El presidente Nayib Bukele dice que no hay dinero para los salarios de este mes y que la Asamblea legislativa no aprueba recursos para la Emergencia. Ambas afirmaciones son incorrectas. Veamos:
1. Según el ministro de Hacienda, los ingresos tributarios caerán en US$990 millones durante el año. Sin embargo, así como disminuyen los ingresos también se reducen los gastos. El informe de ejecución presupuestaria de enero-marzo muestra que de un gasto programado en US$2,800 millones, se gastaron US$1,893 millones. Eso significa que no se gastaron US$907 millones.
2. Si la proyección del Ministerio es correcta, el Gobierno ya ahorró casi todo lo que no recibirá de ingresos tributarios en el año. Además, el ministro de Hacienda anunció hace dos meses que se paralizaría toda la inversión pública para el resto del año, estimada en alrededor de US$1,000 millones, y hace unos días les giró instrucciones a las instituciones del Sector Público no Financiero para que reducan sus gastos. Por lo tanto, la menor recaudación en el año será compensada con recortes de gastos e inversiones.
3. En marzo y abril, el Gobierno consiguió US$974 millones mediante venta de LETES, por US$491 millones, y de CETES, por US$483 millones. Esas deudas de corto plazo no requieren aprobación Legislativa. Con una parte de esos fondos se les dieron US$300 a familias sin ingresos. Según el Gobierno, esas transferencias costaron US$450 millones, pero la Corte de Cuentas dice que son US$350 millones. El Gobierno no ha presentado un informe oficial.
4. Si se gastaron US$350 millones, como dice la Corte de Cuentas, sobraron US$624 millones de los US$974 millones obtenidos de la venta de LETES y CETES, suficientes para pagar los salarios de mayo, que son US$163.7 millones. Incluso, el dinero alcanza para los salarios de mayo, junio y julio (US$491 millones), si no hubiera recaudación en esos meses, lo cual es imposible. En abril, que fue un mes de baja recaudación, se obtuvieron US$456.2 millones de renta e IVA.
5. Sobre los recursos para la Emergencia, la Asamblea Legislativa aprobó deuda por US$3,046 millones: US$3,000 millones de préstamos y/o bonos y US$46 millones de un préstamo de Japón. Le corresponde al Órgano
Ejecutivo, y no a la Asamblea, conseguir ese dinero. El Gobierno también recibió una donación del SICA por US$1 millón.
6. De los US$3,000 millones a gestionar por el Ejecutivo, los primeros US$2,000 millones se aprobaron con el decreto 608, del 26 de marzo, el cual establece que dichos recursos se incorporarán a un presupuesto extraordinario que el Órgano Ejecutivo debe presentarle a la Asamblea para su aprobación con un mínimo de 56 votos. Dicho presupuesto sería administrado por un Comité del Fondo de Emergencia y Recuperación Económica, integrado por representantes de gremios empresariales e instituciones académicas.
7. Hace una semana renunciaron cinco integrantes del Comité (UCA, ESEN, FUSADES, ANEP y Cámara de Comercio) porque el Gobierno obstaculiza su labor y no es transparente. Al presidente Bukele no le preocupan esas renuncias, como tampoco le interesa presentar el presupuesto extraordinario de los US$2,000 millones ni el informe de la transferencia de US$300 a familias sin ingresos.
8. De los US$2,000 millones, el Ejecutivo solo ha conseguido US$389 millones de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y US$20 millones de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), ambos aprobados por la Asamblea Legislativa el 16 de abril. Para que esos recursos se hagan efectivos, hay que incorporarlos al presupuesto extraordinario que el Ejecutivo se rehúsa a presentar.
9. El presidente Bukele distorsiona la realidad cuando acusa a la Asamblea de no querer aprobar recursos, pues es su negativa a presentar el presupuesto extraordinario, es decir, su incumplimiento del decreto 608, lo que frena los desembolsos de los préstamos aprobados. Además, el Ejecutivo ha sido incapaz de vender bonos que ya fueron autorizados por la Asamblea.
10. El presidente incumple las disposiciones legales y no respeta al Órgano Legislativo. Y si no paga los salarios, como ha dicho, incurrirá en el delito de apropiación indebida, que es motivo de destitución de su cargo.
11. Como profesionales comprometidos con la transformación del país, reiteramos que el Fiscal General de la República está obligado a promoverle un antejuicio al presidente Bukele por presuntas violaciones al orden constitucional. De no hacerlo, el país no superará la desestabilización que genera el presidente de la república.
San Salvador, 18 de mayo de 2020
https://www.facebook.com/PROESSV/ https://twitter.com/PROESSV movimientoproes@gmail.com
