A medida que el régimen salvadoreño se deteriora, las contradicciones se profundizan y multiplican. Aumentan las dificultades para sostener el descomunal endeudamiento del Estado, que enriquece a las élites en el poder a costa de la miseria de las mayorías populares.
En consonancia con sus alter-ego ideológicos que acaban de irrumpir en la Casa Blanca, el gobierno sostiene un rumbo cada vez más firme hacia la extrema derecha intolerante; mucho más autoritario, si cabe. No se trata solo de servilismo o comunión ideológica, es un innato instinto de supervivencia.
Creen que sólo resultando de utilidad al imperio podrían asegurar su permanencia si la protesta popular y la organización social se mantiene, crece y se desborda. Los síntomas, aunque incipientes, están allí.
Desprecio al pueblo
El domingo 9 de febrero se realizó la enésima concentración popular contra el retorno de la minería metálica a El Salvador. Fue una convocatoria promovida desde diversos sectores sociales, organizados en torno a múltiples reivindicaciones. Jóvenes, ambientalistas, universitarios, activistas culturales, comunidades religiosas de diversas confesiones, se reunieron frente a la Biblioteca Nacional que, de ícono del bukelismo, que pretendió convertirla en centro de ocio, turismo y videojuegos, devino punto de concentración de protestas populares contra las políticas del régimen.
El intento del usurpador de ridiculizar la concentración manipulando imágenes, llevando drones a alturas descomunales para hacer creer que cualquier manifestación es pequeña si cuestiona su mandato, solo reveló una vez más el poco respeto que tiene a cualquier expresión popular si esta lo desafía. Desprecia al pueblo, ganándose con ello su desprecio. También es una señal de temor. Evadiendo la justa razón de la concentración, adjudicó lo que él consideró baja asistencia, a la eliminación de fondos de USAID.
Olvida que los recortes a la cooperación estadounidense, que según la propaganda oficialista afectaría a la oposición porque limitaría su capacidad para organizar protestas, ha revelado desde los mismos archivos estadounidenses, la millonaria malversación de fondos de esa agencia por parte de sectores de derecha vinculados a la oposición venezolana, incluyendo en El Salvador algunos de sus más cercanos colaboradores, personajes de la extrema derecha de aquel país como Lester Toledo y Sarah Hanna, parte del gabinete en las sombras del dictador salvadoreño.
Aunque el oficialismo sueña con ver “desaparecer” por asfixia financiera a quienes critican y denuncian sus políticas reaccionarias, olvida que en El Salvador, las causas de las luchas son genuinas, no dependen de fondos externos sino de la organización consciente, social y popular y, en todo caso, de la solidaridad pueblo a pueblo, aquella que no condiciona jamás las luchas, como suelen hacerlo en cambio las agencias gubernamentales de cooperación.
La falta de respuestas oficiales a las necesidades de la población, la masiva expulsión de empleados públicos, la violación permanente de derechos humanos, la muerte de mujeres, niños y hombres en las cárceles del régimen, el aplastamiento del Estado de Derecho, el desprecio por la Constitución y las leyes, la actitud servil y vendepatria demostrada ante emisarios imperiales, como el FMI y el Secretario de Estado Rubio, no son inventos de una “maligna oposición”; son la muestra de un gobierno desquiciado, que reúne en tertulias palaciegas a la crema y nata de empresarios millonarios de la región, mientras mata de hambre a un pueblo sujeto a violencia institucionalizada, marginándolo a la pobreza extrema.
Mientras tanto, sus socios oligárquicos se enriquecen como siempre. Como el empresario Carlos Calleja, presidente del Grupo Calleja, quien no deja de inaugurar o renovar supermercados en el país, o continuar su expansión en el continente. Si ya tenía la mayoría accionaria de supermercados del Grupo Éxito, en Colombia, ahora fortalece su apuesta en Uruguay con una inversión de $35 millones. El conglomerado salvadoreño es ya el accionista mayoritario de Grupo Disco Uruguay.
Mientras Calleja se expande, le permite al aprendiz de oligarca colocar en sus supermercados los lacteos que de pronto empezó a producir, del mismo modo sorpresivo con que hace pocos meses comenzó a poblar el aeropuerto de El Salvador con su marca de café presidencial, utilizando los espacios del Estado al servicio de los negocios familiares.
Cortinas de humo para recuperar la iniciativa
Desde que inició la usurpación presidencial, el 1 de junio de 2024, el cuestionamiento a las políticas oficiales cada vez más anti-populares, ha crecido exponencialmente, reflejándose en caídas en la aprobación del mandatario.
Por eso las cortinas de humo se suceden. No todas resultan exitosas. La encuesta de urgencia de una casa reconocida por sus “estudios de opinión” siempre favorables al presidente, que aparecen cada vez que otras casas, serias, que no se venden al mejor postor, muestran datos desfavorables, resultó esta vez un esfuerzo fallido.
La encuesta, elaborada contrarreloj, mostraba a Bukele con la más alta popularidad mundial. De su credibilidad habla el hecho que solo fue retomada por la prensa estatal gestionada desde CAPRES, las habituales granjas de bots, también gestionadas desde el aparato de propaganda estatal, y algunos medios muy inclinados a la línea oficial. Hasta en esos medios, la información no se sostuvo ni 24 horas.
Al mismo tiempo, sus diputados, que ya habían destrozado la Constitución al imponer una metodología de reforma constitucional que la viola en forma y en espíritu, ocultaron el fondo de la cuestión, que era transformar en los hechos la Carta Magna en una intrascendente ley secundaria, haciendo mucho ruido con la eliminación de la deuda política a los partidos, intentando reflotar a su favor aquel relato de la crisis del sistema de partidos y el agotamiento de los mismos.
Abren con sus acciones una caja de Pandora. Ya no hay en el país seguridad jurídica. Tarde o temprano, esto será otra causa del hundimiento de este régimen oprobioso, no solo por el hartazgo del pueblo ante tanto cinismo sino también por la falta absoluta de inversiones extranjeras productivas.
Finalmente, ante las protestas que no cesan y ante la resistencia anti-minería, las denuncias en materia de DDHH y las presiones de organismos internacionales, el régimen recurre a la represión preventiva, para recuperar la iniciativa política perdida, y neutralizar el desprestigio resultante del paso de Marco Rubio por el país, que dejó a Bukele retratado como alguien sin interés alguno por la suerte de la diáspora.
Lanzan entonces su “guerra contra la corrupción”. No se trata de la lucha contra los corruptos del gobierno y los socios del clan familiar, reconocidos dentro y fuera del país, tampoco de revivir las investigaciones de la CICIES, los desfalcos escudados en la pandemia, o el salto millonario de la familia presidencial convertida en terrateniente, explotadora inmobiliaria del Centro Histórico de San Salvador y de centros turísticos de playas, lagos y volcanes. Quieren mantener la narrativa de que todos los anteriores eran malvados y solo queda seguir apoyando al régimen inconstitucional.
Así se da la detención esta semana del ex magistrado del TSE, Eugenio Chicas. Al mismo tiempo, se reanudan las acciones de la Fiscalía contra los ambientalistas de Santa Marta y se reabren casos como el de la Hacienda La Floresta, de San Juan Opico, con la detención el pasado 9 de febrero, de dos líderes comunitarios, Alejandra Cañas y Medardo Rodríguez, que exigen el respeto de sus territorios.
Hablando de corrupción, se conoció el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, de Transparencia Internacional. El Salvador obtuvo 30 puntos de 100 posibles, donde 0 representa alto nivel de corrupción y 100 corresponde a niveles bajos. El país perdió un punto respecto de 2023 (lo que significa aumento de percepción de corrupción), y representa 12 puntos menos del promedio regional, que es de 42.
Tropiezos que se acumulan
En El Salvador real, sindicalistas del magisterio que traicionaron a sus bases para reunirse con el gobierno e intentar boicotear la marcha del 19 de octubre, se quejan hoy de que ya no los convocan. Fueron útiles a la patronal a cambio de un aumento salarial de 12 centavos de dólar por día, que tuvieron la desfachatez de presentar como un logro, cuando sabían del recorte de $108 millones al Ministerio de Educación. Más de 30 escuelas han sido cerradas, los paquetes de útiles escolares llegan incompletos, y al menos 500 alumnos están recibiendo clases en carpas, porque no hay condiciones para ofrecerles un aula.
En materia de persecución sindical, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su reciente Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, instó al gobierno salvadoreño a poner fin a los actos de violencia, persecución y encarcelamiento de personas y organizaciones sindicales. La OIT mostró su preocupación por las capturas de tres sindicalistas y la muerte bajo custodia de dos de ellos, en el contexto del régimen de excepción. Le recordó al gobierno “que las medidas de arresto y de detención de dirigentes sindicales y sindicalistas por ejercer actividades sindicales legítimas constituyen un grave entorpecimiento de sus derechos y violan la libertad sindical”.
Siguen los retrasos en las cirugías en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), donde más de 1,800 cirugías se han retrasado en los últimos meses en varios hospitales de la red de la institución, el último de ellos el Hospital Regional de Santa Ana, donde se han suspendido las cirugías electivas de ortopedia, según denunció el Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSS), que también denuncia retrasos en cirugía oftalmológica, ortopédica, y general.
El doctor Rafael Aguirre, secretario general de SIMETRISSS recordó que en diciembre del año pasado, las cirugías electivas se suspendieron en los hospitales del tercer nivel del Seguro Social: General, Médico Quirúrgico y 1° de Mayo y que esto se ha extendido a otros centros de atención de la institución.
En materia de infancia, juventud y adolescencia, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas penales con las que avaló que los menores de edad procesados, o que resulten condenados por delitos relacionados con crimen organizado, sean recluidos en centro penales de adultos, aunque en sectores separados.
Aunque la Sala de lo Civil propuso a la Comisión crear un plan de separación de jóvenes de entre los 18 a 21 años con rehabilitación, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro, alegó que los planes de reinserción social son para jóvenes con delitos comunes, no para los del crimen organizado.
Y siempre en temas de juventud, de acuerdo al rector de la Universidad de El Salvador (UES), Juan Rosa Quintanilla, el año pasado el centro de estudios recibió cerca de 20,000 solicitudes de inscripción de nuevo ingreso. Sin embargo, para 2025, solo se registran 15,000 aspirantes. Entre los factores que podrían estar influyendo, el rector mencionó la situación económica de los hogares, que dificulta el acceso a la educación, la falta de recursos tecnológicos y la necesidad de muchos jóvenes de trabajar para ayudar en el hogar, en lugar de continuar estudiando.
Así va el país en este inicio de año, con un gobierno cada vez más orientado a políticas elitistas y de extrema derecha. Con un pueblo olvidado por el gobierno y dejado a su suerte. Reforzar la organización popular parece la forma más adecuada para hacer realidad aquel dicho que reza que “solo el pueblo salva al pueblo”.
