Desde que inició la emergencia por COVID-19, el presidente Nayib Bukele planteó un falso dilema entre salud y economía, cuando aseguró que era necesario sacrificar la actividad económica porque el dinero podía volver a recuperarse pero no la vida de las personas, y decretó una cuarentena domiciliar que solo mantuvo abierta las actividades económicas esenciales para el combate de la pandemia.
La realidad nos muestra que a la par del derrumbe de la economía, el deterioro del sistema público de salud y el incremento constante de personas fallecidas por COVID-19, la situación de vida de la población tiende a desmejorar en diferentes aspectos, afectando profundamente a grupos tradicionalmente vulnerables que ahora están peor, mientras aquellos grupos que estaban medianamente bien han empezado a desmejorar. Veamos qué ha pasado en cinco meses de supuesta
priorización de la salud por parte del Gobierno.
A partir del 21 de marzo inició en El Salvador oficialmente el cierre de la economía y la cuarentena domiciliar, que inició siendo obligatoria y aunque hoy es confinamiento voluntario, se vuelve obligatoria porque la falta de transporte colectivo impide que las personas se desplacen en búsqueda de formas de proveerse de sustento diario y recursos para suplir necesidades de vivienda, vestuario, educación, etc. Durante el
confinamiento se han evidenciado vulnerabilidades específicas para las mujeres:
Aumento de la violencia intrafamiliar por convivencia con el agresor,
además porque el confinamiento prolongado en condiciones de hacinamiento sin estrategias para canalizar el estrés y ansiedad exacerba múltiples expresiones de violencia intrafamiliar.
Déficit de acceso a los servicios de salud, en especial de salud sexual y
reproductiva y salud mental, además de la falta de atención a enfermedades crónicas subyacentes desde antes de la pandemia.
Aumento de la vulnerabilidad económica de las mujeres y mayor limitación a su autonomía económica, pues las mujeres ejercen la mayor parte del trabajo informal que ha sido el más afectado por el prolongado cierre económico.
Precarización del tiempo de las mujeres por aumento de carga de trabajo
en la situación de confinamiento, las mujeres que aún conservan un trabajo
remunerado han tenido que hacerlo desde sus hogares (tele-trabajo) en horarios extendidos, sumado al apoyo en las tareas escolares que también se han estado haciendo en casa, y a todo el trabajo de cuidado familiar que tradicionalmente es asignado prioritariamente a las mujeres; esto deja a las mujeres con mala calidad y cantidad de tiempo para ellas, para su auto cuido y para atender sus necesidades particulares y específicas.
El confinamiento prolongado ha incrementado la exposición de niñas, niños, adolescentes y mujeres con personas agresoras que están en casa, desde antes se había señalado por diferentes organizaciones que dan seguimiento a casos de violencia contra niñas, niños y mujeres que los hogares resultan ser el lugar menos seguro para la mayoría de víctimas. Cuando se habla de convivencia con la persona agresora, hay que aclarar que no solo es el hombre como figura de padre en el caso de niñas, niños y adolescentes, compañero de vida o esposo, en el caso de las mujeres; en el hogar también pueden convivir abuelos, hermanos, primos, tíos, amigos, vecinos que también ejercen violencia hacia niñas, niños y mujeres.
De acuerdo a estadísticas del Hospital Nacional de la Mujer, de abril a junio hubo un aumento de 114 inscripciones de embarazos de niñas de entre 10 y 14 años y 2,746 inscripciones de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años, en los centros de salud del país. De enero a marzo se contó con 144 inscripciones de embarazos en niñas de 10 a 14, y hasta junio se contabilizan 258. En las edades de 15 a 19 años de enero a marzo, aumentaron de 3,835 a 6,581 en el mismo período.
Es decir, que con respecto a los datos hasta marzo, en el siguiente trimestre (de confinamiento absoluto) los embarazos de niñas de 10 a 14 años aumentaron 79.16% y los de adolescentes de 15 a 19 años crecieron de 71.6% ¿Qué ha pasado? Las niñas y adolescentes no están yendo a la escuela y durante los meses de abril, mayo y junio han permanecido en confinamiento en sus hogares sin posibilidad de movilizarse o de interactuar con más personas que su grupo familiar.
Ese aumento en las inscripciones de embarazos en el MINSAL demuestra que los mismos son en buena medida el resultado de abusos, agresiones sexuales y violaciones en el seno de los hogares. Hay más niñas y adolescentes condenadas a embarazos forzados producto de la violencia sexual que permanece impune.
Adicionalmente, de enero a mayo la Fiscalía General de la República reporta 974 casos de violencia contra la niñez: 243 casos de maltrato infantil, 353 violaciones en menor incapaz, 104 violaciones en menor incapaz agravada y 274 casos de agresión sexual. No hay compromiso institucional para encarar y atender esta realidad ¿Dónde está el CONNA? ¿Qué hace la oficina de la Primera Dama ante esta realidad? ¿No es la niñez una prioridad del Gobierno? Mientras la cuarentena obliga a las niñas y adolescentes a permanecer en sus hogares con personas que les violentan, las instancias que deben protegerlas permanecen pasivas.
La Fiscalía también reporta de enero a mayo 2,044 expedientes por denuncias de violencia sexual a mujeres, más de 300 por expresiones de violencia contra ellas, solo en el tiempo de la cuarentena, y 152 expedientes por difusión ilegal de información, delito que ha ido incrementando conforme las redes sociales van tomando mayor auge entre la población.
Hasta la primera semana de junio, el Instituto de Medicina Legal contabilizaba un total de 52 asesinatos de mujeres. Sin embargo, las mismas autoridades reconocen que, producto de las dificultades de movilización por la misma cuarentena, hay una reducción en las denuncias por violencia contra las mujeres, en comparación con el año anterior. De nuevo surge la pregunta ¿Dónde está el ISDEMU para apoyar a las víctimas e impulsar planes de prevención de este tipo de delitos?
Desde PROES hemos señalado que el confinamiento domiciliar absoluto, sin otras medidas complementarias, no es la mejor estrategia para combatir el COVID-19, pues este virus no se combate escondiéndose de él. Además, la realidad nos muestra que el hogar no es seguro para buena parte de la población y que el confinamiento absoluto representa un incremento en el riesgo de violencia intrafamiliar en niñas, niños y adolescentes.
Junto a mujeres, niñas, niños y adolescentes tenemos otros grupos vulnerables que también están siendo fuertemente afectados por la mala gestión de la pandemia:
Más de medio millón de personas con alguna discapacidad, entre mujeres y hombres, porque la mayoría de ellas se dedican a labores productivas en el sector informal de la economía, muchos han perdido totalmente sus fuentes de ingreso desde principios de marzo, no fueron beneficiarias del bono de US$300 dólares, no han podido pagar recibos de servicios básicos, ni comprar medicamentos para sus enfermedades crónicas y deben lidiar con el estigma social, limitando más sus posibilidades de empleo.
Más de 785,000 personas adultas mayores de 60 años, entre mujeres y
hombres, de las cuales apenas un 36% (285,000) califican para recibir algún tipo de pensión del Estado: veteranos y veteranas de guerra, Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) y Pensión Básica Universal. Este es un grupo especialmente vulnerable frente al COVID-19, que menos ayuda está recibiendo del Gobierno, tampoco fueron beneficiarios del bono de US$300 dólares y los pocos beneficios que se contemplaban para esta población en gestiones anteriores, fueron reducidos o eliminados durante lo que va de la gestión del presidente Bukele.
En 2020 no hemos tenido mayores noticias respecto del avance del Modelo de Salud para la Persona Adulta Mayor, lanzado en febrero de 2018 por autoridades del MINSAL. Pero si ha trascendido que, en plena pandemia se ha interrumpido desde el mes de mayo el depósito de la pensión de US$100 mensuales a veteranos y veteranas, y que en los últimos siete meses no se ha depositado la ayuda para becas de hijos e hijas de esta población.
San Salvador, 17 de agosto de 2020
