La derechista dictadura salvadoreña continúa dando muestras de creciente aislamiento internacional, asfixia financiera, políticas erráticas y una crisis interna que se profundiza a diario.
Todo esto en el mes en que suele enfrentar masivas movilizaciones y protestas populares en reclamo por sus abusos contra los derechos humanos, políticos, económicos y sociales de la ciudadanía.
Este año no será la excepción, y el próximo 15 de septiembre es probable que las expresiones de protesta sean más nutridas, en la medida que crecientes sectores populares han comenzado a entender que el verdadero poder está en sus manos, que nada se puede esperar de un Estado ciego y sordo a sus sufrimientos, de un gobierno inmisericorde e insensible a su dolor, que solo recuerda al pueblo en su propaganda y en sus campañas electorales, para luego abandonarlo a su suerte, mientras dilapida los recursos que pertenecen, con todo derecho, a ese pueblo al que desprecia.
Desde que el régimen autoritario, y hoy usurpador, se fue imponiendo en todas las esferas del poder, las consecuencias de la improvisación, incapacidad y decidida política de privilegios para la élite gobernante, las está sufriendo el ejército de desocupados, trabajadores mal pagados y el incesante número de familias que caen en pobreza y en pobreza extrema.
Hasta hace poco, el régimen sobrevivía elevando el endeudamiento público a niveles inusitados. En ningún caso esas deudas generaron mejoría o prosperidad para las grandes mayorías populares. Lejos de ello, los estudios económicos muestran que la obra pública, los niveles de ejecución presupuestaria y las expectativas de crecimiento ofrecen señales alarmantes.
Drástico deterioro económico
Las exportaciones y las remesas están creciendo a un menor ritmo; la endeble industria se contrajo, la construcción presenta caídas sensibles y la inversión productiva es casi inexistente.
En lo que va de 2024, el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), que permite medir el desempeño de la economía en el corto plazo, ha caído a cifras negativas: en junio registró un indice de -2.08% -la tasa más baja desde diciembre de 2020-; un año antes, en junio de 2023, había sido de 5.51%.
La construcción presentó el año pasado 17% de crecimiento, pero ahora según el IVAE, cayó en junio a -16.10%; en junio de 2023, su tasa de crecimiento había sido de 34.22%. En tanto, el Índice de Producción Industrial (IPI) mostró en junio un decrecimiento del 5.77%, cuando ese mes de 2023 creció 2.79%. En julio, las exportaciones de bienes alcanzaron $574.5 millones, un crecimiento interanual de solo 1%. A lo largo del año, la contracción fue de 5.6%.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), 1.62 millones de personas, equivalente al 25.66% de hogares, recibe remesas; estas han crecido menos del 1%, entre enero y julio de 2024 en comparación con igual periodo del año anterior. La situación afecta la posibilidad de reactivar el consumo interno o aliviar en algo la economía familiar ante la indetenible escalada de precios. También asegura el incumplimiento de la estimación de crecimiento económico.
La propaganda resulta insuficiente para distraer el estómago vacío de millones de personas a las que el régimen bombardea mediáticamente. Según el índice de precios al consumidor (IPC), el precio de los alimentos sigue en ascenso yalcanzó la tasa más alta desde enero de 2024, con un 4.67%, según la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), lo que pone en evidencia las falsas afirmaciones presidenciales en redes sociales.
La deuda pública de El Salvador ronda ya el 90% del PIB, y resulta evidente que ese endeudamiento no puede ser eterno, aunque la sumisa actitud legislativa esté dispuesta a aprobar lo que el Ejecutivo ordene; pero la realidad es terca, y la posibilidad de bancarrota no resulta ilusoria ni agorera.
En este marco de desesperación financiera, el mes pasado el gobierno se dedicó a hacer anuncios espectaculares acerca de probables inversiones, como las del operador turco que gestionaría y modernizaría los puertos salvadoreños, asegurándose una concesión por entre 50 y 100 años, a pesar que esos plazos son inconstitucionales. También surgieron versiones de posibles acuerdos con el FMI, destinadas a generar algún tipo de burbuja de optimismo más que a materializarse.
La necesidad de cerrar el acuerdo con el FMI resulta imprescindible para un gobierno sediento de financiamiento. Sin embargo, los riesgos del bitcóin, la ausencia de transparencia y la exigencia del Fondo para que aumenten las reservas bancarias, exhaustas por prestar obligatoriamente al gobierno, alejan cualquier acuerdo en el corto plazo.
Hay una parálisis oficial ante cualquier cosa que no sea sostener sus narrativas falaces. Solo a eso se dedican millones de dólares del erario público. Se usan para demonizar las denuncias internacionales acerca de violaciones de derechos humanos y ciudadanos, y se paga a mentirosos compulsivos en redes y medios para desacreditar las denuncias nacionales.
Se usan recursos para perseguir opositores; intimidan a la prensa mientras gastan millones en publi-reportajes, alabando al gobierno usurpador. Mientras tanto, la obra pública languidece, las muertes por dengue se acumulan, las listas de espera en los hospitales se agigantan y llegan en algunos casos hasta un año para ciertos tratamientos en el Seguro Social, al tiempo que los pisos en salas de espera en urgencias lucen sobrepoblados de pacientes sin camas.
A esto se suman las listas interminables de despidos del sector público, docentes, médicos, y personal de otras áreas, como la cultura (que, al igual que la educación, resultan irrelevantes para el clan elitista en el gobierno).
Alguien siempre gana, sin duda, y entre los destacados figura un antiguo contendiente y hoy aliado del presidente, el empresario de supermercados, también presidente del Grupo Éxito, de Colombia, Carlos Calleja, quien acaba de abrir la sucursal 116 de su cadena comercial Súper Selectos en una lujosa zona; naturalmente, el empresario felicitó al gobierno “por el trabajo estratégico para generar turismo en la zona del Puerto de La Libertad”.
Formas incipientes de poder popular autogestionario
Del abandono de la obra pública habla a las claras el estado de las calles en todo el país. Más allá de las maquetas publicitarias y los grandilocuentes y fantasiosos anuncios presidenciales, lo cierto es que tanto la Dirección de Obras Municipales (DOM) como el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se han convertido en agujeros negros financieros, vertederos de dinero proveniente del endeudamiento que jamás termina en obras en beneficio de la población.
Esta realidad es tan evidente que ya ni la prensa puede ocultar las múltiples y crecientes experiencias en municipios de todo el país, donde los habitantes han tomado el asunto en sus manos, organizado recaudaciones y colecta de materiales, para reparar calles intransitables con sus propias manos y esfuerzos. No resulta menor esta realidad, porque son los primeros pasos necesarios para que cada vez nuevos sectores populares comprendan que, desde la organización y la gestión popular, desde las colonias y cantones, surge la conciencia de comuna, de colectivo, que solo puede confiar en su propio esfuerzo y en la actitud solidaria entre vecinos.
Son síntomas de aquello que más odian y temen los regímenes extremistas de derecha en estos tiempos de manipulación, paternalismo y autoritarismo, porque saben que, en el desencanto popular, en la conciencia de que solo el pueblo salva al pueblo a través de la organización popular, está el germen de su ocaso autocrático y autoritario.
Los ejemplos se multiplican. Ya desde hace meses se podía comprobar la organización popular en municipios del Oriente del país para resolver problemáticas locales, sin que la prensa necesariamente se hiciera eco de esas experiencias; hoy se suman localidades de Santa Ana; Lolotiquillo, en Morazán; la colonia Rosales, del municipio de Cojutepeque, en Cuscatlán; Caluco, en Sonsonate; Concepción Batres, en Usuluán; al igual que el cantón El Corozal, de Santa Isabel Ishuatán, en Sonsonate.
Las denuncias internacionales que se acumulan
Paralelamente, el “frente internacional” se empieza a desmoronar para el régimen. Por eso, el usurpador de CAPRES tuvo que esforzarse en su monólogo con Time Magazine, para dar la falsa idea de un gobierno respetuoso de derechos y, sobre todo, amado por un pueblo sumiso y obediente.
Para estos “malos tiempos”, cuando la crisis se agudiza y las paciencias se agotan, se fue preparando el régimen, formando o contratando, según sea el caso, nefastos personajes, capaces de negar toda evidencia, mentir descaradamente sin un sonrojo; personajes serviles, sin mínima ética o moralidad.
Así, los encontramos presidiendo la Asamblea Legislativa, o como jefes de la bancada oficialista, como legisladores “destacados”, que envuelven en palabras y dicursos populistas la corrupción que los caracteriza.
También los encontramos en el gabinete, como al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, quien ante la evidencia de la organización popular para hacer lo que a él le pagan por hacer y no hace, no tiene mejor ocurrencia que alegar en redes sociales, con su cinismo característico, “que la gente lo hace por amor al presidente”.
O el caso del uribista colombiano, Andrés Guzmán Caballero, devenido protector de derechos humanos y libertad de expresión, conocido por sus vínculos con casos de parapolítica en su país. Cínico negacionista de cada una de las acusaciones -fundadas y documentadas- de homicidios a cargo del Estado en las cárceles salvadoreñas, de torturas y desaparición de personas, quien se atreve a cuestionar las denuncias locales, y las emitidas por organismos internacionales, como el reciente y lapidario informe de la CIDH acerca de la violación a los DDHH, por “¡falta de transparencia!”
El Informe Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador[1], expresa y fundamenta la urgente necesidad de eliminar el régimen de excepción, y recoge testimonios de 29 personas detenidas que posteriormente fueron liberadas, familiares de detenidos y representantes jurídicos de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción.
Todas las dictaduras han tenido siempre un personaje como Guzmán. Su patética existencia, no obstante, no oscurece ni hace olvidar, sino más bien ratifica, las consideraciones de los especialistas latinoamericanos, que ponen el dedo en una llaga demasiado grande para ser ocultada solo por palabras.
[1] https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/207.asp&utm_content=country-slv&utm_term=class-ip
