Desde que asumió la presidencia, Nayib Bukele se ha empeñado en desmantelar todos los controles institucionales al poder presidencial. En febrero de 2020, ingresó en la Asamblea Legislativa acompañado por soldados armados, en un aparente esfuerzo por intimidar a los legisladores para que aprobaran un préstamo para las fuerzas de seguridad. Asimismo, desobedeció abiertamente tres sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que prohibían detener personas tan solo por haber incumplido las normas del confinamiento.
En marzo, Bukele decretó un confinamiento obligatorio en todo el país en respuesta a la pandemia de Covid-19, y ordenó que las fuerzas de seguridad detuvieran a las personas que no lo cumplieran en “centros de contención”. Desde ese entonces, miles de personas fueron detenidas en condiciones de hacinamiento e insalubridad en dichas instalaciones.
Las maras ejercen el control territorial en algunos vecindarios y extorsionan a residentes en todo el país. Reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a abuso sexual a mujeres, niñas y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT). Las maras son responsables de la muerte, desaparición, violación sexual o desplazamiento de quienes les muestran resistencia.
Históricamente, las fuerzas de seguridad han estado implicadas en graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales, desapariciones forzadas y otros actos de tortura. En general, continúan siendo ineficaces en lo que respecta a proteger a la población de la violencia de las pandillas.
Niñas y mujeres acusadas de abortos han sido encarceladas por homicidio y homicidio agravado. Las personas LGBT son blanco de discriminación y violencia y no reciben protección efectiva del estado.
Abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad
El presidente Bukele mantuvo el papel de las fuerzas militares en los operativos de seguridad pública, pese a que se estipuló lo contrario en un acuerdo de paz alcanzado en 1992.
Durante el confinamiento por el Covid-19, que se extendió desde el 21 de marzo hasta el 14 de junio, Bukele ordenó a los las fuerzas de seguridad que detuvieran a quienes incumplieran con las medidas de confinamiento, y los enviaran a centros de contención, que rápidamente exhibieron condiciones de hacinamiento e insalubridad. En dichos centros, no se implementaron medidas sanitarias básicas tales como aislar a quienes daban positivo en un test de coronavirus del resto de los detenidos. Más de 16.000 personas fueron enviadas a estos centros y algunas de ellas permanecieron detenidas hasta por 40 días.
Las declaraciones del presidente Bukele han promovido el uso excesivo de la fuerza y la ejecución draconiana de las medidas ordenadas por su gobierno. En abril, ordenó a policías y militares “endurecer las medidas contra las personas que incumplan la cuarentena”, y agregó que no le importaría si la policía “doblaba la muñeca” de alguien durante un arresto.
Durante la implementación de las medidas de confinamiento, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos reportó más de 1.600 denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo más de 620 abusos relacionados con el derecho a la libertad de circulación.
Tras un aumento en el número de homicidios en abril, Bukele anunció que “autorizaba” el uso de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad en “defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”, sin aclarar que el uso de la fuerza letal constituía una medida de último recurso. Además, señaló que “el gobierno se encargar[ía] de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada”.
Entre 2014 y 2018, la policía cometió 116 ejecuciones extrajudiciales, según datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Solo en dos casos se dictaron condenas.
Cárceles y cuarteles policiales
Hasta agosto de 2020, el World Prison Brief reportó más de 36.600 detenidos en los centros penitenciarios del país, lo cual representa el doble de la capacidad oficial. Del total de la población carcelaria, cerca del 23 % se encontraba en prisión preventiva.
La sobrepoblación y la insalubridad ponen en riesgo la salud de los detenidos. El riesgo de contraer tuberculosis entre la población carcelaria en El Salvador es 99 veces mayor que el de la población general. Estas condiciones aumentan aún más el riesgo de propagación de la Covid-19.
En abril, el presidente Bukele declaró la “emergencia máxima” en todos los centros penales de máxima seguridad que albergan a pandilleros, y ordenó el aislamiento en celdas las 24 horas. Aunque las pandillas suelen estar en celdas separadas para evitar enfrentamientos, Bukele mezcló a miembros de distintas pandillas en una misma celda. En fotografías y videos oficiales se observó a miles de detenidos casi totalmente desnudos —pocos de ellos utilizando cubrebocas– y amontonados en el piso dentro de las cárceles, mientras la policía requisaba las celdas. Estas medidas contravienen las pautas de salud pública para prevenir la propagación de Covid-19 y contribuyen a exacerbar aún más el ya elevado riesgo de contagio.
Maras y violencia
Según los medios de comunicación, aproximadamente 60.000 miembros de maras operan en el país. Controlan territorios y extorsionan y obtienen información sobre residentes y personas que circulan, sobre todo en el transporte público, escuelas y mercados.
Numerosos agentes de seguridad y funcionarios han colaborado con maras en actividades delictivas, de acuerdo a medios de comunicación, y todos los partidos políticos han negociado con ellas, incluso para campañas electorales.
La Policía Nacional informó 706 homicidios entre enero y julio de 2020, en comparación con más de 1.700 casos durante el mismo período en 2019, lo cual supone una reducción de 59 %. En septiembre, el medio digital El Faro informó que el gobierno de Bukele había estado negociando con la MS-13 a lo largo del último año, y había otorgado beneficios carcelarios a pandilleros a cambio de la reducción de homicidios y de brindar apoyo electoral para las elecciones legislativas y municipales de febrero de 2021. El 4 de septiembre, el fiscal general Raúl Melara indicó que la Fiscalía investigaría estos señalamientos.
Desapariciones
Entre enero de 2014 y octubre de 2019, la policía ha registrado más de 11.900 víctimas de desapariciones, incluidos más de 400 niños y niñas. Las cifras son mayores a la cantidad de desaparecidos durante la guerra civil (1979-1992), que se estiman entre 8.000 y 10.000 personas. Las desapariciones son perpetradas por diversos actores, incluidas las maras y la policía. Pocos casos son investigados.
Rendición de cuentas y justicia
La impunidad por abusos perpetrados por el gobierno es la norma.
Continuó el juicio contra excomandantes del Ejército acusados por la masacre de El Mozote de 1981, en el cual soldados cometieron violaciones sexuales masivas y mataron a 978 civiles, incluidos 553 niños y niñas. En septiembre de 2020, soldados se rehusaron a cumplir con una orden judicial que permitía que un juez revisara los archivos militares sobre la masacre. El Presidente Bukele afirmó que él era la única autoridad facultada para desclasificar archivos militares y manifestó que él entregaría al juez “todos los archivos militares existentes” sobre la masacre. En octubre, el tribunal informó que había recibido los expedientes militares. Sin embargo, el contenido de los archivos sería, en su mayoría, el mismo que el gobierno anterior ya habría entregado a la justicia, y en los cuales solo se dejaba constancia que la presidencia no disponía de información militar sobre la masacre
En septiembre de 2020, un tribunal español declaró culpable al excoronel del Ejército salvadoreño y ex viceministro de seguridad pública Inocente Montano por los homicidios de cinco sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana en El Salvador, ocurridos en 1989. Montano fue condenado a 133 años de prisión.
El expresidente Antonio Saca (2004-2009) cumple actualmente una condena de 10 años de prisión por actos de corrupción relacionados con la malversación de más de USD 300 millones. El expresidente Mauricio Funes (2009-2014), quien vive en Nicaragua desde 2016, enfrenta múltiples cargos penales, que incluyen corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero. El presidente nicaragüense Daniel Ortega le otorgó asilo político en 2019.
Para responder a la pandemia, la Asamblea Nacional autorizó la flexibilización de los procedimientos de compra del poder ejecutivo mientras duró la emergencia, incluidas las “contrataciones directas” de insumos y servicios médicos. Al momento de redacción de este informe, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando a seis funcionarios públicos, incluido el actual ministro de salud, por corrupción y compras irregulares.
Derechos sexuales y reproductivos de la mujer
El aborto es ilegal en todas las circunstancias. Los proveedores enfrentan penas de seis meses a doce años de prisión.
Según las últimas estadísticas disponibles, más de 150 niñas y mujeres, en su mayoría de sectores de bajos recursos, fueron procesadas entre 2000 y 2011 por situaciones que, según señalan abogados y activistas, constituían emergencias obstétricas. En varios casos, la justicia aceptó como prueba un procedimiento de autopsia cuestionable, conocido como prueba de flotación pulmonar, para respaldar desde el punto de vista forense la afirmación de que el feto había nacido con vida.
Hasta septiembre de 2020, 19 mujeres que dijeron que habían tenido emergencias obstétricas continuaban encarceladas por cargos de aborto, homicidio u homicidio agravado. Al menos 16 de ellas habían sido condenadas por homicidio agravado.
Desde 2009, se ha determinado la inocencia o se han conmutado las penas de 41 mujeres que estaban siendo procesadas por la Fiscalía General de la República.
Evelyn Hernández fue enjuiciada por segunda vez en agosto de 2019 por homicidio agravado en relación con caso de mortinato en 2016, tras ser violada a los 17 años. Hernández fue absuelta en julio de 2020.
Derechos de las personas con discapacidad
El marco legislativo de El Salvador sigue teniendo disposiciones incompatibles con las normas internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluidas restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidades intelectuales o psicosociales, así como medidas insuficientes para mejorar la accesibilidad física. Las pandillas han atacado a mujeres y niñas con discapacidad, y una alta proporción de estos casos permanecen impunes.
Derechos de las personas LGBT
Las personas LGBT continúan siendo blanco de violencia homofóbica y transfóbica por parte de policías, pandilleros y otras personas. Organizaciones salvadoreñas informan que hubo más de 600 personas LGBT asesinadas desde 1993. Según estadísticas oficiales que se dieron a conocer en enero de 2020, se produjeron 692 casos de violencia contra las personas LGBT e intersexuales entre enero de 2015 y junio de 2019.
En mayo de 2019, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos documentó 19 homicidios de personas LGBT sin resolver, principalmente mujeres transgénero, ocurridos entre 2009 y 2016.
Entre octubre de 2019 y abril de 2020, al menos siete mujeres trans y dos hombres gais fueron asesinados en El Salvador, y las características de los casos sugieren que los agresores actuaron motivados por el odio en razón de la identidad de género u orientación sexual de las víctimas.
En julio de 2020, tres policías fueron declarados culpables por el homicidio de Camila Díaz Córdova, una mujer transgénero deportada desde Estados Unidos. El tribunal condenó a cada uno a 20 años de cárcel. La sentencia fue emblemática, ya que se trata de la primera condena por el homicidio de una persona transgénero en el país.
En junio de 2019, el presidente Bukele disolvió la Secretaría de Inclusión Social, dentro de cuyo ámbito funcionaba la Dirección de Diversidad Sexual , y la dirección fue absorbida por una Unidad de Género que ya existía en el Ministerio de Cultura, renombrada Unidad de Género y Diversidad. Activistas LGBT plantearon críticas a esta iniciativa, y señalaron que apenas unas pocas de las preocupaciones que tenían sobre seguridad y discriminación podían abordarse de manera adecuada desde el ámbito de la cultura.
Ataques contra periodistas
La Asociación de Periodistas de El Salvador informó 61 violaciones de la libertad de prensa entre junio de 2019 y mayo de 2020, que incluían ataques y acoso digitales, restricciones al ejercicio periodístico y al acceso a información pública.
Desde que asumió la presidencia, Bukele ha atacado la credibilidad de medios de comunicación independientes, en particular El Faro, Revista Factum y Gato Encerrado, a los cuales acusó de difundir “noticias falsas”, y utilizó medios de comunicación controlados por el gobierno para atacarlos. En julio de 2020, un ciberataque a Gato Encerrado resultó en la pérdida de todo lo que publicó el medio en los últimos 6 meses. Ese mismo mes, a la periodista de Gato Encerrado Julia Gavarrete le robaron la computadora de su casa. Asimismo, el editor de Revista Disruptiva sufrió el robo de dos computadoras en su casa. Organizaciones de derechos humanos y de libertad de prensa sospechan que en ambos casos los robos están relacionados con su labor periodística, dada la postura crítica contra el gobierno de estos medios y el hecho de que en ninguno de los dos casos se robaron otros objetos de valor.
Desplazamiento
De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles, 71.500 personas se desplazaron dentro del país entre 2006 y 2016.
Hasta 2019, había más de 136.000 solicitudes de asilo de salvadoreños pendientes en otros países, la mayoría de ellas en Estados Unidos.
Desde 2013 hasta 2019, 138 salvadoreños fueron asesinados tras ser deportados desde Estados Unidos, y más de 70 fueron víctimas de golpizas, agresiones sexuales, extorsiones o torturas.
Actores internacionales clave
En el año fiscal 2020, Estados Unidos asignó más de USD 72 millones de asistencia bilateral a El Salvador, principalmente destinados a iniciativas para reducir la violencia extrema y fortalecer las instituciones del Estado.
En marzo de 2020, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, instó a El Salvador a adoptar reformas estructurales para “poner fin a la detención arbitraria de mujeres en condiciones de vulnerabilidad”, tras señalar los largos períodos de prisión de mujeres que habían sufrido emergencias obstétricas o abortos espontáneos.
Luego de una visita a El Salvador en diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los altos niveles de violencia, la participación militar en operativos de seguridad pública, las condiciones de hacinamiento y precariedad en las cárceles y la violencia contra mujeres, niñas y personas LGBT.
Apartado sobre el Covid-19
En marzo, Bukele decretó un confinamiento obligatorio en todo el país en respuesta a la pandemia de Covid-19, y ordenó que las fuerzas de seguridad detuvieran a las personas que no lo cumplieran en “centros de contención”. Más de 16.000 personas fueron enviadas a estos centros en condiciones de hacinamiento e insalubridad y algunas de ellas permanecieron detenidas hasta 40 días.
Asimismo, Bukele desobedeció abiertamente tres sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que prohibían detener personas tan solo por haber incumplido las normas del confinamiento.
Durante la implementación de las medidas de confinamiento, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos reportó más de 1.600 denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo más de 620 abusos relacionados con el derecho a la libertad de circulación.
En abril, el presidente Bukele declaró la “emergencia máxima” en todos los centros penales de máxima seguridad que albergan a pandilleros, y ordenó el aislamiento en celdas las 24 horas. Aunque las pandillas suelen estar en celdas separadas para evitar enfrentamientos, Bukele mezcló a miembros de distintas pandillas en una misma celda. En fotografías y videos oficiales se observó a miles de detenidos casi totalmente desnudos —pocos de ellos utilizando cubrebocas– y amontonados en el piso dentro de las cárceles, mientras la policía requisaba las celdas. Estas medidas contravienen las pautas de salud pública para prevenir la propagación de Covid-19.
Desde el 11 de marzo hasta la fecha de preparación del presente, las escuelas permanecían cerradas debido a la pandemia. El 25 de mayo, las clases pasaron a dictarse mediante sesiones virtuales. El 19 de agosto, el Ministerio de Educación anunció que las escuelas y universidades permanecerán cerradas, hasta, por lo menos, el 31 de diciembre y que, mientras tanto, continuaría la educación virtual mediante Internet, radio y televisión. Durante este tiempo, el gobierno implementó una serie de esquemas de educación a distancia: aprendizaje en línea, guías de trabajo impresas para quienes no tienen acceso a dispositivos con Internet y, además, material educativo transmitido por radio y televisión. En El Salvador ya había más de 76.000 niños y niñas que no asistían a la escuela antes de la pandemia —la mayoría de los cuales viven en zonas rurales—, principalmente debido a la falta de escuelas cercanas y escasos recursos económicos.
