Por Ricardo Ayala, Educador Popular
Los sucesos del domingo por la noche, en la que nueve personas perdieron la vida al desplomarse el helicóptero en que se transportaban desde Honduras, tras recibir de las autoridades del vecino país al principal acusado por el desfalco de COSAVI, sacudieron la vida nacional. Es lamentable el fallecimiento de estas personas en tan difíciles condiciones.
Ninguna de los que viajaban en este helicóptero debían morir, incluyendo al mismo acusado por el desfalco de COSAVI, ya que debía responder ante la justicia y resarcir los daños a los afectados, quienes, además de su dinero, depositaron su confianza y esperanza en los responsables de esa institución financiera.
Ciertamente, muchas dudas se ciernen desde el mismo minuto que la Fuerza Armada comunicó la noticia del desplome del helicóptero, y crecerán más provocando mayores especulaciones en la medida se demore la oportuna investigación, principalmente por la conducta del gobierno a ocultar información y empañar los procesos judiciales de cientos de personas capturadas injustamente bajo el régimen de excepción.
La investigación que se emprenda para aclarar las causas que provocó dicho accidente deberá deducir responsabilidades, que pueden ir desde el mantenimiento y estado actual de los medios de transporte aéreo del Estado y sus diferentes dependencias y autónomas, hasta revisar las órdenes apremiantes de retorno al país la misma noche de ese domingo bajo determinadas condiciones meteorológicas, sin evaluar si el retorno fuese mejor por la mañana siguiente.
Sean cuales sean las causas, debe investigarse este accidente. No puede quedarse oculto.
Como sea, el manejo mediático de este trágico accidente ha sido bien utilizado por el mismo gobierno para desviar la atención sobre la última filtración del grupo de hackers CiberinteligenciaSV, quien divulgó abiertamente la base de dato del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en la que exponen información de casi un millón de personas cotizantes de esta institución de salud, incluyendo su información salarial, dirección de residencia, número de documento de identidad personal, entre otros.
El impacto causado por esta filtración no es tanto por la cantidad de personas que cobran apenas el salario mínimo y que no han recibido ningún aumento desde hace tres años, condición que no se vislumbra que cambiará en los próximos meses, a pesar de que la canasta básica sí aumentado significativamente. No, el impacto principal de esa información son los exorbitantes montos cobrados por los funcionarios del gobierno actual y que no se traducen en mejores condiciones de vida del pueblo salvadoreño.
Por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva cobra mes a mes un salario que asciende a $41, 400. Es decir, corresponde a al salario mínimo de 113 trabajadores y trabajadoras.
En un país donde el 70% de la población laboralmente activa se encuentra sin empleo formal, es decir, que trabaja sin previsión social, bajo la ley de sobrevivencia del mercado y condenado a la informalidad, el pago de descomunales y descarados salarios a funcionarios públicos sin un resultado favorable a las necesidades de la gente es una aberración, que debe condenarse, exigir su disminución inmediatamente y que se reintegre a las arcas del Estado el dinero que exceda de un salario correspondiente a las capacidades del empleado (en este caso, el presidente del BCR) y a las condiciones de las finanzas de la institución.
Y esto aplica para todos los actuales funcionarios del Estado con salarios muy superiores a las condiciones de vida del pueblo que dicen representar.
Pero la gigante brecha entre los que reciben un bajo salario y los que cobran gigantescas sumas al final de cada mes no se circunscriben al Estado y sus instituciones. Del restante 30% (los 974,427 empleados en la base de datos hecha pública por los hackers) que se halla empleado en empresas nacionales y privadas, hay dos polos diametralmente diferentes: por un lado, las 170,618 personas que cobran $365 o menos y por otro, las 851 personas que cobran igual o más de $10mil mensualmente. De los 15 salarios más altos registrados en dicha base de datos, 14 son de empresas privadas y 1 de entidades estatales (BCR).
El mayor salario registrado llega casi a los 70mil dólares mensuales y es pagado en una empresa privada, correspondiente al salario mínimo de 187 personas. Mientras los cotizantes de Aseguradoras de Fondo de Pensiones (AFP), reciben pensiones de hambre, por mucho que hayan cobrado un salario digno durante su tiempo laboral, la CEO de AFP Crecer se ubica en el puesto 12 de los salarios más grandes de El Salvador: $44,028.28, correspondiente al salario mínimo de 121 trabajadores o a la pensión mínima de 145 cotizantes.
En este caso, la injusticia social y la desigualdad tienen consecuencias aún más crueles: los ahorros de los cotizantes son manejados para hacer más ricos a quienes deberían usar sus conocimientos y experiencias para lograr una vejez digna y segura a los jubilados, no de hambre y angustias.
La inmensa desigualdad en la estructura socioclasista salvadoreña denota la urgencia de cambio, no solo del gobierno sino del modelo económico que explota a la mayoritaria población día a día en la informalidad o la formalidad laboral.
Lo que recuerda la consigna del pueblo chileno, la Unidad Popular y el presidente Allende, derrocados y asesinados cruelmente un 11 de septiembre de 1973: “no se trata de cambiar presidente, sino de construir un Chile diferente”.
Dicha transformación estructural salvadoreña no puede ser sin la participación activa y protagónica del pueblo, sino, por el contrario, para que sea duradera y sólida, solo bajo su ímpetu.
