Esta semana el régimen salvadoreño lanzó arbitrarias acciones represivas contra defensores comunitarios y de derechos humanos. Fue una forma de advertir a las organizaciones populares y a la oposición en general, lo que espera a quienes opongan resistencia al proyecto elitista empresarial, de transferencia de capitales de lo público a lo privado e hiper-concentración de poder, afectando las condiciones de vida de amplios sectores populares.
A sangre fría y a mano armada
Así se puede describir el asalto del Estado salvadoreño por un grupo de nuevos ricos insaciables, decididos a aplastar lo que pueda quedar del Estado de Derecho, la Justicia, la Constitución, y toda ley que obstaculice la acumulación permanente de ganancias a sus empresas y amigos asociados, nacionales y extranjeros, a costa del hambre del pueblo.
Cuando ese pueblo evidencia su resistencia, la violenta respuesta del régimen expresa su temor ante la organización popular. Sus acciones son a la vez preventivas y defensivas. El proyecto reaccionario muestra signos de agotamiento, por eso el pedido desesperado a multimillonarios latinoamericanos a que inviertan en El Salvador.
Las detenciones, allanamientos y amenazas contra defensores de derechos humanos como Fidel Zavala, sindicalistas, activistas, ambientalistas, periodistas, y contra ex funcionarios de gobiernos del FMLN se multiplican. Simultáneamente, avanzan en el despojo de tierras ocupadas por más de una década por humildes familias, como en el caso de la finca la Floresta, capturando dirigentes comunales para que el resto abandone los terrenos por miedo.
Lo que la historia nos recuerda
La historia de la lucha del pueblo salvadoreño demuestra que no importa cuánto sea reprimido, cuánto sea insultado, maltratado, aplastado, explotado, encarcelado o desaparecido; siempre, más temprano que tarde, ese pueblo prevalece y toma la justicia en sus manos, para que los sátrapas rindan cuentas y paguen sus deudas.
Recordamos en estos días los acontecimientos en torno al 28 de febrero de 1977, en el parque Libertad, del centro de San Salvador, cuando miles de activistas y partidarios de la Unión Nacional Opositora (UNO) se concentraban para denunciar el fraude en las elecciones presidenciales del 20 de aquel mes.
En las primeras horas del 28, los cuerpos de seguridad cercan la plaza. No dispersan la manifestación, la encierran para masacrarla. Entre disparos, gritos y desesperación la gente corre en todas direcciones. Algunos se resguardan en la iglesia El Rosario, inundada de gas lacrimógeno. Los muertos se multiplican, así como las personas heridas y las que jamás aparecerán.
Entre 100 y 300 muertos, registra en sus archivos de la época la revista ECA, de la UCA, pero al día siguiente la prensa oficial solo reportaba un muerto, y las calles habían sido lavadas a conciencia para que la sangre no pueda ser registrada en las fotos. El estado de sitio impuesto se extenderá por años.
La dictadura, como hoy, negaba toda evidencia, culpaba a las víctimas y disfrazaba la realidad. Creía que cercenando libertades, persiguiendo opositores y gobernado con estado de sitio controlaría las ínfulas populares. El camino que llevó a la guerra estaba trazado. El resto es bien conocido.
Hoy parecen empeñados en repetir actitudes, falsear realidades, limitar libertades, gobernar bajo estados de excepción y perseguir indiscriminadamente, creyendo que con ello seguirán “en control”. No aprenden de la historia.
Saben que su obediencia al FMI profundizará la frustración e indignación de las masas populares empobrecidas. La cláusula fondomonetarista que indica que los 1,400 millones de dólares llegarán a plazos, en función del cumplimiento de los compromisos, vuelve a dejar al régimen en condiciones desventajosas y precarias.
Crean una ley anti-corrupción para cumplir con las formas, pero usándola para perseguir políticamente a sus adversarios y controlar a sus propios socios corruptos. Transparentar las finanzas públicas, otra exigencia del FMI, va en contra de la lógica oficial, que lleva la opacidad como bandera.
“Reniega” del bitcoin de palabra y se humilla a derogar su ley estrella que reconocía el criptoactivo como moneda de curso legal, pero insiste en su uso y en su compra, y hasta utiliza el “argumento cripto” como supuesta ventaja comparativa, para tratar de engatusar al grupo de millonarios que reunió en Casa Presidencial pocos días atrás.
Puede que las nuevas autoridades en la Casa Blanca le permitan abusar por un tiempo del poder del Estado contra sus ciudadanos, pero el ejemplo miserable de Zelenski, tratado como un sirviente díscolo por los mandamases en la Oficina Oval, debería recordarle que su poder tiene límites, si pone en peligro la estabilidad que necesita garantizar Washington en tierras que trata como suyas, como demostró en su primera gira el pro-consul Rubio.
La represión no impide la debacle económica
A medida que el modelo de dominación impuesto en 2019 empieza a mostrar grietas cada vez más visibles, quedan expuestas las limitaciones y debilidades de un régimen que había sido diseñado para perdurar por décadas, pero que hoy evidencia errores de cálculo de una burguesía perdida en su laberinto.
Los datos explican por qué cada vez el régimen recurre a la persecución contra quien se oponga a sus planes. Se supo esta semana de boca del mismísimo presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, que el sector perdió 10,000 empleos en 2024. Las estimaciones de crecimiento económico para el año pasado no superaban el 2.5%, e incluso algunos economistas advertían que podría ser de solo 1.7%, debido a una reducción en la actividad económica de sectores como el textil, que habría cerrado con una caída del 10%.
Con resultar preocupantes, las cifras cobran real dramatismo en su contexto temporal, porque la realidad es que el sector industrial viene cerrando puestos de trabajo de manera consistente desde hace al menos dos años.
El Economista[1], reseñaba en abril de 2024, el historial de esta crisis de empleo. Citando al Banco Central de Reserva (BCR), informaba que en 2023 se habían perdido 10,050 empleos en la industria; en 2022 un total de 151,350 personas estaban sin trabajo, pero al cierre de 2023 el número había crecido a 161,400 (6.6%).
También se conoció en estos días el dato de Población Económicamente Activa (PEA) del último censo de población. Según la encuesta nacional, un 11.8% de personas que forman parte de la PEA trabajan en el Gobierno, mientras que en el censo anterior, este porcentaje fue de 8.4%.
Desde 2019 hasta 2024, el gobierno creció en 23,558 trabajadores hasta totalizar 205,302 plazas en el presupuesto de 2024. Según el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), solo en 2024, instituciones del Estado y autónomas cesaron de sus cargos a un total de 3,847 empleados públicos. Recordemos que el acuerdo con el FMI exige al gobierno expulsar 11,000 trabajadores del sector público.
En cambio, el porcentaje de personas que labora en el sector privado se redujo, pasando de representar 47.0% de la PEA en 2007 a 45.3% en 2024. Según estos datos oficiales, los trabajadores por cuenta propia pasaron de 28.7% en 2007 a 29.3%, Ese porcentaje parece lejano a la realidad; un número considerable de economistas coinciden que la cifra debería ser consistente con los niveles de informalidad de la economía, que ronda el 70%.
Desplome de la democracia y gabinete oculto
El Salvador siguió cayendo por quinto año consecutivo en el índice de la democracia en el mundo elaborado por la revista The Economist. Para 2024 obtuvo una nota de 4.61, la más baja en los últimos cinco años, que lo ubica como “régimen híbrido”.
The Economist evalúa las democracias en 167 países y las clasifica en cuatro categorías: democracias plenas, democracias debilitadas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. El país ocupa el puesto 95, cayendo 24 puntos desde 2019.
No parece casualidad que ese creciente deterioro de las condiciones consideradas democráticas coincidan con niveles inusitados de oscuridad en la información oficial. Como ejemplo, hace ya ocho meses que el actual mandatario usurpa el poder Ejecutivo contra la prohibición constitucional para su reelección.
Desde entonces, ni siquiera se ha dado a conocer la composición de su gabinete, que actúa como una continuidad del equipo de trabajo del gobierno anterior, a pesar que el nombramiento del gabinete de gobierno debe ser publicado en el Diario Oficial como el acuerdo 1, al inicio de una gestión presidencial, según ordenan las Disposiciones Generales con que se ejecuta el Presupuesto General de la Nación.
Al mismo tiempo, los medios informan que el Ejecutivo ha decidido agrupar ministerios y autónomas en 19 gabinetes. Lo anterior, aseguran, proviene de fuentes confiables pero anónimas, porque el gobierno restringe el contacto de funcionarios con los medios bajo pena de sanciones severas o expulsión.
“Cada gabinete responde a un coordinador, quien organiza el trabajo administrativo y comunicacional, para lo cual han designado a encargados. Estos son quienes promueven la propaganda gubernamental de cada grupo; pero siempre con el aval del coordinador”, señalan.
Esa propaganda gubernamental se ha diversificado, según las fuentes, pues mantiene una fuerte apuesta por las redes sociales y plataformas digitales. Explican que a los colaboradores contratados en los diferentes ministerios y autónomas en el área de comunicaciones, los han distribuido en distintos roles como guionistas, editores y distribuidores de los materiales.
“En resumen, de acuerdo con la información compartida con este medio [LPG], cada gabinete debe producir material propagandístico que promueva las distintas obras del Ejecutivo, independientemente si forma parte de la institución a la que pertenece.
Las fuentes consultadas explican que los coordinadores reciben directrices directamente de Casa Presidencial, más específicamente de Sofía Medina, quien hasta el periodo pasado fungía como secretaria de Comunicaciones de la Presidencia. Además, hay equipos que también mantienen comunicación con los asesores venezolanos que trabajan con el Ejecutivo.”[2]
Todo esta dicho: propaganda, concentración de poder y de riqueza, transferencia de lo público a lo privado, extractivismo y represión preventiva para impedir rebeliones. He ahí el plan maestro gubernamental para el periodo. Del pueblo depende que pueda cumplirlo.
[1] https://www.eleconomista.net/economia/10000-personas-perdieron-su-empleo-en-El-Salvador-durante-el-ano-2023-segun-estadisticas-del-BCR-20240408-0001.html
[2] Ejecutivo agrupa ministerios y autónomas en 19 gabinetes
