, después que el aparato represivo de su país natal iniciara una persecución política y judicial en su contra, de sus familiares y de otros ciudadanos. Su caso está plagado de irregularidades que se iniciaron cuando el presidente Bukele, públicamente presionó para que la Corte Suprema de Justicia expresara que existían indicios de que Sigfrido Reyes se había enriquecido de forma ilícita en detrimento del Estado.
Un factor importante en el caso es la investigación realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Duró cerca de 4 años, concluyendo que “no existen indicios de enriquecimiento ilícito” por parte del señor Sigfrido Reyes. Sin embargo, el pleno de la Corte decidió en contra de prueba pre- constituída y le ordenó de manera arbitraria al Fiscal General de la República que iniciara una investigación civil. Esta decisión viola derechos constitucionales, vulnerándose las garantías de audiencia y defensa. Además, se manifiestan sospechas de presiones del presidente Bukele sobre algunos magistrados de la Corte.
El Fiscal General de la República, un reconocido activista del partido de extrema derecha, ARENA, en lugar de iniciar un juicio civil, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en pleno, se lanzó a una persecución penal en contra del señor Sigfrido Reyes y ordenó la detención administrativa de varias personas, incluyendo a su esposa, la Dra. Susi Melba Rodríguez de Reyes. En la audiencia inicial el juez de la causa dictó una resolución exonerando de todos los cargos a cinco personas imputadas, y ordenó la liberación de la esposa de Sigfrido Reyes y otras personas, considerando evidente que las acusaciones carecen de fundamento jurídico y de pruebas.
El Fiscal General acusa de peculado y lavado de dinero al señor Sigfrido Reyes alegando que cuando él fue presidente de la Asamblea Legislativa cobró viáticos en las diferentes misiones oficiales en las que participó en ese carácter, pero según las decisiones de la Corte Suprema de Justicia proveídas en un caso inmediatamente anterior, los viáticos constituyen un ingreso legal y de ninguna forma podrían constituir un indicio de enriquecimiento ilícito. Asimismo, la Corte comprobó que no existe ningún aumento del patrimonio de Reyes, pues en el análisis de Disponibilidad Financiera se estableció que los montos observados son menores que los ingresos legales, por lo cual no es admisible que se presuma la culpabilidad. La misma Sala, en todos los casos similares anteriormente resueltos por la Corte sostuvo que procede declarar que no existen indicios de enriquecimiento ilícito.
En este caso existen evidentes presiones de los poderes fácticos de El Salvador, del Presidente de la República y de los Estados Unidos, que en su afán imperialista intentan desprestigiar a la izquierda política.
El gobierno de México, después de realizar un estudio sobre la situación del señor Sigfrido Reyes, tomó la decisión soberana de otorgarle asilo político, reconociendo su condición de perseguido político.
Resulta preocupante que los magistrados de la Sala de lo Constitucional no hayan resuelto la demanda de Amparo que el señor Sigfrido Reyes presentó hace varios meses, así como la acusación de que miembros del cuerpo diplomático tendrían injerencia en las decisiones de la Corte y en las actuaciones del Fiscal General de la República.
Por tanto, la AAJ se suma a la campaña internacional para que cese la persecución en contra de Sigfrido Reyes y sus familiares; exhortando a las instituciones públicas en El Salvador, particularmente a los jueces y magistrados intervinientes que no se presten a ser instrumentalizadas por el Presidente de El Salvador y del gobierno de los Estados Unidos para desprestigiar a la oposición política y controlar el poder total en El Salvador, en violación de la Constitución Nacional, la Carta de la ONU y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
A 5 de junio de 2020.
Vanessa Ramos
Presidenta AAContinental
Luis Carlos MoroJ
Secretario General
Beinusz Szmukler Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ
Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra