Por Ricardo Ayala
Han pasado 80 años desde que aquel 9 de mayo de 1944, luego de largas jornadas de la Huelga de Brazos Caídos, el dictador genocida Maximiliano Hernández Martínez huyó del país luego de 13 años de dictadura militar. Y han pasado 79 años desde la derrota del Nazismo y Hitler a manos del pueblo y gobierno soviético, en 1945. Las lecciones de la historia nos recuerdan que ningún dictador es eterno y tarde o temprano el pueblo y sus instrumentos de lucha lo derrotarán.
Como sabíamos, la fuerza política gobernante presentó a la Asamblea Legislativa su reforma a la Constitución en la última sesión plenaria de la legislatura anterior (el lunes 29 de abril) y con dispensa de trámite (¡Vaya sorpresa!). Este es el modus operandi establecido a raíz del control absoluto del poder estatal por parte del presidente y sus funcionarios, quienes sin ningún tapujo se molestan por guardar las formas.
La sorpresa para buena parte del espectro político, incluso para la mayoría de los diputados oficialistas que, al igual con la reducción de municipios y número de curules en el Legislativo, hasta ese mismo día conocieron porqué apretarían el botón, ha sido que la reforma a la Constitución aprobada ese día únicamente aludía al artículo 248 de la Constitución, consistente en que ahora en adelante una misma legislatura puede reformar y ratificar la Carta Magna.
Claro, esto es el inicio de lo que en anteriores publicaciones ya señalamos como una reforma política burguesa del Estado salvadoreño, que responde a la adecuación de este a la emergencia de un nuevo grupo económico burgués que se ha fusionado con la parte mayoritaria de la rancia oligarquía y el capital transnacional, asegurando la valorización de su capital y la explotación de la mano de obra local, en tiempos del neoliberalismo en crisis y la pérdida de hegemonía de EEUU en la economía mundial.
La respuesta a esta crisis de dominación imperialista y neoliberal es la salida por la ultraderecha más cavernícola en todo el planeta, especialmente en el continente americano y el europeo, cuyos rostros más visibles, así como ridículos y reaccionarios, son Trump, Milei, Meloni, Netanyahu y el mismísimo Bukele; en contraposición al avance con paso firme del naciente mundo multipolar bajo el liderazgo de China, Rusia y los países que conforman los BRICS.
La indignación de la oposición política ante la maniobra oficialista de la última plenaria no se hizo esperar. Por supuesto, de la derecha escuadronera, la derecha liberal y la socialdemocracia no podemos esperar otra reacción, pues como añejos defensores del republicanismo burgués deben defender el sistema político sobre el que se configuró la oligarquía terrateniente, primero, y más tarde el conglomerado neoliberal; pero ver la misma indignación pueril de quienes se asumen de izquierda revolucionaria es muestra de la más absurda incoherencia política e ideológica.
¿Por qué es incoherencia ideológica y política tal indignación ante la reforma burguesa de la Constitución y del Estado, pues este proceder forma parte del ABC del uso del poder por una fuerza política que aspira a la realización de sus objetivos de clase?
Por supuesto que tal reacción de una izquierda que se dedicó a llenar un expediente de “buena conducta” en el ejercicio del gobierno es porque se creyó el cuento de la alternancia del gobierno, el respeto del Estado de Derecho y de los pesos y contrapesos del sistema político burgués, es decir, que abandonó gradualmente su definición revolucionaria y la sustituyó por una visión sistémica, por tanto, eso explica su indignación moral.
Pero quienes desde posiciones de izquierda revolucionaria se indignan vehementemente por el manoseo del “contrato social” olvidan que las constituciones son resultado de las adecuaciones que las clases dominantes hacen al marco jurídico político en correspondencia a los cambios en la estructura socioeconómica que ha sufrido la sociedad. En otras palabras, una modificación en el modelo económico o un nuevo modo de producción requiere una modificación total o parcial en el cuerpo jurídico y político de la sociedad y el Estado.
Así fue con la nueva estructuración socioclasista y el injerto del capitalismo tras la firma del Acta de Independencia y la configuración de la primera Constitución de la República, a principios del siglo XIX, con lo que quedaba atrás el colonialismo europeo sobre Centroamérica; así fue con la Constituyente de 1983, presidida por el asesino de Monseñor Romero, de la cual resultó una Carta Magna a tono de los cambios económicos que requería el advenimiento del neoliberalismo en El Salvador. Estos son algunos ejemplos en la historia nacional de los cambios económicos y las modificaciones sufridas en la Constitución de la República.
Para que no quepa la menor duda sobre el tipo de reforma constitucional recuérdese la aclaración al final del mamotreto presentado por el oficialismo en la última sesión plenaria en alusión a los llamados artículos pétreos, es decir, el respeto de la propiedad privada y el carácter representativo, elitista y burgués del sistema político: “No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.”
Y por quienes desde genuinas preocupaciones señalan y condenan el proceder oficialista, pero luchan por una sociedad que se desmarque del capitalismo, nuestra consigna es aprovechar el debate que se abre entre la sociedad sobre la Constitución y su reforma para señalar el contenido de una nueva Carta Magna con características revolucionarias.
