Gobierno encubre a militares responsables de crímenes de guerra y obstaculiza acceso a la información pública

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Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES)

El 06 de marzo de 2020, las autoridades del Ministerio de Defensa impidieron que cuatro comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), realizaran inspección de los archivos militares de la década de 1970, diligencia ordenada en el proceso que inició la Universidad de El Salvador (UES) para conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la Fuerza Armada (FAES) contra la comunidad universitaria. Sobre este hecho, Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) expone las siguientes valoraciones:

1. A partir del año 1972, la autonomía de la UES fue violentada sistemáticamente por los Gobiernos militares. Ese año, el coronel Arturo Armando Molina ganó las elecciones presidenciales con fraude y ordenó la intervención militar en la UES para acallar las voces críticas de la academia. Los militares detuvieron a más de 800 estudiantes y cerraron la UES hasta septiembre de 1973. En ese período hubo desapariciones forzadas, asesinatos y torturas contra la población civil, incluyendo a profesores y estudiantes de la UES.

2. Una protesta realizada el 19 de julio de 1975 por estudiantes del Centro Universitario de Occidente (hoy Facultad Multidisciplinaria de Occidente) fue reprimida de forma violenta por los aparatos represivos estatales: FAES, Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda. En repudio a la acción autoritaria, la comunidad universitaria organizó una marcha estudiantil dirigida por la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS), el 30 de julio de 1975. Marcharon cerca de 5,000 estudiantes y docentes de la UES y estudiantes de secundaria. De nuevo se desató la represión de los militares, guardias y policías armados con fusiles de asalto y con tanques, cegando la vida de cientos de estudiantes y docentes. Para tratar de borrar las evidencias, un camión que iba detrás de la columna militar lavaba la sangre de las calles y recogía a los estudiantes y docentes asesinados.

3. Para conocer la verdad de lo sucedido en aquellos años, las autoridades de la UES iniciaron un proceso ante el IAIP, para que esa institución inspeccionara los archivos militares. Cuatro comisionadas del IAIP intentaron realizar la inspección, pero las autoridades militares se lo impidieron. Las comisionadas fueron intimidadas, vigiladas y fotografiadas. Incluso, se comprobó la presencia de un dron que sobrevolaba al personal que intentó hacer la diligencia. Con esta acción, respaldada por el presidente Nayib Bukele, se evidencia la indiferencia del Gobierno por las víctimas de la represión de los Gobiernos militares y del conflicto armado.

4. La actitud del presidente Bukele fue precedida de otras que revelan su desinterés por las víctimas de la represión militar, incluso las de los años de la guerra. El 12 de julio de 2019, cuando el Gobierno tenía poco más de un mes, el ministro de defensa condecoró al coronel Orlando Zepeda, quien tiene una orden de captura internacional por ser uno de los presuntos autores de la masacre de los sacerdotes jesuitas, de Elba y de Celina, el 16 de noviembre de 1989.

5. El 16 de enero de este año, el presidente Bukele se negó a conmemorar el vigésimo octavo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz y en la última semana de ese mes no acató la orden judicial dictada por el juez que conoce el caso de la masacre de El Mozote, protegiendo de esa manera a los criminales de guerra de la FAES al negarse sistemáticamente a permitir el acceso a los archivos militares.

6. Esas acciones responden a la política del presidente Bukele de irrespetar el orden constitucional e impedir que haya transparencia en la gestión gubernamental. El primer decreto del Consejo de Ministros (que es inconstitucional) despidió cerca de 700 trabajadores y trabajadoras de cinco secretaría que fueron cerradas, una de ellas la de Anticorrupción y Transparencia. Posteriormente se despidieron alrededor de 20 oficiales de información, a pesar de que la Sala de lo Constitucional dijo en la sentencia de amparo Ref. 28-2015 (del 24 de febrero de 2017), que “las funciones que realiza quien ocupaba dicho cargo son de carácter técnico, se llevan a cabo de forma permanente y deben ser realizadas con total independencia del titular”.

7. El Gobierno cerró los portales web que ponían a disposición de la ciudadanía información pública oficiosa, como planes institucionales, presupuestos, informes, entre otros, que facilitaban las solicitudes de información. Esas acciones constituyen un retroceso en la garantía del derecho a la información pública.

8. El presidente de la república intentó controlar el IAIP nombrando a comisionados afines a él. Como no lo consiguió, intenta deslegitimar el proceder de profesionales independientes que de forma valiente defienden el derecho a conocer la verdad, que según la Sala de lo Constitucional “…le asiste a las víctimas (…) de vulneraciones de los derechos fundamentales, como también a la sociedad en su conjunto…” (Vid. Amparo 558-2010).

9. El Gobierno intenta borrar de la memoria histórica las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por los militares que el presidente Bukele defiende y condecora.

10. Si el presidente Bukele sigue violentando el orden constitucional y utilizando la fuerza militar para imponer sus decisiones y amedrentar a la población, el país entrará en un proceso de desestabilización que afectará a todos los sectores sociales. El presidente debería saber que el pueblo salvadoreño no permitirá un retorno al pasado.


San Salvador, 10 de marzo de 2020

Fuente: https://www.facebook.com/PROESSV/ https://twitter.com/PROESSV movimientoproes@gmail.com 

Ni Perdón, Ni olvido! Juicio y Castigo a los verdugos de nuestro pueblo!