De huidas hacia adelante y saltos al vacío

Poderosas armas que caminan

Este 20 de noviembre el mundo de quienes luchan, de quienes no se dejan engañar por espejitos de colores, para quienes claudicar no fue jamás una opción, para quienes la justicia frente a los violadores de los derechos de los pueblos, frente a los genocidas, frente a los dueños de todo, no puede jamás ser confundida con perdón y menos con olvido, el mundo es hoy un poco más desangelado, más frío.

Sin embargo, para ellas y ellos, y para millones que vieron en el ejemplo de vida de Hebe de Bonafini -heroico símbolo de las Madres de Plaza de Mayo-, la forma de responder siempre a los indignos, a los vendepatria, al silencio de los cobardes, con un simple gesto capaz de aplastar a cualquier salvaje enemigo de los pueblos, nos deja el secreto para seguir viviendo, luchando y triunfando, nunca solos, siempre junto a nuestros pueblos. Hebe y las Madres y también las Abuelas, nos enseñaron que nuestros pies, que una marcha, que un pañuelo, pueden ser armas poderosas, que nuestras voces son fuertes y mucho más si se unen. También nos enseñó a defender posiciones; nos deja la enseñanza de la firmeza y la dignidad asentada en convicciones; podía diferirse con ella en lo táctico pero jamás en lo esencial, en lo vital, en aquello que nos hace seres humanos y nos diferencia de las bestias (con o sin uniformes). Su vida nos ilumina el camino; su ejemplo es la defensa de la memoria y la lucha permanente, hasta el último aliento.

Los menos que humanos
Mientras los justos en el mundo (también en El Salvador) lloran y recuerdan a Hebe y se comprometen con su ejemplo de vida y de lucha, otros siguen obstinadamente un camino que los aleja de su pueblo, más allá de lo que digan las encuestas. Saben que sus “éxitos” son pasajeros, que el poder que exhiben es tan transitorio que solo se puede mantener sobre el engaño y la patraña. Sobre todo, saben que eliminar la Memoria Histórica, aquella que mujeres como Hebe y tantas otras luchadoras y luchadores populares en el mundo nos enseñan cada día a respetar, es esencial para mantenerse en el poder.

En El Salvador, un autócrata que explota su impunidad basada en el atropello y en la manipulación se empeña en hacernos creer que el pueblo salvadoreño no tiene historia. Es comprensible: sin memoria de sus luchas, sin recordar su capacidad para descabezar cualquier régimen que viole sistemáticamente sus derechos, ningún pueblo tiene futuro. La permanencia de cualquier régimen autoritario como el salvadoreño se asienta primero en borrar la memoria y luego en construir “una nueva historia”, una nueva narrativa que despoje a los pueblos de su patrimonio de luchas. En todo caso, adicionalmente a aquella narrativa, el régimen salvadoreño se escuda en la militarización, el abuso y la persecución después de haber desmontado pieza a pieza el estado de derecho, y prácticamente cada uno de los avances logrados desde los Acuerdos de Paz de 1992.

Lo hace por ahora con el consenso de una parte importante de la población, que sigue creyendo cada una de las campañas publicitarias espectaculares, que sirven de entretenimiento y distracción a un público masivo, evitándole comprender una realidad que, para desgracia de esos mismos seguidores del régimen, más temprano que tarde les golpeará en el rostro como un puño.

Y eso sucederá, sin duda, porque no es posible mantener todo el tiempo a todo el mundo distraído con conciertos, con espectáculos, con show mediáticos, con partidos de fútbol, con peleas frente a enemigos prefabricados. Tarde o temprano, la economía dará su veredicto de hambre y miseria para el pueblo y lo arrastrará a una realidad inevitable en la medida que la incesante deuda del gobierno endeuda al pueblo, y éste ve aumentar el precio de sus alimentos básicos, sus intereses por créditos elevarse, su posibilidad de trabajar cada vez más limitadas por un mercado acostumbrado al consumo, pero que necesita el combustible de una liquidez cada vez más escasa.

Por ahora, los créditos (cada vez más caros y más oscuros, aprobados sin debate por una asamblea de diputados oficialistas sin voluntad propia) hacen el trabajo del gobierno, que sigue sin ejecutar obras, pero las sigue prometiendo.

El drama del Bitcoin es un ejemplo soberbio de incapacidad, disfrazada de discursos glamourosos que no logran ocultar la realidad. Por ello, el autócrata, con su característica autosuficiencia, recurre a su gesto más habitual ante una crisis: huir hacia adelante.

Lejos de reconocer el fracaso de una inversión que está haciendo colapsar mercados mucho más robustos que el salvadoreño, decide anunciar la compra diaria de una criptomoneda en estado crítico. Puede hacerlo, por supuesto, porque no es su dinero sino el del pueblo con el que apuesta a un activo hundido en la miseria. Rápidamente la táctica habitual de la huida se va convirtiendo en un salto al vacío, con locas declaraciones que no se materializan en la realidad, pero que intentan hacer lo que viene haciendo durante tres años: distraer a su afición.

Una justicia bastarda al servicio del autoritarismo
Como era de esperar, el ejemplo de arrogancia y provocación es replicado de inmediato por sus marionetas, que se declaran inútiles, sin ruborizarse, como lo acaba de hacer un diputado del oficialista GANA, al afirmar que los legisladores no son importantes si no es para que se cumpla la voluntad del presidente.

No es el único. En recientes semanas el jefe de bancada cian se ridiculizó a sí mismo retomando un mensaje del Twitter presidencial invitando a no votar por una senadora en EEUU, que por cierto ganó ampliamente su reelección. Y esta semana, otro diputado del mismo agrupamiento, “declara la guerra” contra dos medios de comunicación salvadoreños que no solo cuestionan al gobierno sino que desnudan sus pactos con las pandillas, los antecedentes criminales de funcionarios actuales, la corrupción oculta en el oscurantismo del manejo de las finanzas públicas. También consideró enemigos, y por tanto susceptibles de declararles la guerra, a organismos defensores de derechos humanos.

No resulta sorprendente que un régimen basado en la falta de derechos y el militarismo utilice terminología militar para referirse a sus críticos. Otros funcionarios no necesitan esas declaraciones para consumar sus infamias. Por ejemplo, los jueces y fiscales, que en esta misma semana nos brindan ejemplos cristalinos del nivel de abuso de autoridad, justicia a la carta y terror político expresado en las decisiones de magistrados y funcionarios del ministerio público. Veamos tres casos que respaldan estas afirmaciones.

La ex primera dama, Ana Ligia de Saca, sentenciada por la comisión de actos de corrupción por varios millones de dólares, es libre. Su estatus legal lo ventila el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, y estableció que será procesada en libertad condicional, acusada de lavado de dinero y activos. Por el contrario, ex funcionarios de los últimos gobiernos del FMLN, a quienes no se les ha comprobado su vinculación con delitos de los que son acusados, guardan prisión preventiva, y en algunos casos, cuando algún juzgado otorgó beneficios alternativos, estos fueron revocados por acciones de la FGR.

En otros dos casos que salieron a la luz recientemente, un sujeto arrolló adrede a cinco mujeres con su vehículo en una zona de diversión nocturna de San Salvador. Una de las mujeres falleció a consecuencia de las heridas sufridas, mientras las restantes fueron hospitalizadas y el responsable huyó de la escena. Una vez capturado, el juez decidió que el acusado lleve su juicio en libertad.

En otro caso paralelo, los medios oficialistas se dedicaron (a partir de mensajes malintencionados y sesgados de la cuenta oficial de la FGR), a difundir con lujo de detalles fotos del ex diputado del FMLN, Misael Mejía, informando de un incidente que se podría calificar como intolerancia al volante. Se trataba de una disputa entre dos conductores de sendos vehículos por un derecho de vía. En un momento las cosas se salieron de control y el ex diputado aceleró y golpeó levemente a otro vehículo. Se aduce que el otro conductor se había bajado de su automóvil con fines de continuar la disputa y Mejía habría pasado cerca de él, con peligro de poder atropellarlo. Hasta aquí los hechos. Sin lesionados, heridos ni muertos, con tan solo daños menores a un tercer vehículo.

Luego de los pedidos desproporcionados del fiscal, que además se encargó de dar máxima difusión a los detalles personales de Mejía, como su lugar de trabajo, filiación política, etc, etc, y promover una acusación en su contra por “intento de homicidio”, el juez no se quedó atrás sino que, además de decidir que ha lugar a semejante acusación disparatada, decreta prisión preventiva mientras se lleva a cabo el juicio. Seguramente los funcionarios serviles al régimen negarán que se trata de vergonzosos dobles estándares judiciales motivados políticamente.

Del otro implicado en el incidente apenas si conocemos su nombre y su rostro por la foto de la captura. Pocas denuncias se oyen ante semejantes injusticias. El miedo impuesto por el régimen, no el de excepción sino el régimen politico populista, arbitrario y dictatorial que nos gobierna, parece haber hecho mella en diversos sectores de una sociedad que permanece muda ante estos casos.

Denuncias que evidencian al régimen
Como si el hecho fuera la cosa más normal del mundo, una cierta prensa nacional, no abiertamente servil al régimen pero que evidencia el sentido de la autocensura impuesta por la llamada “ley mordaza”, informó que El Salvador debía comparecer ante el Comité contra las Torturas, de las Naciones Unidas.

El hecho en nada resulta normal, porque ser citado equivale a cuestionar el respeto que este país tiene hacia tratados de vigencia mundial relacionados con el trato humanitario hacia cualquier persona, aunque sea prisionera o acusada de delitos. Basta y sobra con el llamado para que cualquiera pueda hacer sonar todo tipo de alarmas, que en el caso de El Salvador representa un retroceso de años en la materia.

Resulta relevante reseñar las acusaciones que la comisión que se presentó en representación del gobierno debió enfrentar, porque sintetizan los alegatos de múltiples organismos respecto a la situación de DDHH en El Salvador, por mas “respaldo popular” que esgriman aquellos acusados de ser torturadores y, en más de un caso, responsables por la muerte de prisioneros sin la adecuada atención, o directamente a causa de las torturas.

El presidente del Comité aseguró que hay desafíos en el cumplimiento de la Convención contra la Tortura por obstáculos a la justicia transicional, la violencia de las pandillas, las respuestas del Estado y sus consecuencias para los derechos humanos, el hacinamiento y las condiciones de detención, la debilidad de protección de los derechos humanos, preocupaciones sobre la independencia del poder judicial y la problemática de migración y desplazamientos. Así mismo, cuestionó que haya capturas sin orden judicial, falta de garantía de defensa individual de los detenidos, audiencias judiciales masivas, jueces sin rostro, aumento de penas para los menores y aseguró que la tortura no debe ser una medida excepcional.
La vicepresidenta del Comité, Ana Racu, preguntó cuántos funcionarios han
recibido formación de prevención contra la tortura, violencia de género y
doméstica, si se garantiza prontamente un abogado a los detenidos, qué
medidas adoptarán para que la Policía ofrezca medidas contra la tortura en
los privados de libertad, cuántos abogados están disponibles, cuándo se
informa a un detenido de su derecho a asistencia legal, cuántas detenciones
masivas se han realizado en el régimen de excepción, quiénes son los
detenidos y cuál es su situación actual.
Muchos detenidos, dijo, no conocen las acusaciones que se les imputan, ante
lo cual cuestionó qué puede hacer el Estado.
Racu cuestionó la falta de mecanismos de supervisión independiente en los
centros penitenciarios, ya que las organizaciones no gubernamentales no
pueden acceder a estos.
La vicepresidenta también cuestionó el uso excesivo de la fuerza, ya que hay
indicios de tortura contra presuntos miembros de pandillas. Explicó que el
Comité rechaza los esfuerzos para justificar la tortura como modo para
proteger la seguridad pública. Así, preguntó cómo se investigan los posibles

casos de tortura, cuántas denuncias se han enjuiciado, si se suspende a los
funcionarios mientras están imputados. (Diario El Mundo, 18 de noviembre de
2022)

¿Qué respuesta dio el gobierno? En su característico doble discurso, aseguró que las
medidas aplicadas son respaldadas por el pueblo, que son transparentes, y que si hay
acusaciones debe promoverse un “dialogo constructivo” a través de la ONU.

Mientras esa parte del discurso se esgrimía hacia afuera y, para justificar su posición, se mencionaba el trabajo de dos inútiles procuradores de DDHH (el anterior y la actual) quienes ciegos, sordos y mudos, afirmaron que las cosas no estaban tan mal en las cárceles del régimen, en el país los funcionarios se aferran al lenguaje violento, sádico, arrogante y amenazador. Para ello, hacen jugar su papel estelar al ministro de Justicia y Seguridad y al jefe de la Policía, quienes al presentarse por enésima vez ante el Congreso para solicitar (y obtener de inmediato) una octava prórroga al régimen de excepción, se encargaron de indicar a los organismos de DDHH que abandonen toda esperanza mientras, en su habitual actitud servil, no olvidaban dar todo el crédito al presidente, de quien dependen sus puestos:

“Es una estrategia finamente elaborada por nuestro presidente Nayib Bukele,
los resultados que estamos teniendo arrojan, precisamente, que la estrategia
no está fallando”, aseguró el ministro de Seguridad Villatoro.
El funcionario también criticó a organismos internacionales de derechos
humanos. “Que está claro que lo que velan es por los derechos humanos pero
de los criminales no de los de millones de salvadoreños”, expuso. Aseguró que
no cometerán el “error de estar oyendo las canciones de estos organismos
internacionales” como lo estarían haciendo otros países de la región
latinoamericana.” (DEM, 16 de noviembre de 2022)
He allí el “dialogo constructivo” propuesto por el gobierno a los funcionarios de la
ONU que los cuestionaban.
RLL