A más de tres meses de la declaración de Estado de Emergencia por COVID-19, el Gobierno ha mostrado mucha negligencia en la gestión de la crisis sanitaria. Veamos:
• Rechazó el apoyo del Colegio Médico, de la Universidad de El Salvador y de otras universidades y gremios profesionales como el de la construcción y otros, descalificando sus opiniones.
• Se negó a instalar hospitales temporales para evitar colapso del sistema hospitalario, provocando saturación del sistema nacional de salud.
• No ha proveído equipo necesario para atender a personas contagiadas.
• No cuidó la salud de población confinada bajo su responsabilidad, como lo demuestra lo sucedido en centros de contención.
• No ha proporcionado, en cantidad y calidad adecuada, insumos de protección recomendados por la OMS/OPS a personal médico, en primera línea contra la pandemia y personas en tareas de emergencia.
• No aplicó los protocolos sanitarios en hospitales, centros de contención y cuarentena, ni en instituciones de Gobierno que no dejaron de laborar, predominando el desorden, improvisación y diseminación del virus.
• Toma decisiones apoyado principalmente en asesorías de imagen y marketing electoral, y en opiniones de funcionarios hábiles en maniobras y engaños.
En definitiva, no se planificaron acciones concretas para enfrentar la emergencia sanitaria. Adicionalmente, ignorando recomendaciones de profesionales en economía, sociología y otras disciplinas, con experticia y trayectoria en políticas públicas, el Gobierno aplicó medidas paliativas a la crisis económica, que lejos de brindar soporte a la población afectada por la cuarentena, la expuso a contagios:
• En la entrega de los US$300, provocó concentraciones poblacionales por más de 15 días. Aunque ofreció esa ayuda por tres meses, solo la dio por un mes y la sustituyó por canastas de alimentos valoradas en alrededor de US$30.
• En la entrega de insumos agrícolas para el ciclo productivo 2020 concentró población sin observar medidas de distanciamiento físico y con una estrategia de clientelismo electoral a favor de los partidos GANA y Nuevas Ideas.
• En la emergencia por las tormentas convocó a adultos mayores a recibir alimentos en una comunidad afectada, a altas horas de la noche, bajo la lluvia y obviando su condición de población vulnerable al coronavirus.
• Convocó a conferencia de prensa en el lugar donde había una familia soterrada, interrumpiendo hasta el día siguiente las labores de rescate, a fin de preparar el escenario “adecuado” para que hablara el mandatario, quien finalmente no llegó; en el lugar no hubo ningún sobreviviente.
• Facilitó viajes al exterior en aviones privados sin autorización, sin supervisión y sin cumplir medidas de prevención y confinamiento. Mientras el Gobierno gasta mucho dinero en asesores extranjeros y propaganda electoral anticipada, el país se ha aislado del mundo y no ha buscado ni aceptado oportunamente ayuda de países que han manejado exitosamente la pandemia, como Costa Rica, que tiene el menor número de contagios en la región; Cuba, con un medicamento exitoso que puede enviar brigadas de médicos de probada efectividad en el manejo de epidemias; China, cuya embajadora ofreció equipos y personal médico-científico especializado y avanza en una posible vacuna; y Rusia, que puede facilitar pruebas de detección, tiene un medicamento especializado muy efectivo y posee estudios avanzados de una vacuna. Las muertes incrementan, sin diagnósticos fiables, confusos como el de “Neumonía Atípica” o “sospechoso de COVID-19”, los datos que proporcionan las alcaldías y funerarias no coinciden con los del MINSAL, datos poco creíbles por la decisión de no hacer pruebas para detectar la enfermedad en población con síntomas, en fallecidos en sus viviendas, en las calles o frente a hospitales. El ministro de salud declaró que defunciones “sospechosas” no entran en las estadísticas, por no ser casos confirmados, no se aplican pruebas de COVID-19 a cadáveres, pero se aplica un estricto protocolo de inhumación limitando el proceso de duelo. La realidad es que la población está muriendo de COVID-19 y padecimientos crónicos cuyos controles han sido interrumpidos durante la emergencia por la pandemia. Personal médico del Hospital Rosales denunció que, ante la saturación del hospital por pacientes de coronavirus, personas con otras patologías médicas y quirúrgicas que normalmente atienden se han quedado sin tratamiento, causando muertes por causas oncológicas y otras enfermedades crónicas. El accionar gubernamental se ha caracterizado por ineficiencia, negligencia, improvisación y desorden, además del bloqueo al trabajo de comités fiscalizadores. Esto puede facilitar el mal uso de los recursos financieros al Estado, como el gasto por US$575,000 de un medicamento “necesario para prevenir y combatir el COVID- 19”, semanas después al declarar la OMS que ese medicamento era contraproducente y no recomendaba su uso en el tratamiento del virus, y la compra de caretas a precios sobrevalorados que costaron US548,000 más de lo necesario, a empresas de funcionarios públicos. Sin control ni presupuesto se contrató transporte para pacientes a hospitales, para empleados de diferentes ministerios realizando labores por la emergencia, para hoteles como centros de contención, servicios de comida a personas confinadas,
insumos médicos, de limpieza, provisión de equipos de protección, etc. Todo sobrevaluado, donde los escasos recursos públicos se esfuman con una velocidad vertiginosa y vuelve nuevamente la demanda de autorizar más deuda para enfrentar emergencias por COVID-19 y por las lluvias. Queda claro que las emergencias permiten hacer negocios con las compras “necesarias”, sin los controles habituales de proveedores, calidad y cantidad de productos, y sobre todo sin presupuestos que limiten gastos. Da la impresión de que todo está orientado a propagar la enfermedad de forma indefinida, deliberada, dosificada; incluso, la información de los casos se eleva a conveniencia de las demandas y presiones del presidente y se estabilizan de igual forma. Ante lo descrito, es pertinente preguntar ¿por qué el Gobierno se empeña en alargar, profundizar y agudizar la emergencia por la pandemia del COVID-19, evadiendo tomar decisiones efectivas para enfrentar la crisis? Ante la falta de información clara, las respuestas que surgen no son alentadoras.
• Tomar ventaja electoral con las medidas de ayuda como la entrega de US$300 a más de un millón de familias, las canastas de alimentos para 3.4 millones de familias, y los miles de paquetes agrícolas; sin duda, lo que realmente se busca es asegurar votos para las elecciones de febrero 2021.
• Paralizar el funcionamiento de los otros poderes del Estado para tratar de concentrar el poder en el Ejecutivo, inmovilizar y desprestigiar adversarios políticos y liberar a los pocos políticos corruptos confinados en prisión.
• Continuar con despidos silenciosos de personal público que podría fiscalizar acciones fraudulentas e ilegales en diferentes dependencias, abriendo la posibilidad de contratar personas afines, pagando favores electorales.
• Desarrollar una estrategia de miedo a la enfermedad y al castigo por violar la cuarentena, logrando mantener al pueblo y hasta a la iglesia en cautiverio, bajo medidas restrictivas violatorias de derechos humanos y libertades fundamentales como: libre movilización, organización y protesta ante abusos.
• Destruir el tejido social sustituyéndolo por directivas comunales y sindicales manipuladas, fortaleciendo estructuras ilegitimas y hasta delincuenciales.
Pareciera que está en marcha la segunda etapa del plan político electoral: apoderarse de la Asamblea Legislativa, perpetuarse en el poder reformando el sistema político, controlar la elección de funcionarios de segundo grado y concentrar poder en el clan familiar presidencial y su círculo de confianza.
El retroceso de los avances logrados en la última década, reconocidos por instancias internacionales, se vislumbra casi irreversible en el mediano plazo, con el costo humano e institucional que ello implica.
San Salvador, 24 de junio de 2020
