Es un crimen de lesa humanidad, ha dicho la Corte Suprema de El Salvador en al menos tres ocasiones, pero tras 30 años el sistema judicial sigue manteniendo bajo la sombra de la impunidad la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres, cometida en la madrugada el 16 de noviembre de 1989.
En abril de 2018, una corte de Paz ordenó la reapertura del proceso para determinar la autoría intelectual, sin que hasta la fecha se hayan dado avances.
Las víctimas de la masacre, cometida en el marco de la guerra civil de El Salvador (1980-1992), fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, y Elba Ramos y su hija adolescente Celina.
Este semana, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó el libro “La Verdad”, de Lucía Cerna Mary Jo Ignofo, en el que Lucía -única testigo de la masacre en la madrugada del 16 de noviembre de 1989- vio “entrar y salir” a los miembros del escuadrón del batallón élite Atlacatl, del Ejército, que irrumpió en el campus de UCA y mató a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López.
Por Lucía se conoce que uno de los asesinos, después de la masacre, bebió una cerveza enlatada; fue ella quien escuchó la fuerte voz de Ignacio Martín Baró decir a sus asesinos: ¡Ustedes son una carroña!.
“El libro es el relato valiente de una mujer que desmontó la mentira”, dijo durante la presentación el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano.
Recordó que los “responsables intelectuales” del crimen, que “todavía están en la impunidad”, ordenaron a los militares que ejecutaron la masacre y “no dejar testigos”.
Lucía fue testigo de esa masacre, sin embargo ese año fue sangriento, con la llegada de Alfredo Cristiani a la presidencia de la República, ocurrió un atentado contra líderes sindicales de Fenastras, la ofensiva guerrillera del 11 de noviembre y la masacre de los jesuitas.
En 1991, una corte penal condenó a Benavides y al teniente Yusshy Mendoza a 30 años de prisión, pero una ley de amnistía de 1993 permitió que salieran libres y dejó sepultada por 25 años la posibilidad de enjuiciar a los autores intelectuales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró, en diciembre de 1999, que el juicio fue “simulado” y que la política de “encubrimiento resultó totalmente efectiva” en beneficio del alto mando.
El Idhuca intentó en el año 2000 reabrir el proceso, para investigar y enjuiciar a los jefes castrenses, pero la justicia dictó un “sobreseimiento definitivo”.
Sólo la anulación de la ley de amnistía, por un fallo de la Sala de lo Constitucional de julio de 2016, obligó a diferentes tribunales a reabrir las causas pendientes, incluida la de los jesuitas.
Los salvadoreños recordarán mañana sábado los 30 años del asesinato de seis padres jesuitas, y continúan a la espera de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema resuelva un recurso que impide el avance del proceso penal.
