La palabra del actual gobierno de El Salvador vale menos que el papel en que se escribe. Si juró respetar una Constitución que viola ininterrumpidamente desde antes de asumir su ilegal segundo mandato, ¿quién puede sorprenderse que firme hoy un acuerdo con el FMI y viole sus cláusulas esenciales al día siguiente?
La mentira y el engaño son regla, y cuando alguien les reclama sus intolerables manipulaciones, recurren al victimismo, culpando a otros de sus desgracias, empezando por gobiernos anteriores.
Son culpables los trabajadores que resisten las medidas de ajuste salvaje, los campesinos que exigen justa retribución por sus tierras, utilizadas para inútiles proyectos mesiánicos que nunca verán la luz, los vendedores ambulantes expulsados de centros urbanos diseñados para recibir turistas de alto standing.
También lo son quienes no aceptan que seguridad equivalga a salvajismo estatal, o que la justicia se equipare a la venganza, quienes resisten la minería metálica, las personas defensoras de DDHH, el FMLN y hasta el mundo entero que rechazó la apuesta por el Bitcoin. Todos culpables de los continuos desastres de una política económica que lleva el país a la deriva, mientras los ricos se siguen enriqueciendo y la pobreza se reproduce exponencialmente.
El fiasco Chivo Wallet
Hace apenas semanas, el gobierno pretendió presentar como triunfo un acuerdo que tardó años en sellar con el FMI y que lo condenaba a retractarse y abandonar políticas que han desquiciado la economía del país. Entre los elementos mencionados se encontraba la urgencia de transparentar cuentas, dar a conocer los acuerdos y abandonar definitivamente las políticas en torno al Bitcoin, no solo revertir la ley sino inhibir al Estado de seguir comprando cripto-activos.
Desesperado por fondos, el régimen cedió y firmó. Hoy el presidente intenta tratar los acuerdos con la arrogancia con que trata a “sus empleados” en la Asamblea Legislativa o en el resto de poderes del Estado. Desde las redes sociales anuncia nuevas compras de Bitcoin. Viola acuerdos y asume que no habrá consecuencias.
Casi en simultáneo, el FMI reveló el desastre financiero que significó la aventura cripto-bananera. Quienes hasta ayer eran aliados del presidente no dudaron en salir a criticarlo públicamente, como el empresario chino-canadiense Samson Mow, quien fuera su aliado en la implementación del Bitcoin en el país.
El regimen apostaba a que, como casi todo en este gobierno de la oscuridad, la verdad quedara oculta en la maraña de reservas de información.
Hoy se sabe que la empresa Chivo Walllet está en quiebra según los estados financieros publicados sobre la compañía, como parte del Informe sobre El Salvador del FMI, en el marco del nuevo acuerdo por $1,400 millones. La empresa presenta una deuda $6.79 millones superior a todos sus activos.
Para el ejercicio 2024, Chivo Wallet declaró una pérdida de $9.63 millones y posiblemente sea liquidada. Creada en 2021, la empresa financiada por fondos públicos provenientes de la autónoma CEL (Comisión Ejecutiva del Río Lempa) y de Bandesal (Banco de Desarrollo de El Salvador), jamás presentó sus balances financieros ante el Centro Nacional de Registros, obligatorio para toda empresa.
Crisis y desenlaces
Poco parece tener que ver la “crisis Chivo Wallet” con un albergue de animales en condiciones deplorables de abandono, pero en este país sujeto a un centralismo asfixiante del poder autocrático, nada es autónomo o independiente.
Reiteradas denuncias ciudadanas que dejaban al desnudo el maltrato animal en el refugio municipal de Ilopango, municipio de San Salvador Este, gobernado por Nuevas Ideas, desataron una crisis cuya magnitud no debe ser subestimada.
La movilización y denuncia ciudadana provocó que un problema local adquiriese dimensión nacional, escandalizando no solo a quienes suelen tener una mirada crítica ante el régimen autoritario, sino incluso a seguidores del gobierno. La crisis se había desatado. El eslabón débil empieza a ceder.
El régimen se apresuró a intentar neutralizar la crisis antes que se extendiese a otras áreas de evidente insatisfacción popular. Aprovechó la ocasión para soltar lastres financieros, herencia de su primera gestión, a la base de los problemas actuales.
El presidente aprovechó para quitar de las cuentas del Estado el peso de estructuras que le sirvieron inicialmente como propaganda para sostener una “imagen progre y milenial”, sensiblera y superficial, muy a gusto de ciertas clases medias, pero de dudosa utilidad en el cuidado adecuado de mascotas, muy a pesar de los innumerables vehículos con logotipos modernos, inundación en redes sociales con videos bien logrados y muchas maquetas. Buscaban de manera oportunista atraer a nuevas generaciones, preocupadas por temas sentidos como la protección animal.
La incapacidad para seguir financiando estructuras como el Instituto de Bienestar Animal, la unidad de protección animal llamada PoliPet, o algunas surgidas para justificar la participación estatal en el Bitcoin, como ChivoPet, una instancia pública veterinaria, supuestamente financiada por recursos generados desde los fondos BTC, ofreció la oportunidad para aparecer en toda su dimensión autocrática, con un lenguaje de “protector del pueblo” y de quien escucha su clamor, sacrificándose por la ciudadanía. Ordena el cierre de todas esas instancias, y el despido de todo el personal, la expulsión de su partido del alcalde José Chicas, y “sugiere” al concejo municipal remover al funcionario electo.
Como si de una orden militar se tratara en pocas horas se destituye al alcalde en una reunión de emergencia, sin que se justifique legalmente la acción, y se elige un sustituto temporal.
El primo del presidente y responsable de Nuevas ideas, no tardó en emitir un comunicado anunciando la expulsión partidaria. Por su parte, el propio presidente, explicaba que no podía pedir el procesamiento legal, dejando así de lado medidas que, de haberse tratado de algún opositor, hubieran significado captura por la fuerza pública y escarnio ante los medios.
Horas después, el presidente dio marcha atrás en el cierre de ChivoPet, aunque el gobierno debe liquidar la empresa Chivo, que incluye Chivo Wallet, y finalizar su participación en el proyecto Bitcoin, como parte del acuerdo con el FMI.
La corrupción anida en la autocracia
El clientelismo y la corrupción prospera en los estados autocráticos como El Salvador a partir de su imprevisibilidad, falta de reglas, inexistencia de seguridad jurídica y ausencia de Estado de Derecho. El resultado es que la vida de amplias mayorías populares se deteriora a diario.
Mientras crece la pobreza y la desigualdad, se afecta generaciones que serán víctimas de precaria educación, falta de oportunidades, malos servicios de salud e inadecuada alimentación. Tampoco las generaciones que ya deberían jubilarse están en condiciones de poder hacerlo, gracias a un gobierno que mes a mes retira fondos que no le pertenecen y los utiliza para pagar deuda o para gastos corrientes.
Según el BCR hasta enero de 2025, el ministerio de Hacienda ha tomado prestado del sistema previsional de pensiones un total de $2,176 millones, lo que representa un aumento de $46 millones en comparación con el cierre de 2024, cuando el monto ascendía a $2,130 millones. El total de deuda es de $10,572 millones. Desde la reforma de diciembre de 2022, el Gobierno tomó recursos del Fondo de Pensiones equivalentes al 80% de todas las cotizaciones, entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2024. Eso, según especialistas, pone en duda la sostenibilidad del sistema.
Según el equipo del FMI que analizó el acuerdo con El Salvador, la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se agotará alrededor del 2027 como consecuencia de la reforma de pensiones vigente desde enero de 2023. La CGS es el fondo con el que se pagan las jubilaciones cuando se agotan los saldos de las cuentas individuales de los pensionados. Todo trabajador aporta el 6% de su salario a dicha cuenta.
Los masivos despidos de empleados públicos, en cumplimiento de obligaciones con el FMI, y la muy baja creación de empleos en el sector privado, agravan la situación de los fondos de pensiones. Por eso, advierten que será necesaria una nueva reforma de pensiones, que incluya medidas para captar más fondos para la CGS; entre ellas puede figurar el aumento de la edad de jubilación o de los años cotizados, hasta entre tres y cinco años. La propuesta debe ser presentada en febrero de 2026.
Sin comida en los hospitales
Entre los muchos aspectos que subrayan el deterioro de las condiciones de vida de la población suele destacar la calamitosa situación del sistema de salud pública y el del Seguro Social. Empleados del hospital de emergencias del ISSS de Zacatecoluca, denunciaron el 2 de marzo que el servicio de alimentación para pacientes ha sido suspendido, causando el cierre de la sala de hospitalización y obligando a la referencia masiva de pacientes a otros centros médicos.
La empresa proveedora de alimentos dejó de ofrecer el servicio a finales de febrero, por eso no se aceptan nuevos pacientes en internación. Paradójicamente, en el mes de la Mujer, en este centro hospitalario, las embarazadas solo son atendidas en caso de estar en trabajo de parto y luego referidas a otros centros.
Las enseñanzas
La rapidez en el desarrollo de acontecimientos como los sucedidos en el municipio de San Salvador Este, que termina afectando a todo el país, nos permite extraer algunas lecciones. La primera es que las condiciones de ingobernabilidad son más profundas de lo que aparentan. La propaganda del régimen da a entender que mantiene un control total sobre la población. Los hechos de protesta y resistencia popular que se van acumulando, demuestran las enormes dificultades del régimen para prevenir estallidos, y que su propia base social empieza a estar en disputa.
Otra lección la encontramos en las mismas redes sociales, antiguo feudo inexpugnable del bukelismo, y que hoy empieza a mostrar no solo una importante presencia crítica, sino que señala una característica del pueblo salvadoreño; de la misma manera y con igual rapidez con que eleva a los altares del poder a un individuo, y le entrega su confianza casi incondicional, el día que esa fe es traicionada y expuesta la forma en que el pueblo ha sido manipulado, esa misma sociedad pedirá con energía la cabeza del funcionario al que rendía pleitesía.
Sucede hoy a nivel municipal, y todavía los dedos no apuntan al verdadero culpable, aquel que ha desmantelado los aparatos municipales, violado su autonomía y asfixiado sus recursos, centralizando el poder de manera inconstitucional. Por ahora, el máximo responsable logra desviar la atención como en la historia de aquel ladrón que gritaba: ¡Al ladrón! ¡Al ladrón!
Pero se acerca el día que los dedos apuntarán en la dirección correcta y ya la palabra presidencial será justamente valorada por su insignificante credibilidad. Para esas situaciones el régimen ha dedicado ingentes recursos a fortalecer una fuerza armada con vocación represiva y lealtad absoluta al dictador.
El pueblo está demostrando su hartazgo. Los tiempos se aceleran. La cuenta atrás de este régimen ha empezado y la crisis se sigue profundizando. Parece que el futuro del gobierno tiene tanto valor como su palabra, esa palabra en la que ya nadie, o casi nadie, cree.
