Lourdes Argueta
Abogada
A 203 años de la firma del acta de independencia de la corona española, seguimos luchando por nuestra verdadera independencia, nuestra economía sigue siendo dependiente del yugo de las grandes corporaciones económicas y extractivistas que impone el neoliberalismo a los países de la periferia subdesarrollada, saqueada y explotada, condenados a la miseria y bajo nivel de desarrollo humano y, en consecuencia, con marcada diferencia y desigualdad social entre quienes no tienen nada, que son las grandes mayorías, y los que concentran mucho en pocas familias; por lo tanto, no existe justicia social.
Es inevitable exponer las condiciones de desigualdad, exclusión y marginación social de un pueblo que sale a conmemorar un año más de independencia con los símbolos patrios como orgullo de nuestra identidad salvadoreña, por lo que parece desafortunado poner en contraste el contenido real de esa independencia que celebramos, como parte de las tradiciones inculcadas históricamente por el sistema educativo del país, que impuso la versión de los poderosos de la época y que hasta el día de hoy se sigue reproduciendo y conmemorando.
Sin embargo, es necesario no seguir naturalizando una narrativa que invisibiliza la lucha de este pueblo por alcanzar una verdadera y justa independencia, porque a más de cinco siglos de la invasión y a dos de la llamada independencia, el pueblo sigue siendo sometido y explotado por la elite de poder político y económico mediante diferentes instrumentos de dominación cultural y en ello, el sistema educativo es pieza fundamental para imponer la ideología de la clase dominante.
Si no lo hacemos, cultivar nuestra verdadera historia e identidad salvadoreña seguirá siendo una asignatura pendiente de las fuerzas sociales, populares y de izquierda que mantenemos una agenda de lucha y resistencia al sistema. Mientras no avancemos en ello, seguiremos teniendo dificultades para fomentar consciencia de clase, y el reflejo será siempre en el nivel de organización y movilización popular que alcancemos.
La apuesta del ejecutivo de negar y deslegitimar la verdadera historia tiene como propósito profundizar la dominación cultural, la perpetuación de la democracia de los ricos, llamada representativa cuando lo único que representan son los intereses de la elite social y económica del país, que se fortalece de la naturalización y resignación de la pobreza, exclusión, marginación y explotación como expresiones reales de la división de clases; y pretenden además, acentuar el desconocimiento de la lucha histórica del pueblo organizado, que logró desmontar décadas de dictaduras sangrientas que reinaban en el país como consecuencia del poder que llegaron a ejercer los militares como guardianes de los intereses de los terratenientes, que fueron los que si alcanzaron independizarse de la corona española y pasaron a dominar mediante la represión desde los poderes del Estado a la población; para esto, fue determinante el poder militar.
Es lógico que si el gobernante de turno pretende convertirse en una especie de redentor supremo de la sociedad, deba ocultarse el verdadero heroísmo de un pueblo que tiene como hilo conductor las luchas desde Anastasio Aquino, líder indígena, campesino que encabezó la primera insurrección con el levantamiento de los Nonualcos en 1833, rebelándose contra el poder político que promovió decretos para imponer nuevos impuestos, trabajos públicos forzosos y limitaciones a la propiedad comunal de la tierra, entre otras medidas que afectaban a la población campesina. Sin embargo, fue fusilado y su cabeza exhibida como advertencia contra cualquiera que buscara sublevarse.
Así que, por una parte, tenemos la versión oficialista impuesta por las dictaduras militares, en las que se realza al poder militar desde diferentes expresiones “culturales”; pero en tiempos modernos también han construido una narrativa para lavarles la cara a quienes habían sido expuestos como los mayores transgresores de los derechos humanos, los responsables de las sangrientas masacres, ejecuciones, destierros, desapariciones y que solo la lucha consciente y organizada del pueblo pudo desmontar y relegar. Pero ahora, los reinstalan con grandes méritos, como una fuerza aliada del poder gobernante.
Esto en cierta medida le da fuerza al régimen en formación en el país, donde la doctrina militar se materializa mediante políticas de represión, persecución y violación a los derechos humanos, sin dejar de mencionar la utilización de herramientas modernas y sofisticadas de dominación que no solo imponen una percepción para naturalizar esta instauración, sino que mantiene entretenida a una parte de la población, como un mecanismo para neutralizar cualquier tipo de cuestionamiento que desemboque en organización social.
Desde el ejecutivo se han propuesto consolidar una legión de fanáticos que día a día se enfrentan en diferentes espacios a la voz crítica y consecuente que expone las deficiencias y atropellos del actual gobierno. Esta es una expresión del enfrentamiento social de nuevo tipo, promovido por sentimientos de odio que dividen más a la población; es un enfrentamiento de posiciones, de ideas, de argumentos, contra insultos y defensa fanática que rinde culto a la personalidad del actual mandatario. Esta es la cruel consecuencia de que el pueblo no conozca su verdadera historia e identidad, y que sienta orgullo de participar de eventos que cimentan la historia de las dictaduras militares. No es culpa de ellos, sino del sistema diseñado para mantener en la oscuridad a la población.
En ese ambiente impuesto, parece inoportuno exponer esta contradicción social, cuando la conmemoración la visten de nuestros colores y símbolos patrios que día a día son pisoteados por políticos charlatanes que usufructúan de los privilegios que le concede la democracia representativa, de elites que a conveniencia utilizan nuestros símbolos para fingir patriotismo mientras parasitan del Estado.
Conquistar una autentica y profunda independencia es una misión revolucionaria, donde impere la verdadera libertad, soberanía y autodeterminación de nuestro pueblo, donde se construya y se consolide la democracia participativa y protagónica del pueblo, que tenga el poder de decidir y fiscalizar acciones y recursos en defensa de los intereses de las grandes mayorías.
