Los informes que desde dentro del país y desde el extranjero se elaboran acerca del régimen dictatorial que rige El Salvador revelan situaciones que sin duda afectarán al gobierno, aunque éste pretenda no darle importancia. Los datos que recogen esos informes muestran a un pueblo que sufre todo tipo de violaciones a sus derechos; muchos de los delitos señalados son imprescriptibles.
Esta semana se supo que llegan ya a 500 las muertes en las cárceles del país. La cifra, que redondea de una forma alarmante el aniversario de cuatro años de régimen de excepción, impacta aún más ante el hecho, denunciado y documentado por organismos de Derechos Humanos, de tratarse en un 94% de personas cuya culpabilidad jamás fue demostrada y que, en muchos casos, no habían siquiera sido juzgadas.
Esas personas permanecían en el habitual limbo jurídico que suelen crear las dictaduras para mantener a luchadores populares, objetores de consciencia, disidentes y opositores de cualquier tipo, bajo restrictivas condiciones que impidan el ejercicio de sus derechos, la realización de sus actividades o la difusión de sus mensajes.
A este hecho catastrófico para la imagen pública de una dictadura cuyos esbirros y publicistas intentan a cada momento proteger, se suma otro de impacto profundamente negativo para el régimen en cuestión, el informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), el 10 de marzo en Guatemala y un día después, ante las Naciones Unidas, en Ginebra.
Durante meses, un grupo internacional de expertos revisó testimonios, bases de datos, fotografías de cadáveres y análisis médicos forenses y los sintetizó en un informe presentado durante el actual periodo de sesiones ante laCIDH.
El reporte concluyó que en El Salvador existe una “base razonable para creer” que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad gubernamental.
El informe fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), integrado por la jurista Susana SáCouto, profesora de derecho penal internacional en el Washington College of Law de American University; Claudia Martin, especialista en derecho internacional de los derechos humanos; Gino Costa, exministro del Interior de Perú y experto en seguridad; Santiago Cantón, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas y exsecretario ejecutivo de la CIDH; y José Antonio Guevara, especialista en derecho penal internacional y expresidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria.
Los expertos concluyeron que “estos hechos no constituyen excesos aislados, sino que conforman un patrón coherente de actuación estatal, caracterizado por su generalización, sistematicidad e intencionalidad represiva (…). Permiten sostener jurídicamente que en El Salvador podrían estar configurándose crímenes de lesa humanidad”.
El informe resulta devastador para un gobierno que se burló por años -y también persiguió- a quienes de manera consistente acusaron al autócrata de dictador y violador sistemático de derechos humanos.
Los expertos se refieren a la posible constitución de un fenómeno de “ataques sistemáticos contra la población civil”, uno de los elementos que el derecho internacional establece, según sustenta la investigación, para configurar crímenes de lesa humanidad.
La investigación de los expertos del GIPES hace referencia al artículo 7 del Estatuto de Roma, que define crímenes de lesa humanidad cuando hay una repetición en actos como asesinato, encarcelamiento, tortura, desaparición forzada, violencia sexual o persecución por motivos políticos.
“Este modelo de ‘gobierno de emergencia’ se ha convertido, en la práctica, en una forma habitual de administración del país, en el marco de la cual se han cometido violaciones graves a los derechos humanos, generalizadas y sistemáticas”, detalló el GIPES en su informe.
Persecución política
En otra línea de investigación, los expertos evaluaron casos de detenciones contra defensores de derechos humanos y opositores políticos. “El régimen de excepción no fue una simple medida extraordinaria y temporal, sino el mecanismo estructural que permitió normalizar la represión bajo apariencia de legalidad”, concluyeron al respecto.
Estos argumentos vienen a destrozar la campaña de desinformación internacional lanzada desde hace varios meses, y que tiene en el vicepresidente Félix Ulloa, a su paladin y vocero itinerante.
En la misma semana, casi en tandem, tirano y escudero salieron cada uno en sus redes sociales; uno, a recordar a George Soros y culparlo de que hoy los acusen de las violaciones a derechos humanos que efectivamente cometen; el otro, inventa figuras de genocidio cuando se trataba ni más ni menos que de crimen organizado en pandillas. Ninguno de los dos se atreve a negar los hechos ni las acusaciones, se limitan a contraatacar con viejos y gastados discursos de campañas pasadas.
Hace pocas semanas, el vicepresidente recorrió Europa, pretendiendo insultar la inteligencia de los televidentes con sus falsas afirmaciones y sus poses calculadamente indignadas, cuando los entrevistadores realizaban afirmaciones contundentes, con cifras alarmantes y testimonios que cuestionaban de raíz las inútiles justificaciones de este nefasto personaje, que resulta instrumental para la dictadura.
El GIPES señaló que la documentación de estos patrones represivos podría servir como base para futuras investigaciones sobre los posibles crímenes cometidos. Recordaron que en el derecho internacional, informes de este tipo son utilizados por mecanismos de derechos humanos o tribunales para considerar la apertura de investigaciones y determinar eventuales responsabilidades.
Subrayaron también la existencia de responsabilidad penal individual para quienes “diseñaron, ejecutaron o toleraron” la política de seguridad. Según los expertos, estos elementos “podrían ser relevantes para eventuales investigaciones sobre la cadena de mando y la toma de decisiones dentro del aparato estatal”.
Además de la presidencia de la República, especificaron cargos como el director de Centros Penales; el director de Reconstrucción del Tejido Social; el director del Organismo de Inteligencia del Estado; el Órgano Legislativo, entre otros.
La conclusión central del informe detalla que “el régimen de excepción ha permitido al gobierno del presidente Bukele concentrar el poder absoluto, al amparo del cual se han cometido violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
“Recomendamos a la Corte Penal Internacional (CPI) analizar la situación de El Salvador bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma, para iniciar una investigación de oficio por la Fiscalía de la CPI por crímenes de lesa humanidad como tortura, asesinato, desaparición forzada y otros actos inhumanos, cometidos en el marco de la política de seguridad iniciada en 2021”, fue la dramática recomendación final del grupo de expertos, que instó al tribunal internacional a investigar los hechos.
Mientras tanto, desde CAPRES fingen despreocupación. Solo fingen. Saben perfectamente que su vida política y -a juzgar por los desmanes señalados en materia de crímenes de lesa humanidad- también su libertad, estará condicionada a su permanencia en el poder, y a la de otro oscuro personaje, sobre quien también pesan acusaciones extremadamente serias, a las que hoy se agregan crímenes de guerra.
Destino común para dictadores
En la medida que, al norte del continente, las cifras del fascista con ínfulas de emperador, sigan cayendo sin remedio, empantanado en Irán, castigando al mundo con una crisis energética de consecuencias aún inimaginables, y golpeando a su propio pueblo con una depresión económica de consideración, también el destino de dictadores y extremistas de toda calaña, al sur del Río Bravo, penderá de un hilo.
Como parte de una suerte de asociación de malhechores de alto standing para mutua protección, parecen haber creado ese engendro que pomposamente llaman Escudo de América, que en el fondo no pretende más que asegurar al imperio del Norte el acceso a los recursos del Sur y, al mismo tiempo, intentar garantizar la impunidad necesaria para los vendepatrias implicados en ese despojo continental.
En el caso del dictador salvadoreño, la entrega de la soberanía nacional fue recompensada con creces en Miami, destacándolo con elogios desproporcionados de parte del anfitrión, por el hecho, señalado por Trump, de gobernar como a él (Trump) le gusta. No todos, al fin y al cabo, habían llegado a los límites de la ignominia como el centroamericano, al convertir a su país en una colonia penal al servicio de los intereses del imperio.
Mirando el desempeño de ambos personajes al frente de sus Ejecutivos destacan las coincidencias. Con más o menos éxito, ambos han trabajado abiertamente para el enriquecimiento exponencial de las élites reaccionarias que los sostienen en el poder; ambos han militarizado parcialmente sus sociedades y las políticas públicas, el salvadoreño llegando al extremo de colocar una militar a cargo de la educación de la niñez de su país, el estadounidense recurriendo a la fuerza de las armas para aplicar “la ley y el orden” en Estados gobernados por Demócratas más o menos díscolos.
Ambos aspiraron siempre a controlar las decisiones de la Justicia. Sin duda, en un país subdesarrollado esto resulta más fácil que en la “cuna de la democracia”, y eso se ve en los resultados. Otro aspecto donde el alumno lleva ventaja es en el éxito de la manipulación mediática, la persecución a la prensa y a la oposición de cualquier tipo.
Ambos comparten fracasos. Sus economías, lejos de despegar siguen derrumbándose, al menos en lo relativo a las condiciones de vida de las mayorías pues, como ya dijimos, sus planes de gobierno solo contemplan el éxito para las élites oligárquico-tecnocráticas y especuladoras financieras. Sin embargo, esto no deja de ser un problema porque, aunque ambos llegaron desplegando propuestas de lucha contra el crimen y la necesidad de la seguridad ciudadana, las condiciones de vida de las mayorías siguen deteriorándose.
En EEUU las irracionales políticas arancelarias no resuelven, sino que agravan el problema inflacionario mientras, en El Salvador, el abandono del campo y los sectores productivos en favor de importadores y especuladores llevan al pueblo a la miseria, a la vulnerabilidad y a la precariedad alimentaria.
Ambos regímenes, de corte neofascista, comparten más que las formas autoritarias y manipuladoras de hacer política, comparten un camino con un destino común.
Serán sin duda sus pueblos, el estadounidense y el salvadoreño respectivamente, a quienes tocará la tarea histórica de derrotarlos, derribarlos y colocarlos en el lugar que les corresponde, para que las sociedades no repitan jamás el error de dejar en manos de sectas irracionales y despóticas el destino de sus países.
Hasta entonces, los 500 muertos de El Salvador, más quienes siguen vivos y perseguidos, encarcelados o exiliados, y las incontables víctimas de la guerra y la violencia trumpista en el mundo, seguirán esperando el día de la justicia.
