San Salvador, 17 mar (PL) El control derechista de la Asamblea Legislativa amenaza los programas sociales en El Salvador, cuya defensa podría exigir más vetos presidenciales si el bienestar del pueblo corre peligro.
A pocas horas de culminar el escrutinio definitivo, el derechista partido Arena (Alianza República Nacionalista) podría tener entre 39 y 40 de las 84 diputaciones: con cuatro votos más tendrían mayoría simple y con una docena el voto calificado.
Por el contrario, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ronda los 23 curules, y pierde la llamada llave del voto calificado, que le permitía frenar los excesos de la derecha en la Asamblea.
Igual, la diputada efemelenista Norma Guevara advirtió que la formación salvadoreña de izquierda respeta la decisión hecha en democracia, pero no tolerará atropellos y abusos contra el pueblo.
‘Esperaría que el presidente Salvador Sánchez Cerén vete toda ley que dañe al pueblo, porque no podemos actuar en contra de la gente: vamos a estar siempre en defensa de las mayoría popular’, enfatizó la dirigente.
El problema es que si Arena negocia con el Partido Concertación Nacional, la Gran Alianza por la Unidad Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, podría incluso superar vetos presidenciales con mayoría calificada.
La última vez que la Asamblea superó el veto presidencial fue en 2011, cuando Mauricio Funes se negó a sancionar la Ley Antitabaco, aún vigente.
Diversos analistas estiman que Arena se cuidará de promover leyes anti-populares antes de las elecciones presidenciales de febrero próximo, para evitar un ajuste de cuentas en las urnas.
Sin embargo, el posible retorno de la derecha al ejecutivo traería una vuelta a los gobiernos neoliberales que dolarizaron la economía, privatizaron las pensiones, endeudaron al país y fortalecieron a la oligarquía.
Además, con la izquierda sin suficientes diputados para hacerles frente, la derecha volvería a legislar a conveniencia, y la provatización del agua destaca entre los viejos anhelos del empresariado arenero.
De hecho, el pasado año Arena presentó una propuesta de Ley de Agua que entrega la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados a una comisión integrada por instancias públicas y privadas.
Otra preocupante prerrogativa de una Asamblea dominada por la derecha es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, su Sala de lo Constitucional, el Fiscal General y otros funcionarios afines.
La integración de la mencionada Sala es crucial, porque los cuatro jueces salientes evidenciaron un sesgo político que afectó la gobernabilidad del país y cambió el juego electoral para favorecer a la derecha.
Lo mismo puede decirse del actual Fiscal, Douglas Meléndez, funcionario avalado por la embajada de Estados Unidos, pese a su parcializada gestión y a su renuencia a investigar denuncias fundamentadas contra la derecha.
Como sea, lo único cierto sobre la legislatura que comenzará el próximo 1 de mayo es que el abstencionismo y el voto de castigo sin dudas cumplieron su cometido, pero el supuesto remedio se avizora peor que la enfermedad.
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