Carta abierta al Secretario General de la OEA
San Salvador, 04 de julio de 2020
Señor Luis Leonardo Almagro Lemes Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Washington D.C.
Honorable secretario:
Como profesionales comprometidos con la transformación de El Salvador, queremos expresarle algunas ideas sobre los riesgos que amenazan a nuestro sistema democrático y exhortarle a tener una mirada equilibrada sobre lo que acontece en nuestro país.
En recientes declaraciones, usted afirmó, refiriéndose a quienes critican las actuaciones del presidente Nayib Bukele, que “no debemos inventar dictaduras donde no las hay”. Compartimos su opinión, pero no sabemos a quiénes alude con ella, pues lo que expresan muchos sectores del país no es que haya una dictadura, sino un presidente con rasgos dictatoriales y que en muchas ocasiones ha violado el ordenamiento jurídico. Es precisamente sobre este punto que queremos exponerle algunos hechos que deberían ser objeto de su atención.
El pasado 9 de febrero, el presidente Nayib Bukele ocupó con fuerzas militares y policiales el recinto legislativo, para tratar que dicho órgano sesionara por la fuerza. Todo el país fue testigo de lo ocurrido. La mayoría de sectores de la vida política y social, incluyendo la comunicad jurídica, calificaron ese hecho como golpe de estado parlamentario, que solo duró 15 minutos. Si el presidente hubiera anulado ilegalmente la Asamblea Legislativa, como era su intención, la gobernabilidad se habría quebrado definitivamente en El Salvador.
La Constitución de El Salvador establece un régimen de democracia representativa, sustentado en el sufragio universal y la independencia de poderes. Por lo tanto, la acción del presidente de la república constituye una grave violación al orden constitucional. También es una violación al propósito de la OEA de “promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”.
En el marco de la emergencia por el COVID-19, el Órgano Ejecutivo también ha violado el estado de derecho. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia expulsó del ordenamiento 13 decretos ejecutivos que invadían funciones del Órgano Legislativo o que violaban derechos ciudadanos fundamentales, al declarar resguardo domiciliar obligatorio en todo el país, facultad exclusiva del Parlamento según el artículo 131 ordinales 4° y 27° de la Constitución.
El presidente Bukele, incluso irrespetó algunos fallos de la Sala de lo Constitucional, como los recursos de habeas corpus para las personas detenidas ilegalmente y confinadas en centros de contención, así como a los salvadoreños varados en otros países.
Esas y otras acciones ilegales del Órgano Ejecutivo se han dado en un marco de violación de los derechos humanos y de amenazas a la ciudadanía y a algunos medios de prensa, cuya libertad de expresión ha sido violada por el Gobierno, tal como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El presidente Nayib Bukele también irrespeta a la Asamblea Legislativa y a la Corte de Cuentas cuando se niega a presentar informes sobre el uso de los recursos públicos. Además, mantiene un lenguaje insultante contra los Órganos del Estado que tratan de impedirle que se extralimite en sus funciones y le ordenó a los cuerpos armados hacer uso de la fuerza letal contra grupos delictivos.
La comunidad internacional ha condenado en varias ocasiones el proceder del primer mandatario salvadoreño. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, solicitó a las autoridades de El Salvador investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la emergencia contra la pandemia. La ONU incorporó a El Salvador en una lista de 15 países que han despertado alarma por la brutalidad de las actuaciones de sus fuerzas de seguridad. No se trata, como usted señala, de “medidas tomadas con la combinación de dos factores: Estado de Derechos democrático y el orden público”.
El Comité de Asuntos Internacionales y el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio, ambos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, le enviaron dos cartas al presidente Bukele donde le expresan preocupaciones porque las medidas aplicadas por su Gobierno ponen en peligro los derechos humanos y el sistema democrático.
En El Salvador no se impondrá una dictadura porque el pueblo no la toleraría, pero es indudable que el presidente y su equipo de Gobierno tienen rasgos dictatoriales que pueden conducir a un grave deterioro de la vida pública. Por lo tanto, aunque no le pedimos a usted, señor Almagro, que intervenga en los asuntos internos de nuestro país, consideramos que tampoco es pertinente que usted abone con sus declaraciones a las tendencias del grupo gobernante a irrespetar las leyes de la República.
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