Hoy, 1 de junio, el gobierno de Nayib Bukele cumple su primer año en la Presidencia, por lo que como Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), compartimos ante la sociedad salvadoreña algunas valoraciones y análisis que marcan el rumbo del ejercicio gubernamental de Bukele y su gobierno, marcado por una gestión pública con alta tendencia al autoritarismo y a la nociva concentración del poder político, altamente improvisado e incompetente, así como proclive a la malversación de fondos públicos y a la corrupción. Todo esto maquillado con una peligrosa y dañina manipulación mediática desde las redes sociales, como por ejemplo Facebook y Twitter.
La mayor parte del año de gobierno no hubo pandemia (desde junio hasta febrero gobernó sin ese peso, y llevó en ese tiempo el mismo tipo de políticas, que agudizó desde marzo a la fecha). La Pandemia le sirvió de excusa para profundizar en los abusos y en su estilo de gobierno autoritario. Sin embargo, estos últimos meses del primer año de gestión del gobierno de Bukele se ha visto marcado por la pandemia que ha impactado en el mundo, en especial a las clases sociales empobrecidas por el capitalismo, principalmente por su fase neoliberal, que descarga sobre los más pobres todas las crisis, tanto las climáticas como las económicas y sociales. La incapacidad de los gobiernos de las grandes potencias del mundo para enfrentar y resistir la crisis sanitaria con sus sistemas de salud tanto públicos como privados, demuestra cada vez más la urgencia de los pueblos por emanciparse del neoliberalismo y construir otros paradigmas donde la vida humana y la naturaleza se encuentren en el centro, y no la mezquina especulación financiera y el afán de lucro de las corporaciones mundiales.
Partiendo de esto, centraremos nuestro posicionamiento en los siguientes aspectos:
Primero: Se ha evidenciado un claro retroceso en la inversión social que beneficia a los sectores más vulnerables de la sociedad. En el presupuesto 2020 se eliminaron programas económicos y sociales que beneficiaban a la población de menores ingresos y se les recortó recursos a otros, entre los que están: ayuda al adulto mayor (ayuda en alimentos, salud, educación y recreación para personas adultas con más de 60 años en condiciones de pobreza; 55% mujeres). Programa PATI (Apoyo Temporal al Ingreso), de apoyo a la juventud. Se debilitó y recortó recursos a Ciudad Mujer. Se eliminó Jóvenes Con Todo. Se ha retrocedido en la garantía y ejercicio de los derechos de las mujeres.
Segundo: Desde la campaña y ya en el ejercicio de este año, un aspecto central de la política de gobierno es de la intolerancia y confrontación, propia de los gobiernos fascistoides, donde ataca a toda persona o entidad que no esté de acuerdo con su forma de gobernar. Desarrolla una política de chantaje y amenaza a otros órganos del Estado y ha tenido una actitud agresiva contra la Asamblea Legislativa y sus diputados, contra la PDDH y contra la Corte Suprema de Justicia. La pandemia la ha manejado a base del miedo y la zozobra. Los lazos comunicacionales del gobierno con los sectores sociales se han debilitado. Busca debilitar y desprestigiar el sistema de partidos políticos, de cara a las elecciones 2021, pretendiendo finalizar con el sistema de pesos y contrapesos. En fin, promueve un clima de zozobra, miedo y odio.
Tercero: Un gobierno sin planificación y con mucha improvisación. De las primeras acciones de este gobierno ha sido suprimir la secretaría de planificación. No se conoce un plan de Gobierno, ni plan para atender la emergencia de COVID19. La mayoría de sus acciones las ha desarrollado con cálculo político y sin asesoría técnica o profesional. Propio de los gobiernos populistas y publicistas, para los que la planificación es un obstáculo para sus pretensiones de tener congraciados o manipulados a sectores de la sociedad según su conveniencia. Así se construyó el puente temporal en Morazán y así tomó otras medidas, que el mismo gabinete no tenía conocimiento ni experticia en la aplicación.
Cuarto: Un presidente que pretende concentrar el poder en él. Como en toda autocracia (régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad) el presidente conformó un gabinete de mediocres, subordinados a sus opiniones y deseos, incapaces de tomar decisiones por sí mismos. Su actuación autoritaria ha conducido a trasgredir marcos legales, a invadir funciones de otros órganos del estado, despedir a más de 8000 empleados de la administración pública. Bukele toma decisiones que debieran ser tomadas por especialistas, economistas, sociólogos, epidemiólogos, etc.
Quinto: un gobierno con poca transparencia y ausencia de rendición de cuentas. Desde la llegada al gobierno desapareció la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y anticorrupción. La transparencia no es una concesión, la transparencia es parte del buen ejercicio público, mandatado por la Constitución y por un conjunto de leyes que están vigentes y que han sido parte de la construcción de esta democracia. Por lo tanto, este gobierno tiene que rendir cuentas, tiene que dejarse auditar y tiene que ver la contraloría como un proceso normal, tanto en medio de situaciones ordinarias como extraordinarias.
Sexto: la política exterior ha estado supeditada a los intereses norteamericanos e injerencia en los asuntos de otros países, debilitando el sistema multilateral y de integración en la región. Siendo Irrespetuoso y prepotente en la política exterior, manifestado en relación a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y Venezuela. Dándole la espalda a los salvadoreños en el exterior en situación irregular. Se hizo a un lado toda la política de protección consular de las personas detenidas en la frontera de Estados Unidos y se concedió la deportación exprés sin entrevista consular ni verificación de violaciones a Derechos Humanos de los detenidos.
Séptimo: Manipulación sobre la Seguridad pública y el combate a la delincuencia: Aunque las cifras oficiales presentan una reducción importante en el número de homicidios, que el gobierno adjudica a su Plan de control territorial, conocedores en la materia han expresado dudas en la causa de aquella reducción, y lo asocian a un posible pacto entre el gobierno y las pandillas, reforzado últimamente con las informaciones relacionadas a la falta de transparencia en la entrega de $300 a unas 100mil personas ($30 millones), que los mismos funcionarios de gobierno aseguran que fueron a parar a “sectores estigmatizados”, pero de los cuales no ofrecen mayor información.
Las medidas para prevenir el contagio durante la pandemia, como la cuarentena domiciliar, sirvió para que el gobierno haga uso indiscriminado y excesivo de las fuerzas de seguridad y militares con fines represivos, deteniendo y encerrando en centros de contención a personas que no habían violado ninguna ley, ni se encontraban enfermas. Todo el aparato montado de intimidación ciudadana por la fuerza militar y policial muestra los rasgos típicos de los gobiernos autoritarios y dictatoriales, señales que por cierto ya había claramente mostrado el presidente al tomarse militarmente el recinto parlamentario el 9 de febrero de este año.
01 de junio de 2020
Comisión Política del FMLN
