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martes, febrero 17, 2026
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El Salvador enfrenta una creciente crísis económica, más endeudamiento.

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La manipulación mediática y las cortinas de humo para desviar la atención de amplios sectores de la población salvadoreña es un pilar fundamental del gobierno. Los “famosos” memorándum por parte del Ministerio de Educación buscan precisamente mantener entretenido a la población en un debate que busca que la gente no debata, comente o ni tan siquiera se entere de temas que son importantes en la vida de la familia.

Desviar la atención de presuntos casos de corrupción cada vez se vuelve más difícil para el Ejecutivo, tal es el caso de ANDA, donde luego de 4 diferentes presidentes de la institución y de millonarios endeudamiento para cambiar y mejorar el servicio de agua, las cosas parecen que empeoran. Hoy, la población no podrá conocer información importante, como el costo de los trabajos de reparación o quiénes son las empresas que proveyeron el servicio de pipas y agua purificada. La autónoma argumentó que revelar estos detalles podría “comprometer la seguridad de las instalaciones y del personal técnico asignado”. ANDA declaró bajo reserva toda la información relacionada con la reparación de una tubería de 48 pulgadas del Sistema Zona Norte, que ocasionó desabastecimiento en buena parte del gran San Salvador a mediados de septiembre.

El lenguaje inclusivo queda prohibido en los centros escolares públicos del país, así lo informó la semana pasada la titular del Ministerio de Educación a través de un memorando dirigido a docentes, directores, juntas de la carrera docente entre otros.

“Hoy giré la instrucción para prohibir el llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos y dependencias de nuestra institución. Con esta medida, de estricto cumplimiento a nivel nacional, garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido, además de proteger a la Primera Infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral”, escribió Trigueros en su cuenta en X. Este tipo de cortina de humo buscan desviar la atención de por ejemplo el bajo nivel de inversión extranjera directa IED. La IED de El Salvador bajó respecto al primer trimestre, cuando llegó a $315.9 millones, pero subió comparado con el saldo negativo del segundo trimestre de 2024. El Salvador sólo logró atraer $45.2 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) durante el segundo trimestre de este año, según las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR)

Sin embargo, la cifra fue más alta en comparación con el segundo trimestre de 2024, cuando en lugar de que llegara inversión al país salieron $29.7 millones. En el primer trimestre de este año, El Salvador recibió $315.9 millones, según las cifras preliminares del BCR. En 2024, El Salvador recibió $640 millones en IED, cifra que equivale a una caída interanual del 11%.

Por otro lado, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM, del año 2024, publicada recientemente, refleja un 9.6 % de la población padece extrema pobreza y un 18.9 % se encuentra en una pobreza relativa. También se reducen entre 2023 y 2024 la población económicamente activa en 72,376 personas; estos datos reflejan la crisis económica que golpea a los más pobres y sectores vulnerables. Otro tema que se busca desviar la atención es el alto nivel de endeudamiento. En el Ante Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2026 se contempla más endeudamiento. Solo para este año la deuda será de 1,735.7 millones de dólares. La deuda sin pensiones alcanza los $22,124.86 millones, pero al agregar esa otra deuda de $10,970 acumulados hasta agosto, el saldo sobrepasa los $33,000 que, según el PIB de 2024, representa el 93%.

La deuda estatal del gobierno acumuló hasta agosto de este año ya sobrepasa los $33,000 millones ($33,091.86 millones) según el Banco Central de Reserva. Estos son todos los préstamos acumulados a la fecha en el Sector Público No Financiero (SPNF), deuda externa y deuda interna, que suman $22,124.86 millones, pero además se agregan otros $10,970.01 millones que ha tomado de los fondos de pensiones desde 2006 a la fecha y que también representan una deuda con los cotizantes actuales.

La reforma de 2022 también se hizo para que el gobierno pudiera tomar más dinero de los ahorros. Se eliminó la Ley FOP, pero en su lugar se hizo un canje de deuda para que todos los CIP ($ 8,394.77 millones) pasarán a ser Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) emitidos a 50 años plazo y tuvieron 4 años de gracia, en los que el gobierno no pagará ni capital ni intereses durante ese periodo. Además, ya no se estableció un porcentaje límite para que el gobierno prestara dinero del ahorro de los trabajadores.

La tasa de cotización subió del 15 al 16%, y de ello, solo un 9% va para la cuenta individual del trabajador.
Según  la Mesa para una Pensión Digna, “convirtieron al sistema de pensiones en su caja chica y el trabajador lo que tiene a cambio no solo son bajas pensiones, sino que además ya va a peligrar el pago de las pensiones vigentes”, afirmó. Actualmente la deuda de pensiones asciende a $10,922 millones, según datos del BCR. Estos son los datos y cifras de las cuales no se busca que la población la conozca. Estos son temas importantes que requieren debate nacional.