La Marcha Blanca del 19 de octubre de 2024 en San Salvador entró en la historia de luchas del movimiento sindical combativo y de la clase trabajadora consciente de su papel en la defensa de sus conquistas.
La lucha reivindicativa, como en muchos otros momentos del largo caminar de la clase trabajadora, está produciendo en El Salvador un salto de calidad, transformando las demandas justas, honorables, en defensa de condiciones salariales conquistadas a lo largo de décadas, en una gesta política, que abraza al conjunto de fuerzas populares en resistencia ante el autoritarismo, la arbitrariedad, la injusticia y la política oficial de hacer caer el peso de la crisis en las espaldas de la clase trabajadora y las grandes mayorías populares.
Quien promovió ese salto de lo reivindicativo a lo político, fue el mismo gobierno ilegítimo con sus acciones de represalia. Ese salto se genera a partir de la reacción violenta, insolente y de pánico de las clases dominantes, representadas en el actual régimen autocrático de carácter dictatorial.
¿A que le teme el gobierno y la burguesía? Al despertar de un pueblo que llevaba demasiado tiempo dormitando al son de la canción de cuna oficial, que nos vendía un país seguro, feliz, en armonía, donde todo era libertad, paz y amor.
El país de fantasía, prefabricado en las usinas mediáticas de la casa presidencial salvadoreña, es aquel que fue a difundir falsamente el jefe del Ejecutivo en su discurso en Naciones Unidas. Afirmó allí, sin que le temblara un músculo, que la libertad de expresión en su país se respetaba a rajatabla, que no se represaliaba por cuestiones políticas a la oposición, ni a quienes reclamen sus derechos.
Al oír aquellas palabras el mundo habrá asumido que la libertad sindical estaría en su esplendor. Difícil, sin embargo, hacer compatible esa narrativa con la realidad de cerca de un centenar de despedidos, represaliados por marchar el 19 de octubre.
Costará enmarcar esa libertad de expresión, de reclamo y de protesta, en las denuncias efectuadas por dirigentes sindicales -también despedidos de sus puestos laborales- ante el hecho demostrable que los autobuses que trasladaban trabajadores para integrarse a la protesta fueron bloqueados por la autoridad, impidiendo el acceso de centenares a una marcha legal pacífica y legítima.
Ese es el país real que pretenden ocultar también desde el Legislativo, donde los diputados oficialistas fingieron escandalizarse por las afirmaciones sindicales que exponían la causa de la supresión de plazas laborales. Como ya es costumbre, negaban hasta lo evidente y acusaban a la oposición de “inventar noticias falsas”.
Lo cierto es que el jueves recién pasado el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) denunció que la cifra de trabajadores despedidos sigue en aumento. Contabilizaban al menos 63, entre docentes y personal que labora en el área de salud.
Entre las despedidas figura la secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), Idalia Zúniga, sindicato docente que no capituló ante la encerrona gubernamental destinada a hacer fracasar la marcha del 19 con engaños, negociaciones sujetas a reserva, y promesas que solo dicen conocer los dirigentes que se plegaron a la voluntad patronal del Ejecutivo.
Tan vergonzoso resultó el episodio de los despidos, que hasta aquellos sindicalistas que optaron por el contubernio y el secretismo, cediendo a las exigencias del gobierno, se vieron en la obligación de condenar esos hechos, que pisotean el fuero sindical y los acuerdos internacionales firmados por el Estado salvadoreño.
Fue precisamente Idalia Zúniga, quien denunció algunos de los despidos. “Hoy [jueves] por la mañana, 42 trabajadores de la salud aglutinados en SITMSPAS fueron llamados a las 6:00 de la mañana y han sido suprimidas sus plazas. Se los dijeron por teléfono”, informó Zúniga.
La actitud oficial es recurrente. El 8 de agosto del año pasado, sindicatos de salud se concentraron frente al Ministerio de Salud (MINSAL) para exigir el pago de vacaciones y horas extras. Días después, varios de los que asistieron a la actividad fueron despedidos. En aquella ocasión las gremiales contabilizaron al menos 30 despidos, entre médicos, enfermeros, enfermeras, personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), personal administrativo, entre otros.
Tampoco olvidamos los despidos del personal de Cultura, en una emboscada que supuestamente se dedicaría a escuchar los reclamos de los trabajadores. Igual técnica utilizaron durante la primera administración celeste con trabajadores sindicalizados del Ministerio de Obras Públicas.
En más de un caso ha habido detenciones o privaciones ilegítimas y temporales de la libertad. Esta vez no fue la excepción y sindicatos de salud denunciaron la detención de al menos una enfermera, a quien fueron a capturar a su domicilio la noche del 19 de octubre.
Perseverar en la lucha
Pese al esfuerzo permanente del gobierno por publicitar su gestión como si fuese exitosa, la verdad es que ya durante los cinco años previos, pero en particular desde la usurpación del poder el pasado 1 de junio, la administración ha venido demostrando una notable incapacidad para dar solución a los problemas más acuciantes de la gente.
Al mismo tiempo, hace esfuerzos por mantener un precario equilibrio entre sostener su falsa imagen de éxito y avanzar en las exigencias del FMI, para poder contar con líneas de crédito a tasas menos onerosas que las que sigue pagando en el mercado mundial por créditos otorgados a un país que no inspira confianza ni a inversionistas ni a especuladores.
Se sabe que el FMI, además de esperar que el gobierno aumente el regresivo IVA, haciendo recaer aún más el peso de la crisis sobre el pueblo, mantiene su exigencia de reducir más de once mil empleados públicos de la planilla estatal en 2025.
Esto es lo que los burócratas de las multilaterales llaman “quitar grasa” pero que para el pueblo representa más gente sin empleo, miles de familias pasando a niveles de precariedad y pobreza, y un enorme deterioro de las ya duras condiciones materiales de vida de cientos de miles de personas.
Esos son los planes que el mundo de las finanzas y la especulación, así como las multilaterales controladas por las fuerzas imperiales de occidente, tienen para El Salvador como precio para que su gobierno acceda a créditos más blandos, cuando se someta a los designios de los grandes capitales financieros concentrados.
El salto al vacío de la dependencia total es el precio que la oligarquía salvadoreña y el grupo burgués emergente deberán pagar para estabilizar su economía y avanzar en la concentración capitalista en cada vez menos manos de la élite en el poder, incrementar su tasa de ganancia, y asegurar su continuidad al frente del Estado, para fortalecer sus planes de consolidación como clase dominante hegemónica.
Lo anterior constituye una verdadera declaración de guerra para el pueblo, que verá multiplicadas las medidas de “austeridad”; en realidad, maniobras de concentración de capital y ganancias para el clan en el poder.
Tal como lo vienen advirtiendo dirigencias honestas, que no abandonan sus obligaciones para con sus compañeros, y asumen la responsabilidad y los riesgos de encabezar sus luchas, el futuro se presenta como una sucesión continuada y creciente de protestas sociales en calles, en redes y en el plano internacional.
La denuncia popular ya no se limita al reclamo por violaciones a derechos humanos en las cárceles del país, convertidas en centros de tortura y exterminio para quienes en muchos casos no han tenido acceso ni siquiera a un abogado o a defensa alguna. Hoy la lucha se amplía a la defensa de las libertades sindicales, contra la persecución política y las represalias del gobierno y sus políticas de ajuste.
El presupuesto presentado el 30 de septiembre agotó la paciencia popular. La calificadora Fitch Ratings advertía del peligro hace pocas semanas: «… estas ambiciosas medidas se enfrentan a riesgos de ejecución. La aplastante reelección del presidente Nayib Bukele en febrero significa que es probable que las medidas de gasto se apliquen en su totalidad sin oposición significativa del Congreso u otras instituciones públicas. Sin embargo, aunque ha insistido en la necesidad de realizar difíciles ajustes económicos en su segundo mandato, creemos que el presidente se mantendrá alerta a las señales de descontento popular«, escribió la entidad.
El presupuesto como herramienta de agresión contra el pueblo
Como se sabe, el presupuesto proyectado para 2025 reduce recursos para Salud, Educación, Agricultura, Hacienda y Justicia, y aumenta la asignación a Defensa (Fuerza Armada), a Presidencia, al Órgano Judicial y a Gobernación y Desarrollo Territorial. Por lo tanto los recortes impactarán a los sectores sociales que más dependen de los servicios públicos.
Salud y Educación son las que más se recorta, e incluye medidas como la suspensión de aumentos y nivelaciones salariales, prohibición de abrir nuevas plazas, y congelamiento de los escalafones de salud y de educación. Todas esas medidas agresivas contra la clase trabajadora fueron catalizadores para la movilización popular del 19 de octubre. Esta marcha, a su vez, según anuncios de las mismas centrales sindicales, son el inicio de planes de lucha y acciones de calle.
Hace poco más de cinco años, muchas de estas fuerzas y sectores laborales fueron instrumentales en el apoyo al entonces emergente candidato presidencial de GANA-Nuevas Ideas y sus discursos populistas antipolítica. Hoy, muchos de quienes ayer los llevaban en volandas marchan en protesta contra sus políticas.
Tampoco hay que olvidar que la deuda del Estado con los ahorros de los trabajadores en las AFP sobrepasa los 10 mil 230 millones de dólares, 5 mil millones más que en 2019, y gracias a la reforma al sistema de pensiones impulsada por el oficialismo, el Gobierno no pagará intereses ni capital de esa deuda hasta 2027, si acaso entonces la honra.
El tren de gastos de la élite en el poder continúa a costa del mismo pueblo al cual, en un acto de soberbia autocrática, el mandatario hizo jurar en la plaza pública no protestar ante la medicina amarga que les prometió. Hasta el momento, parece la única promesa que el gobierno está dispuesto a seguir cumpliendo.
