Superado el impresentable proceso electoral salvadoreño, utilizado por el oficialismo para acelerar el camino a un régimen dictatorial, queda ahora sacar conclusiones que nos sirvan para avanzar hacia un desafiante futuro.
Queda también el análisis cuantitativo que, despojado de cualquier elemento contextual, es el que prefieren los usurpadores del poder y sus cómplices, que utilizaron las elecciones como los lavadores de dinero usan islas paradisíacas, para hacer pasar como “limpio y genuino” aquello que es sucio y corrupto.
Ante todo, es imprescindible subrayar lo que el régimen busca ocultar: que ninguna cifra oficial es confiable, y que no ha habido forma de corroborar de manera independiente las esgrimidas por el matrimonio de conveniencia entre Nueva Ideas y el Tribunal Supremo Electoral. Esto es una regla general para toda la farsa electoral desde mucho antes del 4F hasta muy pasado el 3M.
Sin embargo, tampoco las evaluaciones basadas exclusivamente en cifras le sirven al partido de la dictadura, porque demuestran -como ya lo demostraron tanto las presidenciales como las legislativas- que la caída de la marca celeste y hasta de su emblema (la imagen presidencial) cae, y lo hace abruptamente.
En primer lugar, porque ante el fraude descarado de las legislativas, y las burdas maniobras para evitar que se note la caída presidencial en 10 puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2019 (53% votó entonces por el titular del Ejecutivo, frente al 43% del padrón electoral que lo hizo el 4 de febrero), el régimen se dedicó a falsear e inflar cifras, y ridiculizar y sembrar odio hacia sus adversarios.
Pero el descalabro sin duda es más claro y evidente en las municipales, empezando por presentar el mayor nivel de abstención en la historia democrática del país desde los acuerdos de paz, con niveles que rondan o superan el 70% de ausentismo.
En pocas palabras, el pueblo salvadoreño le dio la espalda a las mentiras y atropellos de un tribunal electoral en contubernio con el Ejecutivo. Con sabiduría, el pueblo se negó a avalar y legitimar el desprecio oficialista a la voluntad popular.
No es menor esa señal en la medida que la historia nacional demuestra que el hastío y el rechazo ante los fraudes descarados por parte de los poderosos, en más de una ocasión terminaron en severos enfrentamientos, que en el caso de las maniobras fraudulentas de 1972 y 1977 desembocaron en aquel conflicto armado que el dictador se empeña en describir como farsa.
Regresando a las cifras, las municipales demuestran que de aquellos 2.7 millones de votos presidenciales obtenidos hace un mes, el partido de gobierno retuvo en torno al medio millón, lo que representa aproximadamente un 9% del padrón electoral (5,473,305) y gobernará en solitario 26 alcaldías, todas con una representación promedio de 8 de cada 100 electores.
Ni la improcedente reducción de 262 a 44 municipios en disputa fue suficiente para evitar el desplome de los espacios de poder que el oficialismo pudo arrancarle a la población en los territorios. Sin el fraude institucional e institucionalizado esas cifras hubieran reflejado caídas aún más dramáticas, espejo de un régimen mucho más débil, muy lejos de esa fortaleza que aparenta y proclama.
Aunque el usurpador de CAPRES insiste en que no tiene oposición porque la ha “pulverizado”, duerme con un ojo abierto, porque la tozuda realidad muestra un Oriente del país díscolo y rebelde, en especial Morazán y Usulután, un San Vicente en disputa no solo electoral, sino principalmente territorial, con la rebeldía que regiones históricas jamás han dejado de exhibir, un Chalatenango orgulloso de su historia, con pueblos y regiones que le dijeron no a la prepotencia, la mentira, la corrupción y el fraude.
En todas esas zonas del país, a las que podemos sumar cada rincón donde la resistencia se expresa en luchas concretas, como las comunidades de Santa Marta, en Cabañas, y algunas áreas del sur de San Salvador, por poner un ejemplo, señalan el inicio de lo que vendrá, una larga lucha de resistencia y construcción de poder desde abajo.
Las deudas impagables y el hambre del pueblo
La ideología del régimen actúa como en cada rincón del continente donde el extremismo de derecha viene avanzando a base de sembrar hambre y dolor en los pueblos, aplastando sin misericordia derechos adquiridos, descabezando o intentando descabezar la organización popular, y consumando formas autoritarias de gobierno.
Previsiblemente, en el caso de El Salvador, la seguridad ya no podrá seguir siendo el anzuelo para el pueblo, en tanto se profundice no solo el hambre y la miseria, sino el robo descarado de las pensiones, el deterioro de cada una de las instancias de contención social construidas en gobiernos previos, y que hoy dejan a la población vulnerable a merced de un mercado que jamás resolverá los problemas de las mayorías desposeídas y despojadas de todo.
Superado el show electoral y asegurado nuevamente el control de todos los poderes, el clan familiar y el grupo burgués que representa, retoma el saqueo del Estado, la concentración de riqueza, y prepara el camino para el despojo de recursos naturales. Busca también aprovechar las condiciones de un mercado laboral deprimido, con mano de obra no calificada y desocupada, que favorece las condiciones de superexplotación, como oferta para una inversión extranjera que sigue sin llegar, porque la inseguridad jurídica y la desconfianza del mundo de las finanzas solo hace que el país sea atractivo a especuladores y lavadores internacionales de divisas.
Industrias como el turismo y otros servicios, son puestas a beneficio exclusivo de las empresas del clan familiar en el poder y de su grupo de amigos nacionales y extranjeros. La opacidad reinante gracias a la virtual eliminación de toda forma de control ciudadano sobre las finanzas públicas asegura la impunidad y la arbitrariedad a la hora de adjudicaciones amañadas, corrupción y pagos selectivos.
Con la peor expectativa de crecimiento de América Latina, El Salvador sigue endeudándose.Es actualmente el país de la región centroamericana con la calificación crediticia más baja. Para Moody’s está en la categoría Caa3 con perspectiva estable, es decir, el penúltimo escalón de la calificación; El Salvador está al nivel de Ecuador, Pakistán, Surinam y arriba de Argentina.
En estas condiciones, la Asamblea Legislativa vuelve a aprobar mil millones de dólares de endeudamiento público sin siquiera debatir el tema, mientras se conoce el uso de fondos de pensiones, es decir los ahorros de trabajadores, para seguir financiando el endeudamiento y otros gastos, de los cuales no se informa. Hasta ahora la actual legislatura ha autorizado un endeudamiento superior a $12,154 millones. El gobierno está gastando a un ritmo de casi $300 millones por mes.
El robo de las pensiones
En el documento, “El Salvador: débiles resultados fiscales y débiles perspectivas para el FMI”, la banca Barclays hace un señalamiento que ya había sido realizado por instituciones salvadoreñas, como la Mesa del Trabajo por una Pensión Digna, que sostenían que el gobierno estaba tomando del Fondo de Pensiones más dinero que el que necesitaba para el único destino para el que, por ley, puede usar esos recursos: pagar las pensiones de los antiguos sistemas del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Entre abril de 2023 y enero de 2024 tomó $1,247 millones, cifra que supera escandalosamente lo necesario para el pago de pensiones del sistema público.
“El año pasado, las deficiencias fiscales se vieron agravadas por un opaco acuerdo de financiación del sistema de pensiones, recientemente reorganizado. Aunque la transparencia financiera es limitada, sospechamos que el sistema de pensiones está financiando al gobierno mediante planes de représtamo a través del nuevo organismo de pensiones (el ISP), y de bancos comerciales”, fue una de las principales conclusiones del banco de inversión Barclays en el citado informe sobre El Salvador.
El país seguro donde por miedo no se habla
Recientemente se conoció un informe de organismos internacionales de prensa cuestionando los niveles de libertad de prensa y expresión (o, para ser más precisos, la ausencia casi absoluta de ellas) en El Salvador.
Hay una premisa básica de la política de comunicación del gobierno de El Salvador: cuanto más falsa una afirmación, mayor la cantidad de veces que la repite, tanto el emisor como los aparatos digitales a su servicio.
Esto coincide con varios elementos, entre ellos la reciente declaración presidencial, reclamando ser el país más seguro del mundo, auténticamente democrático y con amplia libertad de prensa y expresión.
Otra coincidencia se refiere a las denuncias documentadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en relación a la persecución y violación de los derechos de los trabajadores de prensa a lo largo del proceso electoral y en particular en los cruciales días de los comicios y el escrutinio respectivo.
APESinformó que durante todo el proceso electoral 2024 se registraron319 afectaciones a la prensa, la mayoría cometida en las elecciones presidenciales del 4 de febrero, con 224 casos de agresiones. Las vulneraciones más constantes han sido las restricciones al ejercicio periodístico, amedrentamientos y amenazas. En algunos casos se prohibió la entrada de prensa a los centros de votación.
Tenemos un país supuestamente seguro, pero donde la gente teme criticar al gobierno para evitar represalias, según los últimos reportes de organismos internacionales de prensa que comienzan a detectar el fenómeno; y qué decir del miedo de las mujeres y sectores de la diversidad sexual, que acaban de marchar en el Día de la Mujer para gritar lo que sufren a diario. Al mismo tiempo, vemos un país endeudado hasta límites inconcebibles, un gobierno que ante la falta de fondos roba las pensiones a los jubilados; las remesas y el trabajo informal apenas sostienen a una población con carencias cada vez más evidentes, en un país cuya pobreza tiene rostro de mujer, y con un Ejecutivo que propagandiza su popularidad para ocultar sus debilidades.
En estas condiciones de crisis, los crecientes niveles de pobreza y falta de oportunidades para las mayorías anuncian futuros conflictos sociales donde sólo el pueblo, organizado y unido, podrá hacer frente a desafíos tan serios que comprometen su propia supervivencia.
Solo el pueblo de El Salvador será su propio salvador. Solo la lucha organizada pondrá fin, más temprano que tarde, a un régimen dictatorial cada vez más despótico.
