Por Leonardo Parrini
La represión ordenada por la presidenta del Perú, Dina Boluarte, suma 20 muertos y decenas de heridos y más de 300 detenidos, entre manifestantes enfrentados a las fuerzas del orden. Situación que confirma que ni el Congreso peruano comandado por la derecha, ni la advenediza mandataria han dado estabilidad y perspectiva positiva a la situación política y social en ese país. En ese contexto de violencia, los legisladores decidieron no adelantar las elecciones presidenciales que reclaman los sectores sociales en las calles. Internacionalmente el régimen peruano cuenta con el rechazo de los países de México, Colombia, Argentina y Bolivia, cuyos embajadores peruanos en esos países fueron llamados a Lima. En tanto, los gobiernos de Chile, Brasil,Uruguay y Ecuador reconocieron a la presidenta impuesta por el Congreso peruano.
A sangre y fuego
La cruenta represión desatada por el régimen de Boluarte en todo el país, y que afecta de manera especial a la población campesina e indígena, confirma la absoluta incapacidad del Gobierno y del Congreso de dar una mínima estabilidad al país del sur. El régimen instaurado, luego de destituir al presidente peruano, posteriormente ratificado a sangre y fuego en las calles es producto del apoyo norteamericano a la medida de derrocar a Castillo.
Situación que se consumó horas antes del derrocamiento del congreso, durante la entrevista sostenida por la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, una veterana agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en reunión con el ministro peruano de Defensa, Gustavo Bobbio, el pasado día 6 de diciembre, según informó el Portal Web Multipolarista. El ex presidente Castillo tuiteó que “ese encuentro no fue gratis, ni tampoco a favor del país sino para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso”.
En los actuales momentos miles de personas están movilizadas a lo largo de todo Perú, denunciando “una política antidemocrática, racista, discriminatoria, centralista y conservadora”. Algunos de los sectores movilizados defienden la presidencia de Pedro Castillo, preso preventivamente por 18 meses, en un episodio bochornoso del sistema judicial peruano, y con el anuncio de un juez de que podría condenarlo a años de prisión, adelantándose al debido proceso y asumiendo evidencias no presentadas ni avaladas.
Según trascendió, en zonas rurales del Perú se desencadenó una represión intensa, sin que se tenga a ciencia cierta confirmación de muertos, heridos, desaparecidos y encarcelados. Se reportaron decenas de heridos durante enfrentamientos en la sureña provincia de Ayacucho, donde el Ejército lanzó desde helicópteros bombas lacrimógenas contra los manifestantes. La presión se mantuvo en las calles y con bloqueos en más un centenar de carreteras en al menos 13 de los 24 departamentos del país. En el sur se mantienen cerrados cinco aeropuertos de las provincias de Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho. El Gobierno de Boluarte y el Congreso están respaldando las acciones represivas, mientras efectúan negociaciones de élite, incluyendo a grandes empresarios, para buscar “una salida a la crisis”.
En una operación comunicacional destinada a aplicar la fuerza contra la gente movilizada, desde el Gobierno y el Congreso se dice que las acciones de protesta son obra de Sendero Luminoso y el Movimiento Túpac Amaru. No obstante, la movilización en la capital se enmarcó en la jornada de lucha, convocada por la Confederación General de Trabajadores de Perú. La Defensoría del Pueblo exigió a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas. En ese cuadro político, se está planteando en Perú reactivar la conformación de una Asamblea Constituyente y avanzar hacia una nueva Constitución que, entre otras cosas, cambie la estructura institucional del país, dé más espacio de participación y deliberación al pueblo y reforme el papel de los militares y policías.
El guión latinoamericano parece reproducirse en Perú, con la restauración política conservadora que disputa el poder a los gobiernos progresistas o reformistas utilizando todos los recursos legales y extralegales como las instituciones parlamentarias, judiciales y militares. Esta conocida carta de sectores conservadores del continente cuenta con la anuencia del Departamento de Estado norteamericano que ha retomado en serio la idea de que la región latinoamericana es su patio trasero. La utilización institucional de la propia democracia para burlar la democracia, difiere del estilo setentero de los golpes de Estado violentos perpetrados por las instituciones armadas. Ahora, si bien las fuerzas Armadas continúan siendo dirimentes del conflicto social, intervienen en política sacando las castañas con la mano del gato. Maniobra que implica cooptar a la justicia y a la prensa en favor de sus propósitos. El derrocamiento de Castillo en Perú, si bien se ha teñido de sangre, mantiene, no obstante, la apariencia democrática y legal que le otorga una polémica decisión antipopular.
Leonardo Parrini: periodista. Fotógrafo. Director-Editor de la revista digital
Lapalabrabierta. Colaborador de las revistas Rocinante y Babieca (Campaña
de Lectura Eugenio Espejo). Conductor del programa La Oreja Libertaria, Radio
Pichincha 95.3 FM. Autor de los libros La hora del lobo (2000), Decapitar a la
Gorgona: ¿la corrupción, una moral de la crisis? (2001), Eva sin paraíso (2003),
Diálogo comunitario en democracia (2013), Égüez. La memoria insumisa
(2016), Escritos en clave morse (2018), Retrato Íntegro, testimonio vital (2019),
El canto de todos (2022). Ha colaborado en Revista Diners como comentarista
de obras literarias.
