Este lunes 10 de septiembre, Jorge Arreaza, canciller de Venezuela presentó algunas de conclusiones del informe de Alfred-Maurice de Zayas, experto independiente de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, en el marco de la 39 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
Por su parte, el portal web Misión Verdad publicó un resumen exclusivo del informe de Alfred de Zayas, quien fue nombrado experto independiente por el Consejo de Derechos Humanos desde el 1° de mayo de 2012 hasta el 30 de abril de 2018.
Alfred de Zayas visitó Venezuela y después de si visita constató el efecto de las sanciones, así como la inexistencia de una verdadera crisis humanitaria en cual expresa en el siguiente resumen publicado por el portal web mencionado:
Contexto de una visita a un país bajo asedio
Alfred de Zayas resaltó que su paso por Venezuela vino acompañado de una atmósfera de intimidación orientada a forzarlo a ubicarse en “un molde predeterminado”. En este contexto, “recibí cartas de algunas ONGs que me pedían no continuar (con mi trabajo) por no ser el relator ‘pertinente’ y casi dictando lo que debía incluir en el informe”.
Por esto, además, recibió ataques desde las redes sociales, lo que le pareció una “incitación al odio” por parte de críticos que pareciera que no toman en cuenta la idea de que “un experto independiente tenga un pensamiento autónomo sopesado en pruebas”. Eso lo llevó a pensar que para estos críticos los derechos humanos son “armas de demonización no solo contra gobiernos sino también expertos”.
Definición que habla de un abierto clima de hostilidad contra la presencia de Zayas en el país por parte de un amplio espectro de actores políticos e institucionales.
En este marco, el experto independiente de la ONU se entrevistó con autoridades oficiales, expertos y dirigentes de oposición, a los que consultó sobre los impactos de las medidas adoptadas por varios Estados con el “objetivo de afectar directamente e indirectamente el funcionamiento de la economía venezolana”.
En su visita, además, pudo constatar, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), y citando los trabajos de Pascualina Curcio, el “pernicioso tipo de cambio publicado en un sitio web (Dólar Today) que no se basa en transacciones reales y evidentes de compraventa. El cual ha tenido un impacto negativo en la economía”.
De la misma forma, el BCV le informó sobre cómo “calificadoras de riesgo, principalmente Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, han emitido permanentemente una calificación negativa sobre la capacidad de la República para realizar pagos externos, lo cual esencialmente ha cerrado sus posibilidades de acceso al mercado financiero”.
De Zayas, además, pudo conocer de primera mano, a través de autoridades oficiales, los fenómenos de acaparamiento de medicinas y alimentos, como “el papel de grupos delictivos internaciones en el robo de recursos públicos, alimentos y medicinas que llegan hasta países vecinos”.
Esto lo enmarcó dentro “de una guerra econbmica que no dista mucho de las guerras no convencionales contra Cuba, Chile (de Salvador Allende) y Nicaragua”.
Sobre sanciones económicas y crímenes de lesa humanidad
En su informe, aparte, el experto independiente resaltó que las sanciones económicas contra Venezuela, ordenadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, “contraviene el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas” porque “afectan a poblaciones inocentes”.
En este sentido, enumeró las diversas condenas de los órganos de las Naciones Unidas contra medidas coercitivas como las aplicadas contra la República Bolivariana, entre las que destacó la renuncia de dos subsecretarios generales de la ONU durante la década del 90 en protesta por las sanciones contra Irak que causaron la muerte de 1 millón de personas, lo que calificaron como una “forma de genocidio”.
Según de Zayas, en el caso venezolano los “efectos de las sanciones de Obama y Trump, como las medidas unilaterales por parte de Canadá y la Unión Europea, han agravado directa e indirectamente la escasez de medicamentos como la insulina y los antirretrovirales, lo que ha ocasionado demoras en su distribución y ocasionado agravantes en numerosos casos de muerte”.
Uno de los casos que puso como ejemplo fue la negativa de Colombia de entregar medicamentos contra la malaria para combatir un brote de la enfermedad en noviembre de 2017. Esto en su opinión hace a Colombia y a la comunidad internacional que no condenó este hecho “implica su corresponsabilidad por el agravamiento de la crisis” en Venezuela.
De acuerdo al informe, este tipo de consecuencias pueden ser consideradas como “crímenes de lesa humanidad” en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, que establece: “Un ataque a una población civil se entenderá como una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque”.
En esta línea, señaló que pudo constatar, a través del BCV, cómo las sanciones “además de obstruir el acceso al financiamiento externo y los pagos internacionales, han afectado el funcionamiento normal del aparato productivo nacional, creando una reducción de la oferta de bienes y servicios locales”. Muestra de esto es que el BCV puede utilizar 14 de sus cuentas corresponsables en el exterior, lo que ha generado “obstáculos para los pagos del sector público para importar medicinas y alimentos”.
De acuerdo al experto independiente de la ONU, “las sanciones y los bloqueos económicos de la actualidad se comparan con los asedios medievales de las ciudades con intención de obligarlas a rendirse. Sin embargo, en el siglo XXI tienen como intención doblegar no solo a ciudades, sino a países soberanos”. La diferencia es que ahora en el siglo XXI van “acompañadas de la manipulación de la opinión pública a través de noticias falsas, relaciones públicas agresivas y una pseudo-retórica de derechos humanos para dar la impresión de que los fines de derechos humanos justifican los medios criminales”.
Apreciación de la crisis humanitaria y mediación internacional
El informe de Alfred de Zayas remarcó que en Venezuela “hay una crisis económica que no se puede comparar con la crisis humanitaria en Yemen, Libia, Siria, Irak, Haití, Malí, la República Centroafricana, Sudán, Somalia o Myanmar”, según los datos que pudo recabar la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura”.
Según Zayas, esta afirmación se sostiene, además, en que en los informes de la FAO de diciembre de 2017 y 2018, “Venezuela no aparece dentro de las 37 crisis alimentarias del mundo consideradas por el organismo”. En este contexto, para él existe una “campaña mediática que pretende forzar la percepción de que en el país existe una crisis humanitaria”, que puede emplearse indebidamente como pretexto para una intervención militar.
Sobre este punto, el experto independiente indicó que “algunos consideran que determinados países no quieren ver una solución pacífica al conflicto venezolano y prefieren prolongar el sufrimiento del pueblo de ese país con la expectativa de que la situación alcance el umbral de una crisis humanitaria y provoque una intervención militar para imponer un cambio de régimen”.
Esta afirmación de Zayas parte del fracaso de la mesa de diálogo nacional de República Dominicana, dirigida por el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Según informes citados por el experto, “el Acuerdo de Coexistencia Pacífica fue firmado por el gobierno, pero un llamado desde Colombia presionó a los dirigentes de oposición para que no firmaran después de dos años de negociaciones”.
En esta tónica, el experto independiente recomendó que el país sea receptor de la solidaridad internacional para afrontar las sanciones, además de que la Asamblea General de la ONU analice si las sanciones contra Venezuela no equivalen a crímenes de lesa humanidad cuando “un gran número de personas mueren debido a la escasez de alimentos y medicinas”.
Mientras que en sus reflexiones destacó que con “el fin de desacreditar a determinados gobiernos, se maximizan sus falencias en el campo de los derechos humanos para hacer más aceptable su derrocamiento violento, ya que los derechos humanos se están convirtiendo en armas contra los rivales de quienes lo instrumentalizan, pese a que constituyen el legado de cada ser humano y jamás deberían ser utilizados como armas de satanización”.
En una clara referencia a la utilización que se hace de los derechos humanos contra Venezuela, mientras que interesadamente se obvian los efectos de las sanciones y las agresiones contra la población civil que habita en el país.
Específicamente sobre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y su porvenir en el mediano plazo, Estados Unidos decidió retirarse el pasado mes de junio, autoexcluyéndose de esta instancia, de las resoluciones que allí se emiten y perjudicando su credibilidad hacia Venezuela desde los derechos humanos.
En ese sentido, el Informe de Zayas adquiere una mayor importancia a lo interno del sistema internacional, donde Estados Unidos busca mover sus piezas para legitimar una acción de fuerza contra el país.
