Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES)
El Gobierno que preside Nayib Bukele inició incumpliendo el artículo 240 de la Constitución y la Ley de Enriquecimiento Ilícito, pues sus funcionarios se negaron a presentar sus declaraciones patrimoniales, una práctica común en quienes pretenden hacer mal uso de los recursos públicos.
Han trascurrido más de diez meses y el presidente Bukele no ha presentado el Plan de Gobierno que le exige la Constitución. Sin embargo, tanto el presidente como sus funcionarios han mencionado (hasta inundar las redes sociales) la existencia de planes de salud, control territorial, despegue económico y atención a la primera infancia, que solo existen en el imaginario de sus voceros.
La falta del Plan Quinquenal de Gobierno no impidió que la derecha en la Asamblea Legislativa aprobara el Presupuesto 2020 y la gestión de fondos para iniciativas gubernamentales carentes de metas y resultados tangibles. La Asamblea también le aprobó al Gobierno gestionar un préstamo de US$91 millones para la fase II del Plan de Control Territorial, sin conocer dicho plan ni los resultados de la supuesta fase I.
El Gobierno heredó de su antecesor un préstamo de $170 millones para el “Programa Integrado de Salud II”, que incluye la construcción del nuevo Hospital Nacional Rosales, el Hospital en Nejapa, unidades de salud y otras inversiones. Sin embargo, aún no se conoce el uso de esos fondos. Lo mismo ocurre con proyectos como la carretera al puerto de La Libertad y el anillo periférico de San Miguel.
El Gobierno firmó el 1 de octubre de 2019 un contrato de donación por $31 millones con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), para financiar los programas “Sembrando Vida” y “Construyendo el Futuro”, que beneficiarían a 20,000 agricultores. Periodistas mexicanos le solicitaron a los Ministerios de Agricultura y Relaciones Exteriores información sobre la entrega de esos fondos, por municipios, departamentos y personas beneficiadas. También pidieron copia del programa “Jóvenes Construyendo Futuro” y del total de beneficiados. La respuesta a los periodistas fue que esa es “información inexistente”.
La Ley de Ética Gubernamental y la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) obligan a los funcionarios a rendir cuentas para asegurar la transparencia en la administración pública. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas y otras instituciones tienen entre sus funciones velar por la transparencia en el manejo de los recursos del Fondo General de la Nación, de préstamos y donaciones. Pero algunos funcionarios públicos no respetan dichas leyes.
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El Gobierno proyecta una inversión de US$70 millones para construir un hospital en el parqueo de las instalaciones del CIFCO, sin aclarar cómo lo financiará. Mientras el Gobierno utiliza US$25 millones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para equipar dicho hospital, que podría estar finalizado a mediados de junio, el presidente Bukele acusa a algunos partidos políticos de intentar quebrar el ISSS.
La Asamblea Legislativa aprobó un endeudamiento por US$2,000 millones para apoyar a los sectores más vulnerables. Sin embargo, el estado de emergencia da vía libre para comprar bienes y servicios, así como para contratar personal y consultorías sin agotar los procedimientos administrativos que establecen las leyes.
El Gobierno inició la entrega de US$300 a miles de familias que quedaron sin ingresos, pero no aclara de dónde sacó el dinero, pues aún no ha conseguido los US$2,000 millones que le autorizó la Asamblea Legislativa. El presidente Bukele dijo que los consiguió “por su cuenta”, afirmación que vuelve más opaca su gestión.
La ciudadanía debe estar vigilante y exigirle al Gobierno que cumpla el marco regulatorio sobre el uso de los recursos públicos y que publique de manera oficiosa los siguientes mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública (Art. 21):
1. El listado de los 20,000 trabajadores agrícolas beneficiados con los US$31 millones que donó el Gobierno de México. El Gobierno debe georreferenciar las zonas cultivadas y publicar el total de empleos generados con esos fondos.
2. El avance en la construcción de hospitales y unidades de salud contemplados en el préstamo de US$170 millones.
La ciudadanía debe exigirle al Gobierno que abra los portales web de acceso a la información pública, como lo mandata la LAIP, con información sobre presupuestos, planes e informes de rendición de cuentas de las instituciones. También debe exigirles a los funcionarios que presenten sus declaraciones patrimoniales.
En el contexto de la emergencia, el Gobierno tiene que presentarle a la Asamblea Legislativa los informes a que está obligado por cada decreto. Si la Asamblea los aprueba, el Órgano Ejecutivo debe publicarlos en los portales web de acceso a la información pública.
Si el Gobierno no se ordena ni hace transparente su gestión, podríamos vivir cinco años de opacidad y falta de rendición de cuentas. El resultado sería una población desinformada, un daño a las finanzas del Estado y muchos ex funcionarios del actual Gobierno, incluyendo al primer mandatario, acusados de malversación de fondos.
San Salvador, 11 de abril de 2020
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