Chile rechaza una nueva y revolucionaria constitución, las sombras del pasado dictatorial se imponen

Por Yoselina Guevara López

El pueblo chileno se manifestó en las urnas ante la propuesta de la nueva Constitución de Chile, con un resultado inapelable, de acuerdo al boletín oficial final del Servicio Electoral de Chile (Servel) con un rechazo al proyecto constitucional del 62% contra un 38% de aprobación; el voto era obligatorio, de allí que la participación haya superado los 13 millones de electores y electoras. Las últimas movilizaciones a favor del sí “Apruebo”, incluida una gran manifestación en Santiago la víspera del referéndum, no fueron suficientes para evitar la anunciada derrota; durante casi un mes las encuestas indicaban una oposición mayoritaria al texto constitucional. Razones de la derrota No cabe duda que las razones de la derrota son muchas, siendo increíble que se haya producido a pesar que los chilenos y chilenas habían aprobado ampliamente el proceso que llevó a la redacción del texto. Probablemente el principal error de la asamblea constituyente fue el querer hacer demasiado en el sentido de darle a Chile la constitución más progresista del mundo.

Tras dieciocho meses de debates, a menudo confusos, los 155 convencionales constituyentes (78 hombres y 77 mujeres, con 17 escaños reservados a los pueblos originarios), elaboraron un texto extremadamente complejo de 178 páginas y 388 artículos. La nueva Carta magna, redefinía en sus principios fundamentales (Art. 1-16) el carácter del Estado, reconfigurando su dimensión plurinacional, potenciando su papel social, la defensa explícita de las instituciones democráticas y los derechos humanos (Art. 17-126), así como la función pública y el sistema fiscal (Art. 165-186).

Al tiempo que se confirmaba el sistema presidencialista, se consolidaban los mecanismos de equilibrio de poderes (Art. 251-306) y las garantías de participación política (Art. 151-164). Además, se introducían una serie de elementos innovadores, desde la igualdad de género hasta el derecho al aborto, el reconocimiento de los pueblos indígenas hasta la reorganización territorial y regional, pasando por el valor de la responsabilidad ecológica (Art. 127-150) asignando derechos a la naturaleza.

Pero todos estos puntos de fuerza de la nueva Constitución quizás la hayan convertido en su mayor debilidad, siendo considerada, de acuerdo a las encuestas previas a la votación, demasiado radical para muchos, lo cual incentivó la polarización dentro del pueblo chileno. Por ello el campo del “rechazo”, se compactó en una coalición heterogénea de fuerzas, cada una de las cuales se oponía a una parte de la nueva constitución. Utilizando además una de las herramientas infalibles “la desinformación”, que sabemos que ha sido históricamente una de las armas que le ha dado victorias electorales a la derecha. No obstante es necesario destacar que en alguna medida la complejidad del nuevo texto constitucional también dificultó la orientación de la población hacia la aprobación.

La ambiciosa propuesta revolucionaria del proyecto se resumía en el Artículo 1 Capítulo I, Principios y disposiciones generales del texto de la nueva constitución que proclamaba: “Artículo 1. (1) Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. (2) Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. (3) La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo.”

Este reconocimiento del “Estado plurinacional”, suscitó las protestas de la derecha extrema chilena, sensible a la defensa del sistema nacionalista y preocupada por la reorganización de los sistemas territoriales y las prerrogativas asignadas a los pueblos indígenas. Puede sorprender que los derechos de los pueblos originarios haya sido uno de los principales puntos de discordia, tras la elección de una académica, lingüista y defensora de los derechos de los pueblos indígenas mapuche, Elisa Loncon, como presidenta de la Convención Nacional Constituyente, cargo que posteriormente ocupó María Elisa Quinteros Cáceres, académica e investigadora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Ese 13% que conforman los pueblos indígenas chilenos ¿aspiraron mucho? No podemos determinarlo, lo que sí es posible afirmar es que algunas raíces discriminatorias siguen presentes en la población chilena.

Esta derrota no es solo un duro golpe a los pueblos indígenas, a los defensores de los derechos sociales, a las mujeres sino también para los ecologistas del mundo que esperaban la aprobación de un texto constitucional que por primera vez reconocería legalmente el derecho a un medio ambiente sano, con normas para evitar la extracción salvaje de cobre y litio, y protegía las reservas de agua dulce y defendía los glaciares del cambio climático.

Comenzar de cero o ¿qué hacer?

Este 5 de septiembre el presidente Boric reunirá a los partidos políticos de Chile en el Palacio de la Moneda para decidir cómo proceder; los partidarios del sí, habían declarado que en caso de fracaso se reiniciaría el proceso desde cero, con la elección de una nueva Asamblea convencional constituyente.

Otra solución menos ambiciosa que han puesto en la mesa algunos expertos es la posibilidad de modificar la Constitución actual, insertando nuevos derechos, aunque ello suponga seguir viviendo con un texto cuyo núcleo duro fue aprobado en 1980 bajo el régimen dictatorial pinochetista. Se ha comprobado que Chile es un laboratorio político para las fuerzas reaccionarias, lo fue antes y durante el golpe de estado al presidente Salvador Allende, cuyo modelo para derrocar gobiernos progresistas lo han aplicado de casi igual manera en otras naciones; también se experimentó en el desarrollo de la dictadura de Pinochet, con economistas liberales trabajando para el régimen; y lo volvió a ser tras el manejo del estallido social del 2019. Para las fuerzas de la izquierda se pueden extraer múltiples lecciones de este fracaso de la reforma constitucional, que seguramente serán realizadas por analistas expertos, pero por una parte se puede reflexionar en cuanto a los manejos comunicacionales de la derecha, los mecanismos que puedan elevar el nivel de participación política real del pueblo de a pie en la elaboración del texto constitucional y quizás algo que fue decisivo la determinación de la velocidad con la cual se pueden establecer cambios radicales en una sociedad dividida.