Los sindicalistas denuncian la privatización de servicios que presta la alcaldía, así como violación a los derechos constitucionales y humanos, un claro retroceso a la paz y democracia aún en construcción de nuestro país, por lo que piden a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Fiscalía General y al Ministro de Trabajo, ejercer su función por la defensa y respeto de los derechos humanos y laborales.
