Los sectores que conformamos La Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza – CIRAC ante los escándalos suscitados por el mal manejo de los recursos del Estado, el nepotismo y la crisis económica, social y política que incide en la vida cotidiana de nuestro pueblo MANIFESTAMOS:
1- Nuestro reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores de la salud que se encuentran desempeñando su misión con conciencia y dignidad para garantizar la vida de los enfermos, quienes a pesar de la falta de interés por parte de las autoridades de gobierno, en dotarlos de equipos adecuados y suficientes para no contagiarse se mantienen firmes en sus lugares de trabajo. Así mismo externamos nuestras más sinceras muestras de solidaridad con las familias de los héroes y heroínas que han perdido sus vidas en su lucha por salvar la de los demás.
2- Rechazamos la decisión de no realizar pruebas de COVID-19 a las grandes mayorías de la población y a los trabajadores que se encuentran en las diferentes instituciones públicas, focalizándolas para pequeños grupos seleccionados. Condenamos la falta de atención adecuada a los pacientes en los centros asistenciales de salud y vemos con preocupación el retraso en la entrega de los fallecidos por diferentes enfermedades, aumentando el dolor y angustia en las familias dolientes, acciones que buscan ocultar el número real de contagiados y fallecidos por la falta de una política y estrategia clara para hacerle frente a la pandemia, saliendo a la luz que es mentira se esté preparado con camas, unidades de cuidados intensivos y equipos de protección, ya que según las mismas estadísticas publicadas en la página oficial (https://covid19.gob.sv/) deja en evidencia que no es cierto el discurso que la situación está controlada (8,344 casos sospechosos, 2,987 casos activos de los cuales 921 son asintomáticos, 723 estables, 664 moderados, 457 graves y 222 críticos) solo con los datos anteriores podemos decir que la necesidad de atención está por encima de la capacidad instalada, además de considerar los casos que por razones desconocidas no están sumadas en las estadísticas, situaciones que están siendo evidenciadas por diversos medios en donde estamos viendo hospitales públicos, ISSS y morgues colapsadas.
3- Denunciamos nuevamente la irresponsabilidad del presidente y sus funcionarios quienes aprovechándose de la necesidad del pueblo realizaron aglomeraciones por el reclamo de los $300 dólares en el CENADE, la mal coordinada entrega de paquetes agrícolas y entrega de víveres en algunos puntos con el objetivo inhumano de sacar ventaja política, convirtiéndose en focos de infección para el pueblo y los empleados públicos (PNC, Soldados y otros) que han tenido que atender las referidas situaciones pagando incluso con sus vidas.
4- Nuestra condena al gasto millonario en campañas de publicidad que buscan detener y restar importancia a los escándalos de tráfico de influencias, prácticas de corrupción de funcionarios de alto nivel, nepotismo y la negativa de entregar cuentas de los gastos realizados, tanto de fondos propios como las donaciones de organismos y de pueblos hermanos dando un duro golpe a la transparencia y a las prácticas democráticas de nuestro país.
5- Exigimos investigar y aclarar los casos de nepotismo cometidos por la Comisionada Presidencial Carolina Recinos de Bernal con cinco miembros de su familia (su esposo y cuatro hermanos), siendo los siguientes casos:
• Efrén Bernal (esposo de la Comisionada) Embajador de El Salvador en Rusia, y sus hermanos:
• Susana Recinos quien “ganó” el contrato para operar la cafetería interna del Ministerio de Hacienda, a la vez beneficiaria de un préstamo en BANDESAL por $22,514 dólares para financiamiento de su proyecto.
• Herbert Orlando Recinos, es el Gerente de Fondeo en BANDESAL.
• Emilia Antonia Recinos, esta nombrada Cónsul en Charlott, Carolina del Norte.
• Julio Alexander Recinos quien en el 2003 fue procesado por tráfico ilegal de personas, hoy es Jefe de Seguridad en el Centro Nacional de Registro (CNR).
6- Pedimos a la Corte de Cuentas de la Republica, Tribunal de Ética Gubernamental y a la Fiscalía General de Republica iniciar investigación de oficio sobre el manejo de los recursos económicos asignados al ejecutivo, de fondos propios como de donaciones de Organismos Internacionales y de países amigos, ya que los funcionarios abusan del poder para hacer compras y contratos carentes de transparencia. Es urgente se aclarare:
➢ Cuál fue el mecanismo de selección para la asignación de los $ 300 dólares. ➢
El manejo de recursos del Estado por un partido político (paquete agrícola y la canasta solidaria). ➢ El destino de los $30 millones de dólares donados por México, contrato de donación que fue firmado el 26 de septiembre de 2019 para el programa “Sembrando Futuro”, recursos destinados para la siembra de 50,000 hectáreas, abriendo 20,000 empleos en el agro para jóvenes, que consiste en un apoyo de $250.00 dólares mensuales y hasta la fecha se desconoce cuál ha sido el paradero de dichos fondos.
➢ La falta de transparencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) al no rendir cuentas sobre la entrega de los paquetes alimenticios. ➢
Se audite la utilización de los $100 millones de dólares asignados para la construcción del Hospital El Salvador, y porqué sin son fondos públicos se le niega la atención a las grandes mayorías.
➢ Contratación de transportes sobrevalorados a personas allegadas al gobierno, para la movilización de trabajadores de diferentes instituciones. ➢
La compra de mascarillas a precio por encima del mercado por parte del Ministerio de Salud (MINSAL) al entonces Presidente de FONAES Jorge Aguilar. La destitución no repara el daño a la hacienda pública. ➢ Así como también se aclare el criterio que utilizó el MINSAL para adjudicar la adquisición de mascarillas a la Empresa Lasca Desing LLC, con sede en Miami, Florida, especializada en cerámica y porcelana para construcción y diseño de interiores, a la cual se le ha comprado 1.5 millones de mascarillas por un valor de $3 millones de dólares, siendo un precio sobrevalorado.
Por lo tanto exigimos un alto a la corrupción abierta y descarada, a las violaciones de derechos humanos. Que los funcionarios dizque “Ad Honorem” asuman con responsabilidad sus compromisos, dejando de culpar a otros para afrontar con seriedad y capacidad las tragedias que agobian a nuestro país. Que se trabaje en un plan de reconstrucción económico real, con perspectivas de recuperación del agro y tomando en cuenta a todos los sectores afectados y evitar una hambruna de la población más vulnerable.
San Salvador, 6 de julio de 2020.
