Por Leonel Herrera*
Mientras se realizaba la vista pública contra los ambientalistas de Cabañas, la Fiscalía General de la República montó una campaña de desinformación en redes sociales y medios afines al oficialismo. Decía que había presentado “pruebas contundentes” sobre la culpabilidad de los procesados.
Violando su propia reserva de información, la Fiscalía difundió audios, videos y hasta fotografías manipuladas de algunos procesados. Esto, con el fin de incidir en la opinión pública y posiblemente para buscar un fallo favorable a sus pretensiones: ante la falta de pruebas y argumentos en el juicio, la alternativa era presionar mediáticamente al tribunal.
Sin embargo, la realidad pronto desmontó las falacias de la propaganda fiscal cuando, por unanimidad, las tres juezas que integran el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque resolvieron que la Fiscalía no pudo acreditar un mínimo probatorio sobre los delitos imputados y mucho menos sobre la participación de los acusados en su cometimiento.
Las juezas también determinaron que el caso (aún si hubiera existido) no corresponde con el perfil de crimen de lesa humanidad planteado en el Estatuto de Roma y demás instrumentos del derecho penal internacional y que, por tanto, no procede la acción penal debido a la prescripción establecida en la legislación aplicada. Por tanto, decretó el sobreseimiento definitivo y la libertad inmediata de los líderes comunitarios.
En otras palabras, el tribunal estableció que la acusación era totalmente improcedente y que el caso nunca debió haber sido presentado por la Fiscalía o nunca debió ser admitido por el Juzgado de Paz de Victoria ni enviado a juicio por el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque. Estas instancias estuvieron en la obligación de rechazar el espurio requerimiento fiscal.
Así que la Fiscalía mintió: quiso hacer creer que investigaba un supuesto delito de la guerra y que buscaba justicia para unas víctimas. El desenlace del proceso estaría confirmando que se trató de un montaje cuyo propósito real era perseguir y criminalizar a cinco de los detenidos por lo que hacen ahora: defender el medioambiente y oponerse a la reactivación de la minería metálica, como habían denunciado las organizaciones sociales desde el inicio.
La Fiscalía le mintió a la población y a los tribunales de justicia. Además, su mentira fue constatada por varios representantes diplomáticos y otros miembros de la comunidad internacional que estuvieron presentes en el juicio.
Se dice que “la mentira tiene patas cortas”, pero ésta de la Fiscalía las tenía algo largas: le duraron 21 meses, gracias a que dos juezas genuflexas y violadoras del debido proceso le dieron validez. Sin embargo, en la fase de sentencia se encontró con un tribunal de verdad y unas juezas decentes e independientes que no respondieron al guion fiscal y no sucumbieron ante intereses extrajudiciales que conspiraron para montar esta farsa jurídica.
Enhorabuena para las honorables juezas del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque. Ojalá otros aplicadores de justicia se animen a perder el miedo, se liberen del sometimiento al gobierno de turno y actúen en base a la legalidad, el debido proceso y la verdadera justicia.
Por lo demás, la absolución de los líderes comunitarios es un triunfo de Santa Marta, ADES y todas las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, religiosas y académicas del movimiento social salvadoreño, junto a diversos actores de la comunidad internacional, que respaldaron decididamente la campaña por la libertad de los activistas antimineros.
Por el presente y futuro del país, es deseable que este triunfo popular, en un contexto político tan adverso, fortalezca las luchas de pueblo en la defensa de sus derechos, en la reversión del autoritarismo y la construcción de nuevos caminos hacia un país realmente democrático, justo, incluyente, pacífico, transparente, equitativo y sustentable.
Finalmente, cerrando con la Fiscalía, ojalá ahora tenga la decencia de abstenerse de apelar el fallo para no seguir dilatando el fin de este proceso judicial. Como bien han sugerido las organizaciones sociales, la Fiscalía debería dedicarse a investigar los verdaderos crímenes de la guerra, empezando por las horrendas masacres cometidas por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares contra Santa Marta y comunidades aledañas durante el conflicto armado.
Ojalá que así sea.
*Periodista y activista social.
