El organismo admitió una denuncia por el posible manejo irregular de fondos estatales para la implementación de la criptomoneda en el país.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) de El Salvador realizará un examen de auditoría a un fondo de 150 millones de dólares para la puesta en marcha del bitcoin como moneda de curso legal, informó este jueves la organización Cristosal.
La Corte de Cuentas admitió una denuncia presentada por la entidad no gubernamental por el posible manejo irregular de fondos estatales para la implementación del proyecto bitcoin en el país centroamericano, publicó Cristosal en Twitter.
Señaló que el organismo estatal realizará un examen de auditoría a la ejecución del fideicomiso por 150 millones de dólares para, de acuerdo con el Gobierno, “operativizar la circulación de la moneda digital bitcoin”.
Cristosal señaló en su denuncia que una las presuntas irregularidades es “la opacidad en el origen de los fondos para la construcción de la cabinas” en las que se colocaron cajeros y en las que se da orientación para el uso de la criptomoneda.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/KPRA3SPBDS5WMMLBGEGSZVHL2E.jpg%20420w)
El presidente de El Salvador Nayib Bukele (Secretaria de Prensa de La Presidencia/Handout vía REUTERS)
En el documento presentado se indica que estas se construyeron antes de la entrada en vigencia del decreto legislativo que crea un fideicomiso por 150 millones de dólares para la puesta en marcha del proyecto, por lo que pidió que se realizara un examen especial para determinar si las cabinas se construyeron con fondos estatales y verificar el proceso de licitación.
El Salvador se convirtió el pasado 7 de septiembre en el primer país del mundo en tener al bitcoin como moneda de pago, junto al dólar estadounidense.
Para promover el uso de este criptoactivo para el intercambio de bienes y servicios, se lanzó una billetera gubernamental y se instaló una red de cajeros automáticos manejados por una empresa privada constituida con fondos públicos, según la denuncia de Cristosal.
Además, solicitó investigar los permisos que concedieron las alcaldías donde se construyeron unos 50 centros de atención para los usuarios de la red. El gobierno del presidente Bukele no respondió de inmediato a solicitud de comentarios por parte de la agencia de noticias Reuters.
“Habiéndose admitido la denuncia interpuesta, procédase a realizar el informe de análisis jurídico y oportunamente, se remita tal informe a la Coordinación General de Auditoría, para que ordene que se realice el examen de auditoría correspondiente”, dijo la Corte de Cuentas el jueves.
Fuente: www.resumenlatinoamericano.org
