Primero fue el “Macho Camacho”, dirigente cívico, golpista, empresario de Santa Cruz de la Sierra, quien aseguró que “la Biblia volverá al Palacio de Gobierno”, cuando ingresó a la Casa de Gobierno, en La Paz, minutos antes de que Evo Morales anunciara el domingo su renuncia desde Cochabamba. El “Bolsonaro bolviano”, como lo tildan a Camacho, se arrodilló frente a la Biblia junto a otros dos dirigentes opositores en el Palacio del Quemado. Consumado el golpe, el martes fue la senadora Jeanine Añez, cuando se autoproclamó presidenta, quien volvió a mostrar una Biblia y a invocar “el poder de Dios” para gobernar. Jair Bolsonaro fue el primer presidente en reconocer a la mandataria. Casi en simultáneo, “Con mis hijos no te metas” de Perú, esa alianza antiderechos que se articula en la región contra la ampliación de derechos de las mujeres y los colectivos LGBTTI+ y están en guerra santa contra lo que llaman “ideología de género”, tuiteó: “Misión cumplida” al saludar la llegada de facto de Añez a la presidencia de Bolivia. Y recordó que la senadora participó en febrero como panelista en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia que se hizo en Panamá. En ese encuentro “antiderechos”, que aglutinó a católicos y evangélicos, Añez compartió conversaciones con el excandidato presidencial costarricense y predicador evangélico Fabricio Alvarado y otros líderes “provida”. En ese evento se conformó la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos, con legisladores de diferentes partidos que comulgan con una cosmovisión bíblica para gobernar. Esa alianza se presentó en uno de los paneles del Congreso, cuyo anfitrión, el mexicano Aaron Lara, revela la preocupación por poner pie en Bolivia: “Hoy estábamos discutiendo como apoyar a Bolivia en un conflicto electoral que va a enfrentar este año”, afirmó Lara, poco antes de encabezar un rezo por la nueva alianza regional, que básicamente se opone al empoderamiento de las mujeres, la anticoncepción hormonal de emergencia, la educación sexual integral, el aborto y la igualdad para la población LGBTTI+. ¿Cómo se tejen las alianzas entre fuerzas religiosas, militares y la derecha? Para entender este entramado Página|12 entrevistó a Juan Cruz Esquivel, doctor en Sociología, investigador del Conicet y profesor de la UBA. A continuación, el diálogo:
–¿Le sorprendió que tanto Camacho como la autoproclamada Jeanine Añez hicieran eje en que van a gobernar con la Biblia, mostrando incluso un ejemplar ante las cámaras?
–En absoluto. En América Latina ha sido recurrente la presencia de lo religioso en los golpes de Estado. Ya sea a través de instituciones y grupos religiosos que han participado en la destitución de gobiernos democráticos; ya sea por medio de la utilización de símbolos o íconos confesionales como referencias de legitimación al poder de facto. Recordemos tan solo los sucesos del 16 de junio de 1955 en Argentina, tres meses antes del golpe de Estado al gobierno de Juan Domingo Perón, cuando los aviones de la Fuerza Aérea desde los cuales se bombardeó la Plaza de Mayo, llevaban inscripto el lema ‘Cristo Vence’.
–¿Qué representa esa escena en el Palacio del Quemado? ¿Qué significa en el contexto boliviano?
–Esa escena representa en primer lugar una pretensión de sustitución de legitimidades. La asunción de Jeanine Añez carece de todo respaldo legal y social. Frente a una ausencia de legitimidad de origen, se pretende investir a lo religioso como mecanismo sustituto de legitimidad. Habida cuenta de que la fuente de su autoridad no deriva de las reglas del sistema democrático, la apelación a la Biblia es utilizada como recurso de legitimación divina al acto de autoproclamación como presidenta de Bolivia. Por otro lado, la centralidad otorgada al libro sagrado viene a contrarrestar y disputar simbólicamente con la wiphala, insignia de los pueblos originarios. La wiphala fue reconocida como símbolo del Estado boliviano por la Constitución de 2008. Su desplazamiento, en términos de representación simbólica, es el desplazamiento de las mayorías indígenas como actores centrales en la política boliviana de los últimos años.
–¿Cuál es la genealogía de estos grupos religiosos que están ocupando lugares expectantes en la política? ¿Es una alianza de católicos y evangélicos?
–Los evangélicos han experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas en América Latina. Y al crecer, se multiplican los grupos en su interior, se hace más diversa su composición y más compleja su trama identitaria. Así como hubo católicos que apoyaron golpes de Estado y otros que fueron víctimas de esos procesos, también en el mundo evangélico encontramos diversidad de actores. Unos apoyan y otros cuestionan, del mismo modo que unos se pronuncian a favor y otros en contra de la despenalización del aborto. Lo que se advierte claramente es un mayor posicionamiento y visibilidad en la esfera pública por un lado. Y, por otro, una inserción relativa en espacios de gestión pública –direcciones de culto, por ejemplo–, desde los cuales demandar buena parte de las prerrogativas que detenta la Iglesia católica. Ahora bien, estamos en el plano de las organizaciones evangélicas o de las “minorías intensas”. Ante la irrupción en la vida pública de los movimientos feministas y de la diversidad sexual, se han activado grupos al interior del campo católico y evangélico con el objetivo de frenar toda reforma en materia de derechos sexuales y reproductivos. Más allá de que el anclaje institucional de sus fieles es más sólido que en el mundo católico, un segmento considerable de la población evangélica, al igual que los católicos, se vincula con lo sagrado por su propia cuenta y no necesariamente se alinea con los posicionamientos institucionales.
–¿Qué está pasando a la luz de estos hechos en Argentina y en el resto de la región?
–Podría pensarse que se trata de articulaciones con estrategias defensivas. En algunos casos lo ha sido, como en Brasil, cuando lograron suspender la distribución de material educativo sobre diversidad sexual. Pero otras experiencias van más allá de un accionar reactivo. El movimiento ‘Escola sem partido’ en el propio Brasil, se propuso centralizar iniciativas legislativas para prescribir como delito la enseñanza docente basada en lo que consideran “ideología de género”. A su vez, el movimiento ‘con mis hijos no te metas’, nacido en Perú pero de alcance transnacional, ha convocado a marchas para reivindicar a los padres como educadores en materia de sexualidad, condenando el rol del Estado, a través de las y los docentes en las escuelas, como espacio formativo.
–¿Cómo jugó el macrismo en relación a los sectores más conservadores de las iglesias católicas y evangélicas?
–En un sentido, el macrismo ha reproducido un modus operandi arraigado en la tradición política nacional relativo a la relación con los actores religiosos: la búsqueda de legitimidades extra-políticas, la transferencias de recursos para la co-gestión de lo público, el uso de un discurso religioso como relato político -en la retórica macrista-, el sacrificio de hoy para la redención de mañana. A pesar de haber habilitado el tratamiento del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo en 2018, el posicionamiento en el tablero ideológico-electoral lo llevó a apoyarse cada vez más en los sectores religiosos identificados con los ‘pañuelos celestes’. De ese modo, la experiencia del macrismo viene a reeditar esa particularidad en la configuración del autoproclamado liberalismo argentino, sintonizado con determinados principios doctrinarios en la esfera económica -fundamentalmente, la restricción de la intervención del Estado en el funcionamiento de la economía-, pero disonante de un modelo de Estado laico promotor de derechos civiles.
–¿Cuáles son los riesgos hoy en Argentina?
–Más que riesgos, el desafío pasa por repensar el lugar de lo religioso en la democracia de nuestros tiempos. Las demandas de ampliación de derechos en términos de sexualidad y reproducción obligan a problematizar ciertos pilares de la idiosincrasia política dominante, fundamentalmente aquellos que consideran que los preceptos religiosos deben primar en la regulación de los derechos civiles. La diversidad como rasgo distintivo de nuestra sociedad contemporánea exige un sistema normativo y un repertorio de políticas públicas que garantice una convivencia en el que nadie sacrifique sus principios y, al mismo tiempo, el ejercicio de derechos civiles diversos no encuentre mecanismos de obturación.
