Por Profesionales por la transformación de El Salvador (PROES)
El lunes 25 de noviembre de 2019, se realizó el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE), denominado “Infraestructura Sostenible e Innovación para el Desarrollo”, tema central de dicho encuentro. Desde el año 2000 este evento lo organiza cada año la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), para presentar “propuestas” desde su perspectiva empresarial relacionadas con el crecimiento económico.
En esta ocasión, al encuentro fue invitado el presidente Nayib Bukele, quien recibió con exaltación la propuesta que a nombre de la ANEP le entregó el señor Luis Cardenal, dirigente de esa gremial empresarial y con quien coincidió en criticar los gobiernos del FMLN, cuyos programas económicos se orientaron a mejorar las condiciones de vida de la población mediante programas sociales que redujeron la pobreza del 40% al 26% de los hogares.
Los empresarios le pidieron al Gobierno elaborar una propuesta estratégica para aprovechar las oportunidades que tiene el país. A su vez, el presidente Bukele y la ANEP firmaron un convenio para que los grandes grupos empresariales “inviertan y generen empleo”.
El presidente Bukele aseguró que él procura el respaldo de su principal socio estratégico, Estados Unidos, una mayor cooperación de la Unión Europea y la confianza del pueblo, pero que necesita la voluntad de la empresa privada de aumentar sus inversiones. Cerró su discurso imitando al expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan (conservador y neoliberal), quien decía que “el mejor programa social es un empleo”.
Sin duda, la ANEP ha encontrado buena receptividad en el Gobierno actual para impulsar sus intereses, dado su carácter pro-empresarial y neoliberal; no es extraño que hayan llegado a acuerdos para no atacarse ni cuestionarse mutuamente.
La ANEP propuso la creación de una Autoridad Nacional de Infraestructura que elabore un plan de desarrollo de infraestructura con sus fuentes de financiamiento y que garantizare su eficiente ejecución por parte de las instituciones públicas. La ANEP sugirió inversiones en puertos, aeropuertos, carreteras, aduanas, agua y energía eléctrica, pero no reconoce que en esas y otras áreas los gobiernos del FMLN invirtieron cuantiosos recursos: ampliación y modernización del aeropuerto, Monseñor Romero, aumento de la generación de energía cambio en la matriz, tras la introducción de proyecto de energía solar, el incremento de las fuentes hidroeléctricas y geotérmicas y la reducción de la fuente térmica, inversión de más de US$1,000 millones en infraestructura de carreteras, caminos y puentes, incremento de la capacidad de carga del puerto de Acajutla, avances en la Unión Aduanera del Triángulo Norte de Centroamérica, entre otros aspectos.
La propuesta de la ANEP requiere una cantidad de recursos que el Gobierno no tiene, pues sus ingresos son insuficientes debido a la enorme evasión y retención de impuestos (US$1,800 millones al año) que realizan grandes empresas. La ANEP exige inversión pública en infraestructura, pero sigue reacia a que los grandes grupos empresariales contribuyan al fisco pagando nuevos impuestos y dejando de evadir los existentes.
La limitada inversión pública, que los grandes empresarios bloquean al evadir impuestos, es una de las razones de la baja demanda interna, la cual a su vez limita la inversión privada y estimula la fuga de capitales. Otra causa tiene que ver con los bajos salarios, que a pesar de su notable aumento durante los gobiernos del FMLN, son menores que los de Costa Rica, Honduras y Guatemala. Por eso no será efectivo el pedido del presidente Bukele a los grandes empresarios para que inviertan más, generen empleo y ayuden a su Gobierno a no desgastarse. Estamos ante un problema estructural que tiende a agravarse con un Gobierno de derecha, que por su naturaleza pro-empresarial y neoliberal provocará mayor concentración del ingreso.
Lo anterior es lo que explica que fuera en los gobiernos del FMLN cuando mayor inversión pública y privada, nacional y extranjera, se haya generado, pues dichos gobiernos redistribuyeron el ingreso y mejoraron las condiciones de vida y de consumo de la población de menos recursos, a la que apoyaron con más de 40 programas sociales, muchos de los cuales el actual Gobierno quiere eliminar y/o suprimir, al no asignarles fondos en el presupuesto de 2020 o reducirle los recursos.
Una política económica como la que lleva el Gobierno, que golpea a los sectores populares y concentra el ingreso en los más ricos, solo servirá para contraer la demanda nacional y estimular la fuga de capitales.
Los grupos empresariales de derecha demandan inversiones públicas en infraestructura para expandir sus negocios y su patrimonio. Antes boicotearon el SITRAMSS, que favorecía a los sectores populares y hoy buscaran cobrar el uso de carreteras exclusivas para que la clase privilegiada tenga fluidez, mientras las demás personas sufren el atasco del tráfico diario que cada día se vuelve más complejo en el Gran San Salvador.
Finalmente, de los discursos del presidente Bukele y el presidente de la ANEP se deduce que el grupo económico al que pertenece Bukele y los oligarcas que controlan la ANEP tienen un acuerdo de acrecentar sus capitales a costa de desmejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
San Salvador, 2 de diciembre de 2019
Fuente: https://www.facebook.com/PROESSV/ https://twitter.com/PROESSV movimientoproes@gmail.com
