“El Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Cabañas, rechazó la apelación de sobreseimiento definitivo de la acción penal de los compañeros de Santa Marta y ADES, por extinción a la acción penal, a la base de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992”, dijo Vidalina Morales, directiva de ADES-Santa Marta.
Los miembros de la Comunidad Santa Marta, ADES y organizaciones sociales que les acompañan, denunciaron que la jueza María Elizabeth Amaya Rivera, del Juzgado de Primera Instancia, de Sensuntepeque, había dado trámite a la petición del abogado de la defensa, pero luego de recibir la objeción de la Fiscalía General de la República, decidió rechazar la petición.
Diversas organizaciones del movimiento social salvadoreño e internacional, así como organismos de derechos humanos (CIDH/ONU), han reiterado su preocupación por ciertas anomalías en el proceso penal contra los ambientalistas Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes históricos de la Comunidad Santa Marta y directivos ADES- Santa Marta.
“Santa Marta y ADES creemos que dicha decisión judicial se fundamenta en interpretaciones equivocadas de la Ley de Reconciliación Nacional y de la sentencia de Inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Y muestra con claridad la falta de independencia judicial de un tribunal que nuevamente responde como la Fiscalía quiere”, alegó Morales.
La lideresa reiteró que esta resolución también contraría el espíritu de los Acuerdos de Paz (1992), y también la pérdida de una oportunidad para revertir este “bochorno judicial”. Agregó que hay muchas anomalías en el proceso contra los defensores ambientales de Cabañas.
Mientras, Denis Muñoz, representante legal de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, reiteró que esta mañana presentarán una nueva apelación en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, para que sea conocida por la Cámara de lo Penal Mixta de Cojutepeque, Cuscatlán.
“Cuando se presentó la petición de excepción perentoria (imposibilidad de continuar la tramitación de un proceso) como mecanismo de defensa, pedimos la extinción de la acción penal o sea que cese, o termine la persecución penal en contra de los líderes comunitarios que ya habían sido amnistiados vía Ley de Reconciliación Nacional para la Consolidación de la Paz”, explicó Muñoz.
En tal sentido, el Juzgado de Primera Instancia, dijo Muñoz, ha venido utilizando otras figuras o instancias jurídicas, sin responder siquiera a la Audiencia de Mérito que mencionan en el trámite (art.312) del Código Procesal Penal que se aplica al caso de los ambientalistas contra la minería metálica.
“Eso supone la violación al derecho de defensa y de audiencia a favor de nuestros representados -que genera esto- vicios de nulidad, porque la inobservancia imnobserva derechos y garantías fundamentales que ya señala el Código Procesal Penal, la Constitución de la República y el artículo 8, de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, sobre la vulneración de garantías judiciales”, explicó.
“¿Qué esperamos ante esa denegatoria que se ha hecho?, en definitiva esperamos que se revoque por el recurso de apelación que presentaremos en u momento esta mañana, a raíz de esta violentación a este proceso y a la inobservancia de las garantías judiciales”, aseguró Muñoz.
El abogado de la defensa, Denis Muñoz, afirmó que estas decisiones judiciales que claramente “vulneran el debido proceso” serán documentadas y, a través de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, seguirán en el proceso de denuncia a nivel regional.
“Y no solo vamos a denunciar el contexto judicial, sino también, el proceso del caso en los recursos de apelación. Vamos a dar parte de esta situación a la CIDH, para que vayan engrosando las denuncias de violación de los derchos humanos, al debido proceso, la protección judicial y las garantías judiciales, no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, agregó Muñoz.
Sobre la situación de salud y el estado psicológico de los cinco ambientalistas, Alfredo Leiva comentó que realmente sus compañeros ambientalistas fueron “muy afectados”, tanto en su salud física, como emocional, por el período de detención que sumaron los 8 meses, desde el 11 de enero del presente año.
“Es lamentable también que la atención médica por el Sistema Nacional de Salud no ha sido suficiente -digamos- porque si recordamos la jueza ordenó que fueran trasladados al Hospital Rosales, cosa que no se dio y solo fueron trasladados a sus viviendas sin ninguna atención”, manifestó.
“Y si bien, hubo una orden de llevarlos al hospital, pero lo hicieron al final, y no ha sido suficiente -en el sentido- que no hay análisis que puedan establecer concretamente cuál es el verdadero estado de salud, entonces, todavía seguimos esperando conocer el nivel del deterioro de su salud”, alegó Leiva.
ADES-Santa Marta, una comunidad históricamente organizada, ha buscado por sus medios “canalizar una atención psico emocional”, para sus cinco compañeros, que han sido severamente afectados, pero con el hecho de estar en el seno familiar ha sido importante en el camino de su lenta recuperación, afirmó Leiva.
“Hay varias afectaciones en los compañeros, uno padece de diabetes, y sufrió un gran impacto en su salud. Y otro compañero estuvo a punto de llegar a un nivel de diálisis, por su estado de deterioro renal, cuyas afectaciones han sido muy graves”, aseveró Leiva.
Con información de Diario Co Latino
