SOBRE EL RETIRO VOLUNTARIO DE DOCENTES
El pasado 23 de julio, el Presidente de la República, Nayib Bukele, vetó el Decreto Legislativo 366, que le otorga al personal docente una compensación económica por retiro voluntario. Los gremios de docentes le piden a la Asamblea Legislativa superar el veto presidencial. Sobre este particular, Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) expresa lo siguiente:
- En El Salvador, hay aproximadamente 5,000 docentes en edad de jubilación pero que no se jubilan porque recibirían pensiones muy bajas, que no les alcanzarían para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el pago de deudas adquiridas.
- Las bajas pensiones se deben a la privatización del sistema realizada en 1998, por diputados de ARENA, PCN y PDC cuando surgieron las AFP privadas y se precarizaron las condiciones de jubilación, al aumentar los años y los porcentajes de cotización y ampliar de 36 a 120 meses el promedio salarial para el cálculo de la pensión, la cual dura hasta que se agotan los fondos individuales en las AFP, tras lo cual el gobierno asume el pago de una pensión mínima de US$207.
- Desde hace cinco años, la Asamblea Legislativa ha venido aprobando, por iniciativa de los gremios magisteriales, decretos transitorios que les garantizan al personal docente que se retire voluntariamente, una compensación económica a sus bajas pensiones. Entre 1,000 y 1,100 docentes se han acogido cada año a dichos decretos. Una minoría de esta población estaba pensionada y seguía laborando por necesidad de ingreso.
- La jubilación de docentes es necesaria para que se vaya dando un relevo generacional en el magisterio, pues el Ministerio de Educación llenaría las plazas vacantes con personal docente nuevo.
- El decreto 366, vetado por el presidente Bukele, incluye a la población docente que no se acogió a los anteriores decretos y le otorga el mismo derecho de compensación: alrededor de 15 salarios por docente, o sea, US$15,000 en total.
- Un argumento para el veto es que no se dispone de fondos para cubrir la compensación económica, No obstante, el monto total para 1,000 docentes (US$15 millones aproximadamente) no debe ejecutarse del actual Presupuesto, sino del que se apruebe para el 2020.
- Otro argumento es que el decreto violaría la Ley de Responsabilidad Fiscal, específicamente el artículo 10, inciso c, que establece: “después del período de consolidación fiscal, los gastos de consumo, entendidos por remuneraciones y bienes y servicios, no deben ser mayores al 14.0 % del PIB. Con ese propósito, los rubros de remuneraciones y bienes y servicios no podrán crecer más allá del crecimiento del PIB Nominal”.
- Las estadísticas niegan el argumento anterior. El período de consolidación fiscal es de tres años y como inició en 2017 termina este año. En ese período, el PIB Nominal creció 4.1% promedio. Si en 2020 crece en ese porcentaje (lo cual es posible) rondará los US$28,000 millones. En cambio, un aumento de US$15 millones en la compensación para docentes solo incrementaría los gastos de consumo en 0.6%, de US$2,300 millones en 2019 a US$ 2,315 millones en 2020, que como porcentajes del PIB solo alcanzarían el 8.3%.
- Apoyar al personal docente en edad de jubilación para obtener un retiro digno fue una promesa de campaña del actual Presidente de la República, por lo que se espera que garantice ese retiro digno al personal docente, sin necesidad de estar recurriendo a decretos transitorios.
- PROES considera que la Asamblea Legislativa debe atender la demanda del sector magisterial para que alrededor de 1,000 docentes se jubilen voluntariamente con una adecuada compensación económica. Además, debe buscar una forma de generar condiciones dignas para la jubilación del personal docente y de toda la población trabajadora que sigue sin jubilarse por las bajas pensiones del sistema privatizado.
9 de agosto de 2019
