El presidente Nayib Bukele dijo que no rendirá el informe anual de su gestión ante la Asamblea Legislativa porque el país está en emergencia. Sobre este nuevo intento del presidente de violar la Constitución, Profesionales por la Transformación de El Salvador hace las siguientes consideraciones:
1. La rendición de cuentas de los funcionarios y funcionarias públicas está normada por la Constitución de la República y otras leyes de la nación. El derecho a la información y la obligación de las autoridades a rendir cuentas de su gestión, ayudan a prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción.
2. La Constitución establece, en el art. 168, numeral 7, que el presidente de la república tiene la atribución y obligación de “dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida, excepto cuando se trate de planes militares secretos”. La Ley de Ética Gubernamental también plantea, en su art. 4, la rendición de cuentas de la gestión pública a la autoridad competente y al público.
3. La LAIP señala en su considerando III que “el poder público emana del pueblo y los funcionarios son sus delegados, en razón de lo cual los habitantes tienen derecho a conocer la información que se derive de la gestión gubernamental y del manejo de los recursos públicos, por lo que es una obligación de los funcionarios públicos actuar con transparencia y rendir cuentas”.
4. La emergencia sanitaria que vive el país no autoriza al presidente a violar el marco legal. El presidente tiene que rendir cuentas, para que la población conozca el desempeño del Gobierno y haga valer sus derechos.
5. Una característica del actual Gobierno es su falta de transparencia. El presidente Bukele y altos funcionarios del Ejecutivo se han negado incluso a brindar información, incumpliendo resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública.
6. Durante este primer año de gestión gubernamental, la Asamblea Legislativa le aprobó al Ejecutivo US$9,609.4 millones, entre refuerzos presupuestarios de 2019, préstamo para la segunda fase del plan de seguridad, Presupuesto 2020, bonos para cubrir la brecha presupuestaria y deuda para la Emergencia. Y ahora resulta que el presidente no quiere rendir cuentas ante la Asamblea.
7. El Decreto 593, sobre el Estado de Emergencia Nacional, el cual fue revivido el 22 de mayo por la Sala de lo Constitucional, establece en su art. 10, que el Ministerio de Gobernación, la FAES y la PNC deben presentar informes cada 15 días en la Asamblea Legislativa. Esa obligación no se está cumpliendo.
8. La población quiere saber sobre la compra de botas de hule por US$250,000. El Ministerio de Salud solo presentó un informe de una página, que no especifica la cantidad ni el tipo de botas. Tampoco se conoce la cantidad de termómetros infrarrojos comprados por un valor de US$1.3 millones.
9. La ciudadanía tiene muchas interrogantes sobre el hospital que se está construyendo en CIFCO. El retraso de la obra, el incremento exorbitante de su costo y la negativa a brindarle la información a los auditores de la Corte de Cuentas, dan indicios de posible corrupción. El único informe presentado por el Gobierno es de una página, sin detalles de ningún tipo.
10. Urge que el presidente le informe a la Asamblea Legislativa y a la población, sobre los US$300 que se les entregaron a familias afectadas por la Emergencia y que ascienden a más de US$300 millones. La Corte de Cuentas tiene un reparo sobre US$30 millones que se entregaron sin ningún criterio a 100,000 familias.
11. También urge que el presidente le informe a la Asamblea Legislativa sobre el avance en la ejecución del préstamo de US$170 millones para fortalecer el Sistema Público de Salud, otorgados por el BID luego de la ratificación legislativa el 7 de junio de 2018 y en ejecución desde 2019. Esos fondos van destinados al fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, a la construcción del nuevo hospital Rosales y un Hospital de segundo nivel entre Apopa y Nejapa, a mejorar la gestión y eficiencia de la red de salud, así como a las áreas de administración y auditoría.
12. Si el presidente no rinde cuentas ante la Asamblea el primero de junio, incurrirá en una violación más al estado de derecho. Los demás Órganos del Estado y la población en general no deben permitir otro atropello a la institucionalidad democrática que tanto ha constado construir.
San Salvador, 28 de mayo de 2020
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