“En los últimos meses las pandillas están decidiendo cómo asignar las viviendas en las comunidades. Hay indicios para señalar un presunto acuerdo entre miembros de pandillas y funcionarios de gobierno, esto agrava la situación”, señaló la investigadora en temas de seguridad, Jeannette Aguilar.
La investigadora Aguilar, manifestó que, aunque el gobierno destaque que existen días con cero homicidios o disminución de violencia, aún se presentan casos de desapariciones forzadas, y lugares asediados por las pandillas, donde se les impide el acceso a la Policía Nacional Civil (PNC).
“Hay una práctica sistemática de extorsión acompañada de amenazas, que ha derivado en el fenómeno de desplazamientos forzados internos. Hay Indicaciones a policías para que no entren a ciertas comunidades a solicitud de las pandillas. ¿Quién protege los derechos de los ciudadanos?”, cuestionó Aguilar.
Señaló que se sabe muy poco de las redes de la trata de personas, “pero es una práctica extendida que se ha mantenido invisibilizada porque altos funcionarios del gobierno, empresarios y hasta pastores han estado vinculados”.
“Hay preocupación por el aflojamiento en la persecución a estructuras del crimen organizado, incluyendo pandillas. Hubo lineamientos de bajar la guardia en controles fronterizos donde hay paso de droga”, explicó.
Asimismo, recalcó que los funcionarios que ahora están tomando decisiones han sido señalados por diversos hechos de corrupción y posible cometimiento de graves delitos. “funcionarios que van a generar niveles de impunidad”, agregó.
En relación a los últimos prestamos aprobados por la Asamblea Legislativa, para fortalecer el Plan de Control Territorial, es contradictorio que aprueben más deuda para justificar estrategias de seguridad que no se conoce. “Esto responde más bien a fortalecer a la policía, con la que el gobierno necesita contar para echar a andar su proyecto político autoritario”, concluyó.
