NOTA DE PRENSA
NICARAGUA EN LA HAYA
El 19 de Noviembre de 2012 la Corte Internacional
de Justicia dictó Sentencia delimitando la Zona
Económica Exclusiva de Nicaragua en el Mar Caribe
hasta las 200 millas marinas desde las líneas
de base de las costas nicaragüenses. Colombia
rehusó cumplir dicha Sentencia desde el mismo
día en que fue dictada y posteriormente denunció
el Pacto de Bogotá en un intento de impedir
que Nicaragua pudiera acudir a la Corte nuevamente
para denunciar las violaciones de los derechos
soberanos y los espacios marítimos nicaragüenses
en el mar Caribe.
Ante esta situación, y antes que entrara en vigor
la denuncia del Pacto de Bogotá, el Gobierno de
Nicaragua presentó demanda en contra de Colombia
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ante la Corte Internacional de Justicia el día
26 de noviembre 2013, mediante la cual solicitó
a la Corte que se declaren las violaciones por
parte de Colombia de los espacios marítimos de
Nicaragua, tal y como fueron reconocidas por el
Fallo de la Corte del 19 de noviembre de 2012.
En 2014 Colombia presentó objeciones preliminares
a la jurisdicción de la Corte y solicitó al
Alto Tribunal de Naciones Unidas que se declarase
incompetente para conocer la demanda presentada
por Nicaragua en su totalidad. La Corte rechazo
las objeciones preliminares de Colombia y
anunció su competencia para conocer el caso;
sobre el cual, Colombia además presentó 4 puntos
de contrademandas. La Corte consideró inadmisibles
dos de las contra-demandas, y dio paso a otras
dos para ser consideradas dentro del proceso
de fondo. La primera contra-demanda versa sobre
violaciones a los presuntos derechos de pesca
históricos de la población raizal del Archipiélago
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de San Andrés y Providencia, y la segunda, sobre
presunta violación al derecho internacional en
relación con las líneas de base recta trazadas por
Nicaragua. En septiembre de 2021 se celebraron
audiencias orales públicas sobre el fondo del asunto.
El día de hoy la Corte Internacional de Justicia
ha dictado sentencia firme, definitiva y de
obligatorio cumplimiento en la que da la razón a
Nicaragua al confirmar que Colombia implementó una
política de estado que ha violado la jurisdicción
y los derechos soberanos de Nicaragua al:
Interferir con las actividades de pesca,
investigación científica marina y operaciones
navales de Nicaragua en su zona económica
exclusiva
Intentar imponer medidas de conservación a los
recursos naturales y medio ambiente marino
de Nicaragua
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Autorizar actividades de pesca en la zona
económica exclusiva de Nicaragua
Emitir el Decreto Presidencial 1946 del 9 de
septiembre de 2013
La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a
Colombia cesar su conducta ilegal en todos los
aspectos mencionados y reformar su legislación de
conformidad al derecho internacional consuetudinario,
en particular las provisiones del Decreto
Presidencial 1946 y sus reformas, de tal forma
que las mismas no abarquen áreas pertenecientes
a Nicaragua ni tampoco se arrojen facultades
incompatibles con el derecho internacional.
De igual forma, el Alto Tribunal ha confirmado que
Nicaragua no ha violado derecho alguno de pesca
histórico de la población raizal del Archipiélago
de San Andrés y Providencia. Al mismo tiempo,
la Corte reconoció como positivo el gesto del
Gobierno de Nicaragua al expresar interés en
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abordar bilateralmente por la vía de un acuerdo
la situación de la población raizal del Archipiélago.
La sentencia ha dejado en claro explícitamente que
Nicaragua es el estado soberano para extender
permisos de pesca, y cualquier permiso de
exploración y explotación de los recursos en sus
áreas, así como de conservar el medio ambiente
marino de toda su zona económica exclusiva,
entre otros, de acuerdo al derecho internacional,
la Convención de Cartagena y el Protocolo
relativo a las áreas y a la flora y fauna
silvestres especialmente protegidas. En ese
sentido, queda confirmado que la Reserva de
Biósfera del Caribe Nicaragüense creada en el 2021
se encuentra dentro de las áreas jurisdiccionales
de Nicaragua en conformidad con las normas
internacionales.
Finalmente, Nicaragua tomará los pasos necesarios
para ajustar su legislación con respecto a sus
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líneas de base recta en el Mar Caribe para que
las mismas puedan cumplir a cabalidad con las
recomendaciones del Alto Tribunal.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
reafirma su firme compromiso con el Estado de
Derecho a Nivel Internacional y la solución
pacífica de las controversias entre los Estados.
En particular, Nicaragua desea hacer notar que
nuestro recurso al más alto Tribunal de Justicia,
y la reiterada presencia de Nicaragua ante dicho
Tribunal desde el año de 1984, es una muestra
palpable de ese compromiso.
Managua, 21 de Abril 2022
Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo
