Por: Ricardo Ayala
En los corrillos de la política salvadoreña se rumoraba este lunes, 22 de abril, la posible introducción a la Plenaria Legislativa (como es tradición del oficialismo, con dispensa de trámite), de la propuesta de reforma constitucional preparada por el gobierno; sin embargo, todo apunta a que este esperará hasta el último minuto para presentarla.
¿Cuál es el objetivo de la fuerza política que ocupa el gobierno para modificar la Carta Magna? Una reforma política del Estado salvadoreño.
Una reforma social es la modificación parcial de una sociedad sin transgredir sus relaciones de producción, y una reforma política busca modificar el sistema político de una sociedad.
El nuevo proyecto de reforma constitucional orquestado por el gobierno es una reforma política del Estado para asegurarse mejores condiciones para la valorización del capital del nuevo bloque económico dominante, luego de más de 200 años de modelos agroexportadores y de neoliberalismo a ultranza dirigido por Estados Unidos, que ha perdido hegemonía a manos de la naciente multipolaridad.
Entonces, para ponerle apellido, es una reforma política burguesa del Estado que únicamente busca continuar con la dominación y explotación del pueblo salvadoreño, en pleno auge de la ultraderecha en el mundo, pero preparándose para insertarse en la nueva división del mercado internacional.
Para ello, sus mejores aliados son la mayoría de los grupos de poder económico de El Salvador: Kriete/Avianca, Poma/Grupo Roble, Murray Meza/Agrisal, Grupo Calleja, entre otros, quienes cambiaron de partido al ver la defenestración de su antiguo instrumento, Arena (como lo han hecho toda la vida y como lo hicieron en los 90’s con el agotamiento de la Tandona y el PDC). Esto porque avizoran en el horizonte inmediato la crisis hegemónica del neoliberalismo y deben adecuarse de cara al mundo que se configura de la mano de los BRICS, sino quieren quedarse arrinconada como la ultraderecha después de la Segunda Guerra Mundial.
Las presumibles modificaciones del sistema político serán únicamente para hacer más elitista y conservadora la política y su ejercicio, alejándola de la gente común, de a pie, bajo una maraña de mecanismos y actores que tributarán a los intereses globales del poder económico y político dominante: a la nueva burguesía, a sus representantes y a sus instrumentos.
Por ello, la respuesta a esta nueva configuración política burguesa del Estado es la apuesta por una democracia participativa y directa como horizonte estratégico del campo popular, que no sólo se proponga la resolución de los desafíos políticos del país, sino que, y principalmente, resuelva el desafío de emprender una economía popular y solidaria en beneficio de las clases sociales históricamente explotadas y dominadas, que garantice la seguridad y soberanía alimentaria del país desde nuevas formas de asociación y propiedad solidaria y cooperativa de la producción agropecuaria en relación armónica con la madre Tierra.
Otro desafío para este proyecto de construcción de una democracia participativa y directa es la reforma ética y cultural de la sociedad, descompuesta por el sistema de valores del capitalismo basado en el individualismo, la antropofagia moral y la supresión de la capacidad de pensar (y sentir) de los individuos.
Ante esta reforma política burguesa en tiempos de ultraderecha, la respuesta del campo popular debe ser la construcción unitaria de un horizonte emancipatorio común. Como diría recientemente el intelectual venezolano Luis Britto García: “Yo, cuando oigo hablar de fascismo, saco mi cultura”.
