La renuncia del ministro de hacienda, Nelson Fuentes, sin una explicación clara que la motive, es un nuevo indicio de la descomposición que experimenta el Gobierno. En general, el país vive una situación muy grave, ante la cual Profesionales por la Transformación de El Salvador expresa lo siguiente:
1. La renuncia del ministro Fuentes, el décimo funcionario de alto nivel que renuncia o es removido de su cargo, ocurre en un momento en que el Gobierno se encuentra cuestionado por presuntos actos de corrupción. Veamos algunos casos:
a) La Corte de Cuentas cuestionó la transferencia de US$300 a 100,000 familias, por un monto de US$30 millones, así como el gasto de US$13 millones en la terracería del terreno donde se construye el Hospital El Salvador (ex CIFCO), cuyo costo pasó de US$70 millones a US$100 millones.
b) El Ministerio de Salud le compró 800,000 mascarillas a la empresa Grupo GME Inversiones, vinculada con la familia del diputado de ARENA Gustavo Escalante, el 22% de las cuales resultaron inservibles. El Ministerio también realizó una compra de termómetros sobrevalorada en US$1.3 millones. Incluso, compró insumos no médicos para abastecer al personal médico.
c) El nuevo ministro de hacienda podría estar involucrado en la venta por US$750,000 de insumos médicos sobrevaluados.
d) Una hermana de la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno recibió un préstamo de BANDESAL, institución donde labora un hermano de la misma comisionada sin tener experiencia, competencia ni idoneidad para desempeñar ese cargo.
e) El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) podría haber reorientado fondos sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. Ese Órgano del Estado dijo que si el caso no se aclara recurrirá a las instancias judiciales.
f) Según denuncias de la ciudadanía, el MAG, en conjunto con otros ministerios y entidades públicas, repartió paquetes agrícolas a través de los partidos GANA y Nuevas Ideas y le compró 33,000 toneladas métricas de maíz a una empresa de México, a un precio de US$33 el quintal, cuando en El Salvador el precio ronda los US$17.
g) El Ministerio de Turismo presuntamente contrató como centro de contención una casa de la hermana del ministro de salud, por un valor de US$13,000.
2. El Gobierno enfrenta reclamos sociales que podrían crecer si no se buscan soluciones satisfactorias. Hay protestas del personal de salud por el abandono y las malas políticas del Gobierno, que han elevado los casos de contagios y muertes. Los veteranos de guerra protestan porque tienen meses sin cobrar sus pensiones, a pesar de que el Gobierno dispone de recursos que podría reorientar para ese fin con el aval de la Asamblea Legislativa.
3. El Ministerio de Hacienda dejó que finalizara la ley del Cotrams o impuesto de guerra, de $0.10 por galón de combustible para subsidiar el transporte público, lo que pone en riesgo el subsidio y la estabilidad de la tarifa de transporte. Hacienda también le adeuda US$12.9 millones a la Universidad de El Salvador, lo que pone en riesgo el próximo ciclo universitario.
4. Esos y otros acontecimientos se dan en un marco de crisis sanitaria, económica e institucional que tiende a agravarse por la incompetencia y la soberbia del gabinete de gobierno, y particularmente del presidente de la república, quien sigue empeñado en manipular a la población y confrontar con los demás Órganos del Estado.
5. La cantidad de personas infectadas y fallecidas por el COVID-19 sigue aumentando. El sistema hospitalario está colapsado debido a la mala gestión de las autoridades de salud. Y ante esa realidad, lo único que se le ocurre al Gobierno es proponer una cuarentena que restrinja los derechos ciudadanos.
6. La crisis económica se profundiza porque el Gobierno retrasó por 45 días la fase dos de la apertura económica y no sanciona el decreto del Fideicomiso para la reactivación productiva.
7. El deterioro de la institucionalidad pública es cada vez más notorio. El único plan del Gobierno consiste en promover la imagen del primer mandatario, quien irrespeta el orden constitucional, profesa odio contra quienes lo critican y denigra con sus acciones la propia función presidencial.
8. PROES considera, como lo ha dicho en otras ocasiones, que la Fiscalía General de la República y la Asamblea Legislativa deben frenar los exabruptos del presidente de la república, quien atenta permanentemente contra el orden democrático construido tras el fin de la guerra.
30 de julio de 2020
Escrito por Profesionales por la Transformación de El Salvador PROES
