Como en casi todo el continente y gran parte del mundo, también en El Salvador se acumulan las causas para la lucha y la movilización de cara al Día Internacional de la Clase Trabajadora.
Como decíamos hace un año, nos sobran los motivos[1] para la marcha y la protesta, para expresar en las calles de todo el país la indignación por la injusticia social institucionalizada, por el desprecio a la vida y a los derechos de las personas, y por la burla cotidiana de los gobernantes hacia un pueblo que desprecian, utilizan, insultan y explotan en su buena fe y sus necesidades.
Ciudadanía en estado de semi-libertad
Mientras desde la Asamblea Legislativa siguen renovando el régimen de excepción como autómatas, el cuerpo legislativo, desvalorizado y despreciado por su manifiesta incapacidad, se prepara para ser relevado este 1 de mayo por un nuevo Congreso reducido a 60 miembros, que aspira a superar al actual en cuanto a servilismo ante el Ejecutivo, y menosprecio hacia el pueblo que dice representar.
Sin duda, junto al hambre, la explotación, la falta de oportunidades y el costo de la vida, la gravísima situación de los derechos humanos en el país será uno de los ejes movilizadores de las diversas expresiones del pueblo en lucha. Las cifras resultan elocuentes. Casi el 2% de la población vive en las cárceles; el dato no oficial se acerca a las 120,000 personas detenidas, de las cuales 79,211 fueron capturadas en virtud del régimen de excepción; 244 muertes a manos del Estado se contabilizan desde la instauración del régimen de terror, hace más de dos años.
Siguen las muertes en las cárceles, pero también se suman los suicidios en las calles, las muertes de bebes, infantes y mujeres por abandono o falta de recursos en los hospitales; persiste también la persecución sindical, la criminalización desde las redes sociales en manos del gobierno, contra trabajadores estatales que no se sometan al modelo de sumisión absoluta impuesto por el oficialismo.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) dio a conocer su informe anual 2023 sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador; se reporta que la PDDH giró 26 oficios ante la Fiscalía sobre desaparición forzada, que implica la participación de agentes de seguridad en desaparición de personas. Se informa que el año pasado hubo 309 muertes violentas, pero el gobierno solo reportó el 49% de ellas; hubo 327 denuncias de desapariciones forzadas de corta duración.
De acuerdo con Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, “La información está reservada y en 2023 no contamos con información sobre la totalidad de personas reportadas como desaparecidas. Este tipo de violencia no ha sido posible medirla y representa una situación compleja para las víctimas. Los jóvenes son la población más vulnerable, entre los 18 y 25 años. Un elemento de preocupación es que esta es una modalidad de desaparición que antes del régimen era muy reducida, pero ahora se dispara y es ocasionada por agentes (de seguridad) del Estado”.
Por otra parte, organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas del régimen denunciaron persecución política, amedrentamiento y monitoreo en sus actividades sociales y personales, incluyendo la toma de fotografías durante las actividades que realizan y la utilización de drones en sus hogares y otro tipo de persecución incluso en procesos judiciales.
Finalmente, en otra muestra de creciente criminalización de la juventud, en especial en zonas de escasos recursos, se supo esta semana que el ministerio de Educación ordenó a profesores identificar alumnos con “conductas antisociales” y reportarlos de inmediato a esa cartera. Una violación flagrante a los derechos de niños, niñas y adolescentes, que debería llegar como denuncia a los ámbitos de organismos especializados de carácter internacional.
Persecución laboral y sindical
El carácter represivo del régimen se evidencia en prácticamente cada instancia de la vida del país donde voces disidentes se levantan en denuncia contra el gobierno, o se resisten a someterse al autoritarismo del clan en el poder.
Esta semana se conoció en redes sociales una campaña de personajes despreciables que se hacen llamar “influencers” y youtuberos – mercenarios digitales al servicio del régimen, que encontraron una veta de oro para enriquecerse con el pago oficial recibido por aplaudir las acciones de gobierno, y atacar y denigrar a quienes se oponen al autoritarismo y el neofascismo imperante-.
Esta vez atacaron de manera concertada la labor de jóvenes médicos del Seguro Social. Un supuesto familiar de un paciente pretendía en un video acusar de negligencia a los médicos; la burda maniobra no respondía a otro objetivo que encubrir la pésima administración de la Directora del ISSS, Mónica Ayala, personaje que actúa más como activista del gobierno que como administradora de un servicio público, preocupada por las fotos panorámicas, las luces led y la pintura blanca de los edificios, a imagen y semejanza de su presidente, antes que por brindar servicios dignos a los derechohabientes, quienes deben esperar horas en salas de urgencia, meses para consultas de especialidades y no reciben medicamentos que necesitan.
Del mismo modo, se conocen despidos y acoso al personal dependiente del Ministerio de Salud, que reclama derechos laborales y mejores condiciones para el tratamiento a sus pacientes. Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores de la Salud del Fondo Solidario para la Salud (SITRASALUD-FOSALUD) exige al director Carlos Nuñez el reinstalo de nueve trabajadoras embarazadas a quienes no se les ha renovado su contrato laboral. El Secretario General del Sindicato, Dr. Alberto Monge, también enfrenta proceso sancionatorio por haber apoyado la demanda de las trabajadoras.
Lo mismo sucede con los maestros organizados. Esta semana se conocieron las sanciones contra el Secretario General del Sindicato de Maestros y Maestras por la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), Daniel Rodríguez, quien fue suspendido de su cargo como director de una escuela. A juicio de Rodríguez, la medida es “una persecución sindical, una persecución personal y política”. SIMEDUCO fue uno de los sindicatos que reveló los retrasos en la entrega de los insumos para la alimentación escolar. Además, ha exigido activamente el ajuste salarial que contempla la Ley de la Carrera Docente, que hasta la fecha no se ha hecho efectivo.
Así funciona un gobierno que próximamente, ya convertido en usurpador, recurrirá aún más a la persecución política y a la represión como basamento para avanzar en su plan de despojo y concentración de riqueza, y en el desvīo de las finanzas públicas en favor del clan familiar gobernante y sus empresas asociadas.
El recurso a la violencia estatal y paraestatal no es el único instrumento del régimen para intentar el control social. Ya en los años 60 del siglo pasado, Frantz Fanon señalaba la actitud del colono francés en Argelia. En su obra “Los condenados de la tierra” denunciaba la deshumanización del colonizado, tratado como un animal o una cosa (se lo animaliza, afirma Fanon); lo mismo había sucedido en la cosificación de los esclavos africanos en América.
En El Salvador, el bukelismo utilizó la deshumanización, en primer lugar, de los integrantes de grupos criminales y luego gradualmente de todo aquel que se opusiese a sus planes autoritarios y autocráticos, para presentarlos como “cosas”, objetos de menor valor que una persona, de modo que también sus vidas valen menos.
Esa narrativa oficial, ese discurso de odio, va calando cada vez más en una sociedad sometida no sólo a la manipulación sino también a permanentes campañas de miedo, donde solo existe un salvador, el dictador en el poder. Primero fue el odio a los políticos, luego el miedo a la pandemia, y finalmente el terror ante las pandillas. En cada caso, se fue elevando el tono y el discurso para dejar claro que quien se opusiera a sus planes era un enemigo del pueblo. Así se va afianzando el neofascismo en una sociedad crecientemente desestructurada como la salvadoreña.
Mientras tanto, se sabe por la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, que más de 500,000 personas, en torno al 10% de la población, pasa hambre, y que la pobreza aumentó en 2023 en relación a 2022; los datos oficiales hablan de un 30% de población en pobreza. Además, casi el 50% de la población no pobre está en situación de vulnerabilidad económica, es decir, en peligro de caer o regresar a la categoría de pobreza. El salario mínimo congelado en $365 mientras el costo de la vida exige ingresos no inferiores a 600 dólares, grafican el dramático deterioro de las condiciones materiales de vida de las grandes mayorías populares.
El Salvador no solo continúa endeudándose, sino que su nivel de confianza para el mundo financiero es tan bajo que sus intereses se elevan. En las negociaciones de la última operación de emisión de deuda, con una tasa del 12%, el gobierno se comprometió a llegar a un acuerdo con el FMI en los próximos 18 meses o mejorar en dos puntos la calificación con las agencias de riesgo. Si no lo hace, el interés de los bonos subirá en un 4% extra, por lo que será del 16%, advierte la Banca Barclays en su análisis crítico de las finanzas públicas de El Salvador.
El cuento chino
Pero, como siempre, el gobierno huye hacia adelante convencido de la ignorancia o estupidez de sus seguidores. Un ejemplo es la forma en que publicitó con la presencia del inquilino de CAPRES, el supuesto “aterrizaje de Google”. Para hacer creer al mundo que, en lugar de haber contratado un servicio de la multinacional, la corporación había venido a invertir en El Salvador, pretendiendo con un logo iluminado en un moderno edificio de una zona exclusiva, proyectar la idea de que el inmueble era de la empresa. La realidad es que Google llega y se instala alquilando tres plantas del edificio Presidente, para brindar al gobierno los servicios por los que éste se comprometió a pagar 500 millones de dólares.
Lo demás es cuento chino, tanto como el anuncio de las negociaciones para un tratado de libre comercio que se firmaría con el gigante asiático, un país con el cual el desequilibrio en el balance de intercambio resulta abismal. El promedio del último cuarto de siglo muestra que El Salvador solo ha logrado enviar 1.79% de todo lo que ha importado. En 2023, desde El Salvador se enviaron apenas $11.3 millones, el 0.47% de lo que se importó desde China, unos escandalosos $2,384.5 millones. Es decir que, de cada $100 que llega de China, desde El Salvador salen 47 centavos.
Del 1 de junio de 2019 al 29 de febrero de 2024, El Salvador exportó hacia China $245 millones e importó $10,545. Esto es 43 veces más que lo enviado.
El Salvador se encamina a una debacle económica que pagarán las grandes mayorías, mientras la represión y la persecución se presenta como alternativa preferida del gobierno para ejercer control social. Desde la UES hasta los sindicatos, desde las maquilas hasta los sectores informales de la economía, y los defensores de derechos humanos, junto a las fuerzas políticas y sociales de izquierda están llamados a marchar y expresarse, no solo contra un gobierno autoritario, dictatorial y corrupto, sino en defensa de la Patria, sometida al saqueo del clan en el poder. Una realidad que solo la unidad del pueblo organizado y en lucha puede cambiar de raíz.
